El Legislativo de BC no armoniza las leyes del estado con la Reforma Constitucional en Derechos Humanos

Nuestra ONG está comprometida con una campaña nacional para ARMONIZAR las legislaciones locales con la REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS del 10 de junio de 2011, Reforma que es de gran avanzada y, sobre todo, un logro de la sociedad civil organizada a partir de la Sentencia Rosendo Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que crea nuevas obligaciones y deberes para TODAS las autoridades, además de elevar los derechos humanos y los tratados internacionales a rango constitucional.

Ello obliga a todas las entidades federativas a homologar estos trascendentales cambios.

Para promover esto, es necesario el concurso de los medios de comunicación, por lo que mucho les agradecería, si no tienen inconveniente, publicar el documento que les anexo.

Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

 HOMOLOGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Oportunidad para la democracia

El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS que representa, después de la promulgación de la Constitución del 05 de febrero de 1917, el avance democrático más importante para la nación.

A más de dos años de la Reforma, poco se ha avanzado en las entidades federativas, tanto para armonizar las legislaciones locales con el nuevo mandato constitucional, para capacitar y sensibilizar a los servidores públicos y la sociedad civil y, lo más importante, para aplicar en todas las áreas de la administración pública las obligaciones y deberes que adquieren todas las autoridades con la Reforma, como garantes de los derechos humanos.

RETEN MILITAR 1En Baja California, los trabajos de armonización de la Constitución local y de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos, han correspondido a la actual XX Legislatura, la que, lejos de cumplir con esa responsabilidad, motivada quizá por factores político-electorales, ideológicos y de otra índole, ha sido omisa y ha dejado pasar una oportunidad histórica de involucrar a los Poderes Ejecutivo y Judicial estatales, a los ayuntamientos, a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general, en este importante proceso de alcance nacional.

Lo anterior es preocupante porque en Baja California se han registrado por los organismos públicos y privados de derechos humanos, múltiples casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, en la modalidad de violaciones al debido proceso, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, que no han sido esclarecidas, así como graves omisiones para la satisfacción plena de los derechos laborales, a la educación, salud, vivienda, recreación y cultura, seguridad social y servicios indispensables para la sociedad.

Tampoco se observan políticas públicas efectivas dirigidas a prevenir y sancionar la violencia de género y los actos de discriminación en contra de los grupos vulnerables en la entidad: migrantes, indígenas, menores, adictos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, trabajadoras sexuales, excluidos del desarrollo y otros.

Por ello, las organizaciones firmantes hacemos desde ahora un respetuoso llamado a las diputadas y a los diputados que a partir de octubre del presente año integrarán la XXI Legislatura de Baja California, para que cumplan con la obligación de armonizar la legislación local con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, incluida la reforma destinada a reforzar la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, para contribuir eficazmente al respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas que viven en la entidad y transitan por ella.

Atentamente: Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., y el instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.