Ciudad de México: Déficit de Participación

En la democrática Ciudad de México existe un gran y alarmante déficit de participación ciudadana. Salvo en la primera Consulta Verde realizada en 2007 en donde participaron 1ʹ033,190 personas, es decir, el 14.5% de quienes tenían el derecho a participar, y en la Consulta Ciudadana sobre la Reforma Energética de 2008 que convocó a 826,028 votantes, el 11.4% de quienes estaban registrados en los listados nominales, en las restantes consultas ciudadanas, nunca ha participado más del 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la ciudad capital.

Isidro H. Cisneros/ A los Cuatro Vientos

Así ocurrió en la elección de los Comités Vecinales de 1999 donde votaron 573,251 ciudadanos, es decir, el 9.5% de quienes pudieron haberlo hecho. La situación se repitió, nuevamente, durante la elección de los Comités Vecinales 2010 en donde votaron 655,835 personas, correspondiente al 8.9% de quienes aparecían en los listados con derecho a votar. Lo mismo, por cuanto se refiere al Plebiscito de 2002, para la aprobación o rechazo de los segundos pisos en Viaducto y Periférico, en donde sufragaron 420,536 personas, equivalente al 6.6% de quienes, en ese momento, poseían tal derecho. Los casos más dramáticos de desinterés ciudadano han sido las tres consultas sobre presupuesto participativo.

particip elecciones vecinalesEn el primero de estos ejercicios realizado en 2011, sólo votaron 142,482 personas, equivalente al 2.1% de los listados nominales, en la segunda consulta para el 2012 sufragaron solamente 144,277 ciudadanos quienes representaron al 2% del total, y finalmente, la tercera consulta para el presupuesto participativo 2013 que solamente logró despertar el interés de 147,737 ciudadanos quienes representaron al 1.9% de los posibles votantes. En este escenario, el próximo primero de septiembre se volverá a votar, para elegir a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos para el periodo 2013-2016, y se realizará la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014.

La participación ciudadana es muy baja a pesar de que en el Distrito Federal la legislación correspondiente contempla 12 diferentes instrumentos de participación ciudadana, a través de los cuales los habitantes de la ciudad pueden involucrarse de manera organizada en la toma de decisiones públicas: 1) Plebiscito, 2) Referéndum, 3) Iniciativa Popular, 4) Consulta Ciudadana, 5) Colaboración Ciudadana, 6) Rendición de Cuentas, 7) Difusión Pública, 8) Red de Contralorías Ciudadanas, 9) Audiencia Pública, 10) Recorridos del Jefe Delegacional, 11) Organización Ciudadana, y 12) Asamblea Ciudadana. La participación ciudadana es un método para conocer las exigencias de la gente, para cooperar en la gestión de los servicios y para hacer posible la creatividad social.

Los habitantes de la ciudad nos encontramos cada vez más desligados de nuestro entorno, incapaces de entender, arreglar y transformar, aceptando lo que se nos presenta como incontestable porque no somos conscientes de la complejidad de los procesos, causas y consecuencias que implica cada decisión.

espacioEl espacio público ha dejado de ser un lugar para el encuentro y se ha convertido en un espacio marginal, diseñado conforme a los requerimientos privados. Impera un modelo de ciudad en el que prevalece el interés económico, con un ocio limitado basado primordialmente en el consumo, ligado a la movilidad motorizada y que da como resultado un espacio público carente de calidad ambiental.

En este problemático contexto, el mandato electoral que recibió Miguel Ángel Mancera se encuentra estrechamente articulado con la idea de la participación ciudadana. “Decidir Juntos” quiere decir socializar la toma de decisiones. En nuestras sociedades masificadas y complejas, el ejercicio real del poder ciudadano pasa necesariamente por diversos mecanismos de consulta y democracia directa.

La Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana más grande del sistema urbano nacional. El crecimiento de la ciudad, en todos los campos, es uno de los más veloces del país, sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de pobreza y exclusión social en las que viven grandes sectores de su población, se ven ampliadas por los procesos de segregación residencial que impiden que la ciudad cumpla con una de sus funciones básicas, que es ser un mecanismo de integración.

Cuando se habla de “ciudad” la referencia es a un espacio habitado, con variados usos públicos, con una vocación racionalizadora y organizadora del mundo. Se refiere tanto al espacio físico, como al ámbito simbólico en cuya carga de significados destaca el de centralidad urbana. La ciudad, denominada “polis” por los griegos y “civitas” por los romanos, es el resultado de una asociación previa, que como tal elabora el mito de su fundación para compartirlo con sus habitantes quienes poseen la categoría de ciudadanos.

ciudad dfLa ciudad es el espacio de la política, el gobierno y la ciudadanía. El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos y es en la ciudad, en donde la política se constituye como actividad propia y el individuo define su pertenencia al conjunto social. La ciudad se ha convertido en el espacio público donde alcanza su plenitud la autoridad del Estado, la participación organizada, así como la comunión de derechos y deberes que son marcas distintivas de la ciudadanía.

La historia de la ciudad es la de su espacio público, en donde las relaciones entre el poder y la ciudadanía, se materializan y se expresan en la conformación de calles, plazas, monumentos, parques y otros lugares de encuentro social. El espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas.

La ciudad es un sistema de redes que ordenan cada zona de la metrópoli y le dan sentido, son el ámbito físico de la expresión ciudadana y de la diversidad social y cultural. Es un espacio físico, pero también político que representa un derecho ciudadano de primer orden, ya que garantiza, en términos de igualdad, su apropiación por parte de los diferentes grupos sociales.

El espacio público es un indicador de calidad urbana y un instrumento de la política para “hacer ciudad sobre la ciudad”, es decir, para mantener y renovar los antiguos espacios y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras. El ciudadano debe reivindicar su papel como actor principal, trascendiendo su rol de mero espectador. A través de su capacidad crítica y creativa, el ciudadano es el constructor activo de su ciudad.

Reforma-_-Ciudad-de-Mexico

En esta ruta se encuentra la necesidad de otorgar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. Es necesario disminuir la distancia entre gobernantes y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país. Las democracias contemporáneas se apegan cada vez más a la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben ser iguales por lo que no caben las distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La ciudadanía acepta la diferencia, pero no la desigualdad. El ciudadano moderno ha ganado derechos que le permiten acceder en igualdad de oportunidades a la función política. Que el poder se distribuya entre los ciudadanos es una de las aspiraciones de la democracia de todos los tiempos. Es una aspiración que permite imaginar el diseño de una sociedad más libre y más igualitaria. Sin instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía.

La Ciudad de México ha hecho progresos en su democracia local que, históricamente, han contribuido al progreso de la democracia política del Estado moderno nacional. Siendo la Ciudad de México la aglomeración urbana más importante del continente americano y la ciudad hispano-hablante más poblada de la tierra, requiere de un cambio en su estatus jurídico y político. Impulsar el proceso de democratización de la Ciudad de México significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación ciudadana.

En su artículo 44 nuestra Constitución Política señala que “la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”. El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características propias dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico ya que nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales.

gente dfDurante la mayor parte de su existencia la capital fue gobernada exclusivamente por la Federación. Gobernar la Ciudad de México actualmente significa atender la necesidades de una de las metrópolis más complejas del mundo con casi nueve millones de habitantes, aunque si incorporamos la zona metropolitana, es decir, a los 59 municipios conurbados que rodean al Distrito Federal, la población se incrementa a casi 19 millones siendo la segunda ciudad del planeta por número de habitantes solo precedida por Tokio que cuenta con una población cercana a 36 millones.

La historia de la democratización de la Ciudad de México ha sido bastante accidentada. Desde 1824, con la adopción del sistema federal se determinó la necesidad de establecer un territorio que fuera sede de los poderes federales ubicándose en el Valle de México y no en Querétaro como se pretendía.

Bajo la Constitución centralista de 1836 se suprimió el sistema federativo y, consecuentemente, el Distrito Federal. Con la Constitución de 1857 se repuso el sistema establecido en 1824 y con la Constitución de 1917 se cohesionó al sistema jurídico de gobierno estableciéndose el régimen municipal.

asamblea dfEn 1928 la Constitución es nuevamente reformada para suprimir los municipios y encomendar su gobierno a un Jefe del Departamento, denominado “Regente”, nombrado por el Presidente de la República. En sustitución de las municipalidades se crearon las delegaciones cuyos titulares eran a su vez designados por el Jefe del Departamento. Este régimen se mantuvo hasta 1988 cuando por primera vez se eligió y se instaló la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, un cuerpo deliberante con escasas atribuciones.

La ambivalencia entre capital de la República y entidad federativa con personalidad jurídica que le atribuyó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en 1994, homologó a la Ciudad de México con el Distrito Federal, constituyendo un discreto avance en materia de autonomía y representación política pero que auspició diversos problemas que aún no se han resuelto.

En 1997 se estableció la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con mayores facultades que su antecesora, y en este mismo año se eligió por primera ocasión y para un periodo de tres años a un Jefe de Gobierno. En 2000 se eligió a un nuevo titular del Ejecutivo local, ahora por seis años, y por primera vez a los Jefes Delegacionales con un periodo de tres años. Así poco a poco los capitalinos hemos ido recuperando la facultad de elegir a nuestras autoridades por lo que es tiempo de ampliar y perfeccionar nuestros derechos ciudadanos.

Debido a la magnitud de los problemas que enfrenta el Distrito Federal, pensar en ampliar el proceso de democratización, significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las nuevas formas de participación ciudadana como instancias de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Es necesario acortar la distancia entre autoridades y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos. A pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, los partidos políticos pueden ofrecer alternativas reales y compromisos concretos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país.

La Ciudad de México requiere de una izquierda renovada, moderna y democrática que acepte todas las críticas y que no se encierre en su mundo, sino que se abra lo más posible a la sociedad civil. El Jefe de Gobierno sabe que el gran apoyo ciudadano que respalda su gestión representa, también, una oportunidad para modernizar al PRD en su principal bastión político, para dejar de ser un partido clientelar y convertirse en una organización en perfecta sintonía con sus electores.

participacion-ciudadanaMarcelo Ebrard ganó en las elecciones de 2006 con poco más de 2.2 millones de votos que representaron el 46.37% de la votación total. Por su parte, Miguel Ángel Mancera en las elecciones de 2012 ganó abrumadoramente, obteniendo casi un millón más de sufragios que su antecesor. Siendo candidato de la izquierda recibió poco más de 3 millones de votos, equivalentes al 63.5% de la votación.

Mancera representa, en la Ciudad de México, una voz nueva y una imagen pública ciudadana alejada de las formas tradicionales de hacer política. Su principal proyecto político para la ciudad, se sintetiza en la frase: “Decidamos Juntos”. De concretarse, representaría una nueva forma de gestión pública orientada a producir importantes instrumentos de legitimación y reorientación de las políticas de gestión del territorio. Ahora tiene el enorme desafío de impulsar iniciativas participativas para hacer realidad una mayor cercanía con los ciudadanos.

Hemos afirmado que el primero de septiembre próximo la Ciudad de México dará un paso más hacia su desarrollo como Ciudad Participativa. Ese día se elegirán los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos para el periodo 2013-2016, y se realizará la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014. Son ejercicios a los que obliga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

El proceso vinculará a las 16 delegaciones políticas, a las 1,753 colonias y 40 pueblos originarios que existen en la ciudad. Es necesario reconocer que la participación ciudadana aún no adquiere la potencialidad que podría tener, dada la corporativización política, la injerencia de los partidos en la promoción de los representantes vecinales, la burocratización de los procedimientos por parte de las instancias organizativas y la subordinación operativa a las jefaturas delegacionales. En este esquema, conviene reflexionar sobre el lugar que ocupa la participación ciudadana, sobre los usos de la representación vecinal, sobre las modalidades a disposición del ciudadano para la apropiación de la metrópoli y sobre los mecanismos para colmar el “déficit de participación” existente.

Por regla general, cuando se habla de participación ciudadana la referencia es al estrecho ámbito del sufragio y al cumplimiento de las obligaciones entre los individuos y el sistema político. La participación hace posible la inclusión del ciudadano en la sociedad política y es un modo a través de la cual, las personas incorporan sus opiniones o decisiones al sistema político en particular y al espacio público en general.

comitésLa moderna actividad política representa un conjunto de relaciones que se expresan de diferentes formas, modos, frecuencias e intensidades, y que se llevan a cabo entre ciudadanos, grupos, asociaciones y partidos. Estas relaciones políticas son democráticas, cuando se incluye la participación directa para influenciar las decisiones de quienes detentan el poder. En la democracia las consecuencias de la participación ciudadana son inmediatas y significativas.

La nuestra es, todavía, una democracia ineficaz que se encuentra paralizada, en la que los ciudadanos y las instituciones son víctimas de una clase política incapaz de producir nuevas prácticas y consensos. Se observa un extendido desencanto democrático que se debe, en parte, a la contraposición entre la “plaza pública” y el “palacio”, es decir, entre gobernados y gobernantes, y que refleja la incompatibilidad entre los intereses colectivos, y los intereses privados, de grupo o de partido.

La plaza pública representa el espacio de la “Societas Civilis”, de la transparencia, del “Ágora”, en donde los ciudadanos son igualmente libres y forman una comunidad política. El palacio representa el espacio del poder oculto, de la Razón de Estado y los secretos de gobierno o “Arcana Imperii”.

El palacio es el lugar donde se toman decisiones lejos de las miradas indiscretas de la población. Entre la plaza y el palacio existe una relación de incomprensión recíproca y de rivalidad, porque vista desde el palacio, la plaza pública es el lugar de la libertad licenciosa, del complot y la manipulación, mientras que, contrariamente, desde el espacio público, el palacio es el lugar de la corrupción y del poder arbitrario. Esta contraposición entre la plaza y el palacio, es también, la contraposición entre sociedad civil y sociedad política.

part ciu

Existe un nuevo poder ciudadano que se expresa al margen de los partidos políticos tradicionales, a quienes considera, más allá de sus historias e ideologías, incapaces e ineficientes para proteger los derechos de las personas. El poder ciudadano es la expresión de una nueva identidad política de la sociedad mexicana, no en cuanto “pueblo genérico”, sino como “ciudadanos concretos”. Durante décadas el discurso político se orientó a un pueblo uniforme y homogéneo.

Actualmente, la referencia es a una sociedad pluralista y heterogénea, jurídicamente libre e igualitaria. El ciudadano de nuestros días es el integrante de la comunidad política, que vive al amparo de una ley común que tutela su derecho a participar activamente en la vida del Estado. El ciudadano goza de un estatus político que le permite no sólo formar parte de la esfera pública, en cuanto espacio en donde se define el bienestar de la comunidad, sino también, gozar del derecho a la participación en los asuntos que conciernen a su vida cotidiana. Sólo a través de la participación y de la democracia directa, la sociedad civil mexicana se constituirá en un actor autónomo de nuestro proceso de cambio político.

zorro

*Isidro H. Cisneros. Doctor en Ciencia de la Política por la Universidad de Florencia, Italia. Ex­Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Experto Nacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. Consejero Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.