La rectoría de la UABC, en desacato a orden de juez federal que le obliga dar espacio en aulas a estudiantes de primer ingreso

No se permite su admisión debido a que ya no hay cupo, dice el abogado de la institución pública.

A los Cuatro Vientos / UABC

Mexicali, B.C. a jueves 8 de agosto de 2013.- La oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dio a conocer que debido a la carencia de espacios físicos en las aulas asignadas a los alumnos del primer semestre del ciclo escolar 2013-2 y 2014-1, no es posible cumplir con la demanda de amparo interpuesta por 7 aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios

En su comunicado de prensa el abogado -Rubén Castro Pérez- informa que el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado, otorgó a los jóvenes la suspensión provisional para que se permitiera “…asistir a sus clases de manera regular al primer semestre de educación superior en el presente periodo escolar (agosto) o en el inmediato posterior (febrero), según los espacios disponibles en los salones de clase, en la forma y términos a que todo alumno tiene derecho y a recibir la educación que se imparte en la Universidad Autónoma de Baja California…”, siendo esta condicionante la que no permite su ingreso debido a que «ya no hay cupo».

También se informa que en un inicio fueron diez los aspirantes que promovieron la demanda de amparo en contra del Consejo Universitario, el Rector y el Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC, sin embargo, tres de ellos optaron por responder a la convocatoria de reubicación de carrera profesional que emitió la Universidad y sus solicitudes fueron aceptadas, por lo que a la fecha están incorporados como alumnos regulares.

El abogado de la UABC destaca en su comunicado que la UABC se ha esforzado para lograr ser la universidad pública que más alumnos recibe a nivel nacional y que el crecimiento de su matrícula es del 127% entre el 2002 y 2012, lo que reafirma el compromiso por ofrecer una educación de calidad al mayor número posible de estudiantes, acorde al eficiente manejo de sus recursos humanos, físicos y financieros.

42 jóvenes de BC se amparan para ingresar a universidad

Estudiantes que no lograron un espacio en la Universidad Autónoma de Baja California lograron una suspensión de amparo para ingresar a la institución; las autoridades escolares afirman que no hay cupo y no han publicado resultados de los exámenes de admisión.

Francisco Sandoval Alarcón / animalpolitico.com

Los jóvenes bajacalifornianos, en los juzgados (Foto: Cortesía)
Los jóvenes bajacalifornianos, en los juzgados (Foto: Cortesía)

Agosto 8, 2013.- Atenea ha soñado desde niña convertirse en dentista. Desde que veía a su padre vestido con la bata blanca de médico y a su tío caminar por su consultorio dental, aquella niña de ojos claros sólo tenía en mente estudiar la carrera de odontología.
Fue por eso que meses antes de graduarse de la preparatoria no pensó mucho para solicitar su ingreso a la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de Mexicali, donde actualmente radica.

“Siempre me ha fascinado el mundo de la salud y estudiar odontología era un sueño”, dice Atenea Cervantes en el teléfono.

Por espacio de ocho meses la joven se preparó para presentar el examen de admisión. Estudió lo más que pudo y tomó un curso. En abril de 2013, faltando dos meses para la prueba, le informaron que ésta sería cambiada por una nueva. Por primera vez la UABC aplicaría el examen del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (Ceneval), para suplir el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) que regularmente aplicaban. Una especie de alerta interna se encendió en Atenea y parte de los poco más de 30 mil aspirantes que solicitaron  su ingreso a la UABC para el segundo semestre de 2013. Todo lo que habían estudiado hasta ese momento dio un giro de 180 grados y algunos tenían serias dudas sobre las preguntas que les plantearían.

La mañana del domingo 14 de julio una sensación de impotencia invadió a  Atenea, quien ese día se enteró -por la lista de ingresos oficiales publicados por la UABC, en los que se omitió la puntuación final del examen formulado a los aspirantes- que ella y otros 13 mil jóvenes recién egresados de preparatoria no habían obtenido un lugar en la universidad pública bajacaliforniana.

Fue el apoyo de sus padres y familia lo que le permitió a la joven sortear la amarga noticia, quien inconforme con la decisión de las autoridades universitarias acudió a las oficinas de la institución para solicitar los motivos de su rechazo. Como respuesta a la solicitud, le entregaron un post-it donde le escribieron con plumón la  puntuación del examen pero ningún argumento oficial o cifra umbral para no admitirla.

Decidida a obtener un lugar en la carrera de sus sueños, Atenea y otros 41 jóvenes que como ella no tuvieron cabida en las carreras de medicina, odontología, derecho, diseño gráfico y deportes, entre otras, solicitaron a un juez federal un amparo para ocupar un espacio en la UABC y continuar con sus estudios, el cual les fue otorgado provisionalmente en tanto se resuelve el asunto de fondo. Los argumentos principales: haberles cambiado el examen y falta de transparencia en los resultados de admisión.

Fue así como el miércoles 7 agosto, el juez décimo cuarto de distrito le otorgó a Atenea y otros nueve estudiantes la suspensión definitiva de amparo, mientras que el juez décimo segundo, con sede en Baja California, les concedió la suspensión provisional a otros 32 jóvenes.  En sus respectivas resoluciones los jueces ordenaron al rector de la UABC, Felipe Cuamea, así como al coordinador de Servicios Estudiantiles, Ángel Norzagary, la admisión de los jóvenes estudiantes en el presente periodo escolar –agosto- o en el inmediato posterior –febrero-, “según los espacios disponibles en los salones de clases, en la forma y términos a que todo alumno tiene derecho”.

Los alumnos de la UABC, según Comunicación Social de la UABC (Foto: Universidad Autónoma de Baja California)
Los alumnos de la UABC, según Comunicación Social de la UABC (Foto: Universidad Autónoma de Baja California)

Martín Castillo es uno de los 10 jóvenes que obtuvo la suspensión definitiva de amparo para ingresar a la facultad de odontología. Al igual que Atenea, desde muy pequeño anhelaba con convertirse en dentista y finalizar una carrera universitaria. Tal vez porque su madre y tía son asistentes dentales y porque se trata del primer integrante de la familia que aspira a una carrera profesional.

Fue por eso que cuando el pasado 20 de julio el juez le concedió la suspensión provisional, el joven acudió casi de manera inmediata con las autoridades universitarias para informarles de la resolución judicial.

Junto con sus compañeros estudiantes, Martín se dirigió hasta las oficinas del Coordinador de Servicios Estudiantes de la UABC, Ángel Norzagaray, quien lejos de entablar un dialogo con ellos, los ignoró.  Según Martín, cuando los jóvenes intentaron entregarle el documento en el que el Juez Federal ordenaba el ingreso de todos ellos, Norzagaray les dijo que era más entretenido leer el libro que en esos momentos tenía en su escritorio que el ordenamiento judicial.

“Me pareció una falta de respeto de su parte. Prácticamente nos ignoró”, dice Martín al ser entrevistado telefónicamente.

A poco más de dos semanas de iniciados los cursos de inducción en la UABC para los alumnos de nuevo ingreso, ninguno de los jóvenes amparados ha podido ocupar un espacio en las aulas universitarias porque sus autoridades no lo han permitido, sostiene Daniel Solorio, abogado de los jóvenes estudiantes.

“Se han negado a acatar la resolución de los jueces por lo que ya está en trámite el incidente de desacato que, conforme al –artículo- 206 de la nueva Ley de Amparo, amerita de tres a nueve años de prisión”, indica el abogado.

Hugo Méndez Fierros, secretario de Imagen Institucional de la UABC, explicó que si bien los jueces han favorecido a estos jóvenes en sus resoluciones, lo cierto es que los juzgadores son claros al señalar que se les tendrá que dar un lugar siempre y cuando existan “espacios disponibles”.

“En los últimos años la UABC ha incrementado en más de un 100 por ciento su demanda de ingreso y lo cierto es que no tenemos más espacios disponibles”, advierte el funcionario universitario.

A pesar de los obstáculos, Atenea y Martín no pierden la esperanza de cumplir su sueño de ingresar a la universidad. Además de estar ilusionados en que se garantice el amparo y se les otorgue un cupo para este semestre, también quieren tener claridad cuáles fueron los criterios para la evaluación en la selección final. Ante la falta de publicación de los resultados de los exámenes de admisión, no queda claro cuál fue el razonamiento de exclusión de estos estudiantes.

http://www.animalpolitico.com/2013/08/42-jovenes-de-bc-se-amparan-para-ingresar-a-la-universidad/#ixzz2bPeSkFEk
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Notas de la redacción

ANGEL NORZAGARAY UABCEn febrero de este año, la Dirección de Control Gubernamental del Gobierno de Baja California determinó inhabilitar de la función pública al doctor Ángel Norzagaray Norzagaray (en la foto a la izquierda) por presuntamente cometer actos ilícitos durante su gestión como director general del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC).

La inhabilitación por seis meses al ex funcionario del ICBC se presentó luego de que el aparato de fiscalización del estado detectó que Norzagaray aumentó el sueldo en 2009 a 34 servidores públicos, los cuales no fueron aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto.

Norzagaray fue observado en los siguientes términos por el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS):

“A partir de enero de 2009 se realizó el incremento en el pago de compensación a 34 servidores públicos de diferentes niveles de responsabilidad de un total de 232 que integran la plantilla de personal, con la autorización del Director General de la Entidad, que implicó una erogación mensual de $ 281,762, de lo cual, no  obstante que se aprobó el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2009, donde se incluye el grupo de gastos 10000 de Servicios Personales, no se proporcionó la documentación que sustente la presentación ante la Junta de Gobierno para su autorización, de conformidad a lo establecido en los Artículos 61, Fracción X y 62, Fracción VI de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.

“De igual manera se incumplió en el pago de operaciones de renta del Centro Estatal de las Artes por un millón 113 mil 50 pesos, de las que ilegalmente eximió a particulares y entidades públicas”.

En esta segunda observación, el dictamen de la cuenta pública 2009 del ORFIS precisa que no existe constancia de 616 mil 750 pesos correspondientes a 27 eventos realizados por dependencias y entidades públicas ni de 446 mil 300 pesos por 15 eventos realizados por particulares, organismos e instituciones privadas o no gubernamentales.

Esto, manifestó el órgano fiscalizador, incumple con el Artículo 7 de la Ley del ICBC que establece que “no podrá eximir parcial ni totalmente del pago de los derechos y productos propios, a las dependencias y entidades públicas, ni tampoco a los particulares, organismos e instituciones privadas o no gubernamentales, a excepción de los casos que expresamente determine el Ejecutivo del Estado”.

NORZAGARAY-OSUNA MILLAN
El mandatario estatal (derecha) y el hoy funcionario universitario (Foto: internet)

Al referirse a la sanción impuesta por el ORFIS a través del Congreso de Baja California y la Dirección estatal de Control Gubernamental, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán manifestó que no hubo desvío de recursos en la administración de Ángel Norzagaray.

Textualmente dijo: “Sí hay una acción efectivamente por un trámite que se hizo de una aprobación de modificación de salario y que fue observada por el Órgano de Fiscalización del Estado, sin la autorización de la Junta de Gobierno, que luego se corrigió y lo autorizó la Junta de Gobierno, pero estaban en el presupuesto y no hay ninguna desviación de recursos”.

Por su parte, Norzagaray reveló en marzo pasado que solicitó un recurso de revocación a la orden de sanción que le impuso Control Gubernamental y dijo ser víctima de una campaña de desprestigio que presuntamente encabeza el periodista bajacaliforniano Antonio Heras.

Anterior a este caso, la Contraloría del Estado había sancionado a Norzagaray por contratar a su hermano en el ICBC sin contar con el aval de la Contraloría del Estado, de acuerdo a una excepción de la legislación vigente.

En aquella ocasión, la Contraloría le impuso como castigo una amonestación pública pese a ser un acto de nepotismo sancionado por la Ley estatal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

Luego de actuar como director del ICBC, Norzagaray renunció en 2010 para reintegrarse al cuerpo directivo de la UABC, bajo la rectoría del maestro Felipe Cuamea, como coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC, en donde hoy vuelve a ser noticia por su aparente maltrato a estudiantes con amparo por la negativa de la universidad de darles un espacio en las carreras de su predilección.