La Sala de Control Constitucional

Fue inútil. Esperé a que nuestros constitucionalistas o las agrupaciones de abogados dijeran algo significativo en torno a la creación de la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Desde luego que la importancia ameritaba pronunciamientos, críticas, evaluaciones. Pero no hubo nada que caliente la sangre y la indolencia continuó como marca de una sociedad que sólo sabe quejarse en privado pero no realizar aportes para influir en las decisiones públicas.

Jaime García Chávez/ A los Cuatro Vientos

Así las cosas, pocos saben que en breve estará funcionando una nueva institución, creada por supuesto a iniciativa del Ejecutivo que es, a la vez, el concentrador de la facultad de legislar por la ausencia de división de poderes en Chihuahua. El mismo decreto que promulga la reforma fue publicado unos cuantos días antes de las elecciones, para sacarlos de la información y eventualmente el escrutinio públicos. Un hecho más de una larga circunstancia de adormecimiento de una sociedad que parece aceptar masilenta todo lo que la convierte en una simple plastilina en manos del poder.

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El Congreso del Estado de Chihuahua reformó la Constitución para crear La Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia.

La nueva Sala del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) se llama de Control Constitucional, y se creó por reforma a la Constitución Local publicada el 29 de junio de 2013. Se puede señalar, a grandes rasgos, que tendrá como materia revisar las resoluciones de los incidentes que abran tanto jueces de primera instancia como salas unitarias –de oficio o a petición de parte– cuando se cuestione la constitucionalidad o convencionalidad de normas y, que en su caso, puedan resultar inaplicables. De entrada tiendo a pensar que atenderá privilegiadamente una temática que cae en el Derecho penal, e inexplicablemente no amplificada a todas las esferas del Derecho, pues la constitucionalidad, como es fácil entender, está o debe estar en todo. Ahí está una de la limitaciones de este reformismo.

La exposición de motivos signada por el gobernador y fundamento evidente de la reforma, resulta interesante en la medida en que ahí se contienen las opiniones que sirvieron de base a la reforma misma, particularmente las emitidas por la Suprema Corte de la Nación, a las que me referiré señalando las páginas de la iniciativa tal y como aparece en la página de internet del Congreso del Estado. Las razones que el Poder Ejecutivo dio en dicha exposición, aún cuando se sostenga que es un complemento y abono a un mayor control, uniformidad de criterios judiciales y certeza jurídica sobre la inaplicación de normas en su sentido más amplio, desde esta perspectiva es un instrumento de control constitucional local absoluto que se concentrará en la Sala de Control Constitucional, ya que no habrá criterio respecto a la inconstitucionalidad y, en su caso, inaplicación de normas ordenada por jueces de primera instancia o salas unitarias, que prevalezca sobre el emitido por dicho órgano de control,  sea confirmando, modificando o revocando las resoluciones incidentales que de oficio o a instancia de parte se sometan a su revisión, con excepción de las que se dicten por las salas colegiadas, cuyo control constitucional corresponde al Pleno del STJ. Las resoluciones de ambos órganos serán inatacables.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado de Chihuahua por los feminicidios (caso Campo Algodonero) cometidos en esta entidad.

La constitucionalidad de las reformas en lo que se refiere a tal competencia, se sostiene si se acepta que no se menoscaba la que en ese mismo sentido les otorgan a todos los jueces federales o locales los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal y de acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana (págs. 6 a 13 ); es decir, no se limita la facultad de los juzgadores para resolver incidentalmente en la causa o juicio correspondiente, sobre la constitucionalidad o no de normas y su inaplicación. Esta es la parte delicada de esta reforma y habrá qué ver su congruencia con nuestro Código Básico federal, es un punto nodal. Pero no hay que perder de vista que sus decisiones se someten ineludiblemente a revisión ante una instancia local superior especializada; esperemos que lo sea, advierto. Ahora bien, de la reforma al artículo 105 de la Constitución Local coincidente con la definición de norma, determinada en el articulo 2 fracción II de su ley reglamentaria, se entiende que la calificación de inconstitucionalidad puede incluir a cualquiera de las que contenidas en esa definición y de manera expresa a las que de cualquier forma restrinjan o violenten los derechos humanos de las personas.

El trámite en vía incidental se inicia dentro de los procedimientos ventilados ante juzgadores locales de primera o segunda instancia, ante su excitativa por la resolución dictada en el incidente, el titular de la Sala de Control Constitucional convocará para su colegiación a dos magistrados (uno penal y otro civil) y  el juicio principal continúa su trámite hasta la citación para sentencia, reanudándose una vez recibida la sentencia inatacable de la Sala. Trámite similar es el que se llevará a cabo cuando el incidente se inicie por una sala colegiada, obviamente distinta a la de Control, en cuyo caso será resuelta por el pleno del STJ.

Desde este punto de vista, destacan dos cuestiones a las que se debe prestar cuidadosa atención:

en primer lugar, el artículo 9 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución (Reglas de interpretación) estatuye que para apreciar la conformidad de las normas jurídicas con la Constitución General, con la Local o con los tratados internacionales, los jueces y magistrados atenderán a los siguientes criterios interpretativos: a) interpretación en sentido amplio: deberán interpretar el orden jurídico de conformidad con los derechos humanos contenidos en la Constitución General; b) cuando existan varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces y magistrados deberán, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquellas que hagan a la ley acorde con los derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, a fin de evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de tales derechos. Para completar esos criterios dispone en el artículo 10 (Inaplicación de las normas jurídicas): cuando ninguna de las interpretaciones anteriores sea posible, los jueces y magistrados decretarán la inaplicación de las normas jurídicas correspondientes, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.

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Marisela Escobedo, (extremo derecho), reclama la sentencia de los jueces que liberaron al asesino de su hija Rubí; meses después también ella sería asesinada,a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

 La lectura de los motivos en la parte en que se transcribe la opinión vinculante de la Suprema Corte de Justicia (páginas 11 y 12) arroja una posición jurídica sustancialmente diferente a lo establecido como “criterios de interpretación” en la nueva ley; o sea, el alto tribunal de la república refiere como “parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país…”, señalando con prelación como tales: 1. Derechos humanos contenidos en la Constitución y su jurisprudencia; 2. Derechos humanos contenidos en tratados internacionales; 3. Criterios vinculantes unos y orientadores otros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (pág. 11), porque correctamente está tomando en cuenta qué criterios significa, según la Real Academia Española, que en este caso sí acierta: “norma para conocer la verdad; juicio o discernimiento”. Sin embargo, el Ejecutivo en su iniciativa, al igual que el Legislativo con su obsequiosa aprobación, confunde “criterios de interpretación” con “pasos” a seguir en la interpretación, tal como aparece  en la iniciativa aprobada (págs. 11 y 12); lea esto: “En cuanto al modelo de interpretación de las disposiciones, resoluciones y criterios señalados la Suprema Corte establece que deberá ceñirse a la realización de los siguientes pasos: …”. Estos “pasos” deben entenderse como orden o curso que se debe seguir pero de ninguna manera son criterios interpretativos como incorrectamente se estableció en el artículo 9 de la ley reglamentaria comentada. Esto porque, tratándose de derechos humanos, el artículo 1o, párrafo segundo de la Constitución Federal, de manera general, dispone que la interpretación autorizada es la que se haga conforme a lo que la misma establece y de aplicación especial surge de los artículos 6,14, 76 fracción I, 89 fracción X, 94 párrafo 9, entre otros.

 Retomando el hilo de la exposición, viene en segundo lugar esto: en el capítulo IV de la nueva Ley Reglamentaria cuyo comentario realizo (denominado del Procedimiento), en el artículo 11 párrafo tercero, se contiene una norma que no es de carácter procedimental sino de naturaleza sustantiva y, además, de la mayor relevancia, porque se autoriza a jueces y magistrados el determinar la inconstitucionalidad por omisión; es decir, en primer término se reconoce que el sistema jurídico puede no ser pleno (hermético) y que, por tanto, el legislador racional omitió regular algún supuesto de hecho o sus consecuencias. Esa autorización o facultad de decretar la inconstitucionalidad por omisión y consecuentemente la posibilidad de colmar o resolver lo que en esencia significa señalar o prever la existencia de una laguna y su solución, además de que su ubicación es un error de técnica legislativa, la norma concede con demasiada liberalidad –vale decir, sin someter la facultad a mínimas reglas, como lo hizo en cuanto a la interpretación– y autoriza a los operadores judiciales (perdón por estos desagradables terminajos) a establecer, opinable y con toda subjetividad cuándo el legislador omitió regular el supuesto en análisis y por tanto convirtiendo a estos operadores virtual o eventualmente en  legisladores, lo que es inadmisible.

Juez1-300x199 Es cierto que los jueces no pueden negarse a juzgar, ni en el caso extremo de que consideren que el supuesto no esté regulado. Sin embargo, la discrecionalidad que surge de la interpretación para determinar la existencia de una laguna en la ley obliga a establecer, aquí sí, criterios de interpretación ya muy analizados por la lógica y la hermenéutica, en la teoría de la interpretación y la argumentación jurídica, de manera que impidan en lo posible la interpretación exclusivamente subjetiva de los jueces, quienes según el argumento interpretativo (analógico, a fortiori, a contrario o los principios jurídicos) tienen la posibilidad legal de crear la laguna para luego colmarla de acuerdo a su muy personal criterio.

Unas cuantas líneas más para terminar. En primer lugar, y aunque no venga al caso, pedir disculpas por lo inaccesible que pueda resultar el tema para un lector ordinario de periódico. Y ya más en materia, subrayar lo accidentado que resulta en nuestro país reconocer que ya existe el control difuso de la Constitución que faculta a todo juez para ponerla en primer lugar en todos sus acuerdos y resoluciones. Pero como subsiste la falta de profesionalismo en el Poder Judicial, con esta reforma lo que se está realizando es proteger a los jueces blindándolos de cometer dislates, y a la vez protegiéndolos de las amenazas para que resuelvan de tal o cual manera, como sucede en la extraterritorialidad delincuencial establecida en Chihuahua.

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Dos cosas más: se supone que hay un combate a la ignorancia de los funcionarios judiciales a través de un sistema tutorial en el que de manera inatacable la Sala de Control Constitucional le dirá cuál es la línea, para que no se equivoque. Cuando lo normal sería que por su profesionalismo evitaría los yerros en un alto, altísimo, porcentaje. A lo que agrego que si se establece un Control Constitucional, no habría por qué restringirlo sólo a unas esferas del Derecho, y quizá por su mayor litigiosidad, al campo de lo penal.

 Y al final, pero de ninguna manera al último, la película terminará, cuando menos en este episodio duartista, cuando se designe al magistrado de la rimbombante Sala de Control Constitucional. Y por la víspera, los días: si es un compadre, no le extrañe.

Publicado originalmente en:

http://jaimegarciachavez.mx/articulos.html#.UfIejI3I300

JAIME-GARCIA-CHAVEZ*Jaime García Chávez. Abogado. Político. Escritor y periodista chihuahuense.