El caso José Luis Camarillo

Escribo estas líneas con carácter de urgente para aportar algunos elementos a la reflexión y el análisis en torno a la detención arbitraria de que fue objeto el fotoperiodista José Luis Camarillo, de Uniradio Tijuana, el pasado 23 de agosto de 2013, mientras cubría un desalojo de viviendas ejecutado por la policía municipal de Tijuana.

Raúl Ramírez Baena*

A manera de broma, le decía hoy a Camarillo que íbamos a promoverlo al Récord Guiness por el número de veces que ha sido detenido y golpeado por autoridades, incluso, de los Estados Unidos, al realizar su trabajo periodístico (una raya más al tigre).

Indudablemente que esto es un atentado a la libertad de expresión. Pero mal haríamos si lo consideramos un hecho aislado, peor aún, que se resuelva sólo con el despido de los policías que lo agraviaron, con un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana o con una reunión entre José Luis y el jefe policíaco Jesús Alberto Capella Ibarra. Vamos, ni siquiera con la disculpa pública o la reparación económica del daño se puede dar por concluido el asunto.

Lo sucedido a Camarillo es nada en comparación con la actuación diaria de las policías preventivas en investigadoras en el estado. El asunto va en dos sentidos:

Primero, este caso denota la falta de capacitación de las policías municipales en materia de derechos humanos: No hay protocolos de actuación claros y precisos respecto a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, protección a la integridad personal de los detenidos, prevención de la detención arbitraria y la tortura, no discriminación y respeto al debido proceso (lectura de derechos, traslado, etc.).

Esto es muy importante porque en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cobra especial importancia la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y sujetas a proceso, porque si la defensa comprueba abusos e irregularidades desde la detención, los detenidos podrán salir en libertad sin entrar siquiera al fondo del asunto, en perjuicio de los derechos de las víctimas, provocando así una indeseada impunidad.

El problema radica en que en las academias de policía, tanto en la Academia Estatal de Policía del Estado (AEP) ubicada en Tecate, como en las academias municipales, no capacitan debidamente a las policías en estos temas, que forman parte de las nuevas obligaciones y deberes de todas las autoridades a partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011.

Si ustedes preguntan a los policías si “derechos humanos defiende delincuentes”, casi todos responden afirmativamente. Entonces, ¿qué les enseñan en esa materia? Todo ello, a pesar de que la AEP recibió recientemente la certificación Calea, así como la Policía Estatal Preventiva y el llamado C-4, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El segundo aspecto radica en que los cadetes que acuden a la AEP en Tecate a formarse para integrarse a las corporaciones estatales y municipales, son capacitados, principalmente, por elementos militares que les enseñan tácticas de control de detenidos, práctica de tiro, etc., anteponiendo la fuerza en el trato de las personas.

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Momento en que el fotoperiodista José Luis Camarillo es agredido por los policías.

Adicionalmente, los cadetes (municipales, estatales, ministeriales y custodios) se quejan sin externarlo a la opinión pública por temor a recibir sanciones, de graves violaciones a sus derechos humanos durante su formación en la AEP en Tecate.

Es así que cuando terminan su instrucción y se integran a las corporaciones, no conocen los protocolos y los principios que sustentan el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, contenidos en las Reforma Constitucionales Penal (2008) y en materia de Derechos Humanos (2011), y actúan en consecuencia con los resultados vistos.

Las y los agentes policíacos no tienen claro el concepto de “prevención” de los delitos; como nadie los capacita en esto, creen que pueden asegurar en la vía pública a cualquier persona sólo por su aspecto o por actitud sospechosa, porque “qué tal si van a robar” o, en el caso de Camarillo, supuestamente por interferir contra actos de autoridad, desconociendo el derecho de las y los periodistas a ejercer la Libertad de Expresión.

Si a lo anterior le sumamos el desconocimiento (o menosprecio) de los derechos humanos de las propias autoridades y jefes policíacos, entonces podemos entender lo anterior, o acciones del tipo “limpieza social” con operativos en contra de personas pertenecientes a los llamados Grupos Vulnerables. Ello explica, por ejemplo, el reciente desalojo de migrantes, indigentes y adictos en el Bordo en Tijuana, operativos sin visión social.

En resumen, el problema de los agravios a periodistas y a la población en general –sobre todo vulnerable-, debe abordarse desde una perspectiva estructural en materia de Seguridad Pública (prevención e investigación de los delitos).

Es importante iniciar un proceso para una Reforma Policial Democrática en el Estado, en el que la sociedad civil, incluidos los periodistas, tenga injerencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas en materia de Seguridad, que hoy no se da. Que no se deje todo a las autoridades civiles y militares y al sector empresarial (que defiende sus propios intereses), desde el Grupo de Coordinación y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y que el tema se abra a la Participación Ciudadana efectiva, no simulada como ha sido hasta hoy, bajo el principio de que la política es “pública” en la medida en que hay verdadera participación ciudadana.

Aquí hay material de sobra a resolver por las próximas autoridades estatales y municipales y legisladoras/es que pronto ocuparán los nuevos cargos en la entidad.

Un fuerte abrazo,

RAÚL RAMÍREZ BAENA

Director

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

*Carta fechada el sábado 24 de agosto de 2013 y enviada a los medios de comunicación.

 Injustificable la agresión de periodista de Tijuana: FUNDALEX BC

*Se exigen resultados al alcalde Bustamante y congruencia a Capella. *Se pide al alcalde y gobernador electos fijen su postura sobre ejercicio periodístico

Lindero Norte

Tijuana, 24 de agosto.- El periodista José Luis Camarillo fue sometido por tres policías municipales cuando realizaba la cobertura del desalojo de cuatro familias del Arroyo Alamar de Tijuana durante la mañana del viernes 23 de agosto.

gremio periodistas
La Asociación de Fotógrafos de Prensa de Tijuana condenó la agresión de que fue víctima José Luis Camarillo.
El presidente de AFPAC, Ramón Hurtado y su vicepresidente, Noé Chávez, afirmaron que José Luis Camarillo Tellez, cuenta con el respaldo de la agrupación para proceder legalmente.

 Los policías lo increparon y trataron de arrebatarle la cámara fotográfica, la grabadora y sus aparatos de comunicación, hasta que uno de los agentes le aplicó, por la espalda, una llave china para someterlo.

 Después, Camarillo estuvo 30 minutos en calidad de detenido en una celda municipal bajo el supuesto de obstruir la acción de la justicia.

Después lo dejaron libre.  Así, sin mayor explicación.

Este incidente no aparece, como muchos incidentes delictivos en el parte informativo de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal, aunque por la tarde del viernes se emitió un comunicado tratando de justificar la agresión.

En el documento, el titular de la SSPM, Alberto Capella, sostiene que en este “incidente” la “presencia de oficiales de la Dirección General de Policía y Tránsito tuvo como propósito proteger la integridad física de quienes ejecutaban el ordenamiento así como de otras personas, ante la presencia de maquinaria pesada”.

Señala que los policías municipales le indicaron a los periodistas que, por su propia seguridad, se mantuviera fuera del área de trabajo.

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Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

“Posiblemente en su afán de imprimir fotografías de mayor interés rebasó el límite establecido y motivó la intervención de los oficiales. Los demás periodistas acataron la advertencia y no tuvieron ningún problema para llevar a cabo su labor”.

La Fundación para la Libertad de Expresión condena la estulticia de las autoridades que justifican la agresión y además lanzan una advertencia velada de lo que podría pasar si los reporteros, camarografo y fotógrafos no acatan las instrucciones de policías.

De manera oficial, el gobierno de Carlos Bustamante señaló que la presencia de los policías fue para proteger a quienes realizaron el desalojo y otras personas sin especificar.

La FUNDALEX precisa que ninguna agresión ni detención fuera de la ley se justifican y el simple hecho de pretender hacerlo documenta la calidad de los servidores públicos.

En el caso de Capella, señaló Antonio Heras presidente del capítulo Baja California de esta fundación, esta muy lejos de ser aquella persona que presidio el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de Baja California cuando contó con el apoyo de empresarios tijuanenses y del gobernador Eugenio Elorduy.

El señor Carlos Bustamante esta obligado a presentar una disculpa publica al comunicador, toda vez que la corporación policíaca detuvo en barandilla a Camarillo por realizar su trabajo y lo dejo libre sin mayor explicación.

Al titular de la SSPM le exigimos de a conocer la identidad de los agentes que agredieron al reportero y del mando superior que ordeno la acción injusta, ilegal e irracional.

fundalex-okA la Sindicatura se le pide una investigación clara y exhaustiva sobre este ilícito cometido por policías municipales y fije una fecha perenotoria para dar a conocer los resultados y no herede un problema generado por servidores públicos del XX Ayuntamiento.

A la administración del alcalde electo de Tijuana Jorge Astiazarán y del gobernador electo Francisco Vega les solicitamos fijen su postura sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico por considerar que es uno de los derechos fundamentales de la sociedad e implica una alta responsabilidad profesional sujeta al Estado de Derecho.