Multimilllonario subsidio federal a Televisa y TV Azteca por el "Apagón Analógico" en México

El erario cubrió y seguirá subsidiando el costo de transformación de la tecnología analógica a la digital que corresponde pagar al duopolio de las telecomunicaciones en México –Televisa y TV Azteca-, quienes además luchan por quedarse con la mayor cantidad de frecuencias que el gobierno licitará tras recuperarlas con el llamado “apagón analógico” de las transmisiones de televisión.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

El doctor Arturo Serrano, investigador adscrito a la Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), y perito en telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), señaló también que no se debe hacer a un lado la importancia social y política del proceso de digitalización de las transmisiones de televisión, ya que el cambio estará estrechamente vinculada con los procesos electorales que se avecinan en el país de aquí al año 2015, fecha en la que supuestamente concluirá el “apagón” de la vieja tecnología.

En una entrevista en el programa “A los Cuatro Vientos”, de la estación XS 92.9 FM de la ciudad de Ensenada, el también consultor para la Organización de Estados Americanos, La Organización de las Naciones Unidas, así como para compañías e instituciones nacionales y extranjeras en el área de sistemas y redes de comunicaciones, manifestó que Televisa y TV Azteca debieron pagar el equipo (decodificadores) que se entrega a los usuarios que no tienen televisores digitales en sus hogares, costo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México calculó en 17 mil 325 millones de pesos.

“Si yo soy un proveedor de contenidos, en este caso los dos grandes, dado que es quien quiere que su señal llegue a todos los hogares, debió haber pagado. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el gobierno está subsidiando el servicio” de televisión abierta en México, explicó.

Sobre este tema, el articulista y especialista en temas de telecomunicación en México Jorge Bravo, escribió en septiembre de 2012 un revelador artículo en el portal revistaelbuho.com

A continuación, el escrito:

¿A quién le conviene la televisión digital?

El proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en México ha resultado tortuoso. Existe una misma política de TDT con tres derivaciones: el acuerdo presidencial del 2 de julio de 2004 (general, ambiguo y el favorito de las televisoras porque planeaba el apagón analógico hasta finales de 2021); el decreto del presidente Calderón de septiembre de 2010 (más específico pero todavía incompleto que adelantaba el apagón a diciembre de 2015) y el acuerdo del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de 2011 (con disposiciones adicionales al acuerdo de 2004, una transición escalonada por ciudades y una nueva fecha para el término de las señales analógicas: 31 de octubre de 2016).

Jorge Bravo*

Esta última política fue enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su análisis y para ser sometida a consulta pública. Diversas autoridades, legisladores y particulares emitieron opiniones tendientes a elaborar un dictamen final que arrojó como fecha del apagón analógico 2015. La mayoría de las opiniones que se expresaron fueron en contra de la política de TDT; sólo algunos o muy pocos de los actores involucrados están a favor del adelanto del apagón analógico, sus impactos e implicaciones. Cuando todo parecía que finalmente se publicaría la política de TDT, una filial de Televisa (Televisora Peninsular) consiguió una suspensión definitiva que detuvo por tiempo indefinido la publicación del acuerdo.

Sólo a un sector del gobierno federal le interesa avanzar en la digitalización de la televisión análoga abierta. Esta industria presenta uno de los más lentos avances no sólo en el aspecto tecnológico sino en general de sus formatos, contenidos, calidad, promoción de la diversidad, en su apertura a la competencia y en sumarse sin ambages a la democratización del país y no en convertirse en obstáculo a ella.

APAGON TVEn cambio, diversos actores en contra de algunos elementos del proceso de transición a la televisión digital son más numerosos y sus argumentos resultan más sólidos que los deseos oficiales por avanzar en la digitalización de la TV. Al gobierno no le conviene la TDT pues debe destinar cuantiosos recursos para subsidiar los decodificadores que deberá entregar a cada uno de los hogares sin recursos para que éstos no se queden sin el derecho a la información que representa tener acceso a la televisión, cuya penetración alcanza 95.5 por ciento de la población.

Los costos de la transición a la TDT van más allá de las cajas decodificadoras y de los esfuerzos del gobierno federal. Se requiere modernizar la infraestructura de la red de televisoras públicas federales y estatales; contribuir a la modernización de las televisoras privadas; crear estímulos fiscales y apoyos financieros como la banca de desarrollo para la digitalización y fabricación de receptores y decodificadores. Se requiere que las universidades generen egresados y capital humano especializado, así como capacitar a técnicos e ingenieros en el proceso de digitalización. Se necesita una batería de estudios y encuestas, contratar a instituciones y empresas profesionales para que los realicen, así como destinar recursos para las campañas informativas a través de todos los medios de comunicación social (esto último también a cargo de profesionales). Se requiere contratar temporalmente a brigadistas, facilitadores, encuestadores que establezcan contacto con los hogares y las personas, sobre todo en casos de exclusión social y analfabetismo digital.

Pensar que los costos del apagón analógico se reducen a destinar recursos para un programa social que contemple el reparto de decodificadores digitales de bajo costo para los hogares de menores recursos, no sólo pone en riesgo la digitalización del país y el derecho de acceso a la información sino que exhibe la ingenuidad y desconocimiento de la autoridad para llevar a buen puerto la transición a la televisión digital.

Por lo pronto, el presupuesto de egresos para 2012 no contempló recursos para la TDT por ser año electoral. Aquí encontramos una primera frustración del presidente Calderón, pues era evidente su deseo de entregar cajas decodificadoras en pleno proceso electoral. Según cálculos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se requieren recursos por 17 mil 325 millones de pesos desde el inicio de la transición en 2012 en algunas ciudades del norte del país hasta 2016, cuando pretendía concluirla en todo el territorio nacional.

Antes de que el gobierno intentara repartir decodificadores, el Congreso de la Unión interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto de TDT que el presidente de la República anunció en septiembre de 2010 con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno. Es decir, a la oposición tampoco le conviene avanzar en la digitalización de la televisión, aunque sus motivaciones sean políticas. Y es que la oposición (sobre todo el PRI) está en su derecho de creer que, de ganar la elección y llegar a la Presidencia el 1º de diciembre de 2012, conduciría la política de TDT de manera diferente. No le faltan razones para suponer eso, aunque sí una propuesta concreta de cómo lo haría.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó dándole la razón al Ejecutivo federal y resolvió dejar firme el decreto presidencial de 2010, el Congreso consiguió demorar un año la entrada en vigor de dicho acto de autoridad, tiempo suficiente para negar los recursos necesarios para iniciar formalmente la transición y la entrega de los decodificadores por parte de la Secretaría de Economía.

Un oficio firmado por el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Cámara de Diputados, Gerardo Flores (PVEM), abierto adversario del decreto presidencial, cuestionó que la Cofetel estableciera plazos perentorios para la transición a la TDT cuando no se cuenta con una metodología confiable y datos precisos de niveles de penetración de la televisión digital. A finales de 2010 sólo 13.9 por ciento de los hogares tenían un televisor digital, según la encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares del Inegi. Actualmente existen 26.3 millones de hogares, de los cuales 22.8 millones (la gran mayoría) reciben la señal analógica.

La política de TDT tampoco es del agrado de los fabricantes de televisores. Éstos requieren agotar sus inventarios y prefieren vender tecnología obsoleta antes que conservar sus equipos, suspender o cambiar la línea de producción o reducir sustancialmente los precios de los nuevos televisores digitales. Una vez que los fabricantes tengan certeza de la política y de su real implementación, la TDT será un buen negocio para ellos, pues muchos hogares desearán o tendrán que renovar sus equipos.

En el Reino Unido una de las primeras negociaciones que tuvo que emprender el regulador (Ofcom) fue con los fabricantes de equipos. La autoridad los obligó a colocar en las cajas una etiqueta que indicaba que ese televisor no serviría para recibir las señales digitales. Los fabricantes optaron por dejar de vender aparatos analógicos e introdujeron al mercado televisores digitales. El negocio comenzó a ser boyante, como reseña María Trinidad García Leiva en su estudio sobre la TDT en el Reino Unido: “Los agentes de producción en ello implicados, por tanto, tienen ante sí un gigantesco negocio que ya ha comenzado a materializarse a través de una migración voluntaria que, llegado el momento, será obligatoria para todo aquel que pretenda seguir mirando televisión. El sector del comercio minorista aumentará sus ingresos por la migración a la televisión digital en 2.4 billones de libras a lo largo del proceso, los fabricantes de equipamiento en general lo harán en aproximadamente un billón, mientras que los de antenas, en particular, recibirán ingresos adicionales por 21.6 millones.”

TV HDEn México la Secretaría de Economía ha demorado en elaborar una norma oficial para que en el país sólo se comercialicen aparatos con capacidad para captar las señales digitales de televisión. Apenas el 25 de noviembre de 2011 la dependencia a cargo de Bruno Ferrari publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-1998, para que los empaques de los aparatos receptores de televisión analógicos contengan una etiqueta visible con la siguiente leyenda: “No sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al estándar A/53 del Advanced Television Systems Comittee”, que fue el protocolo que se eligió en México para transitar a la TDT.

Sin embargo, esa modificación a la NOM resulta insuficiente porque la población carece de información básica para estar al tanto de la transición a la TDT, sus características y posibilidades técnicas. Lo conveniente, en función de la política de TDT y de incrementar la penetración de esta tecnología, sería la prohibición de producir y vender receptores analógicos de TV en el territorio nacional. Para ello se requiere de una inteligente negociación con los fabricantes extranjeros de receptores y decodificadores digitales, los cuales tienen argumentos económicos de peso para no sumarse a la política de TDT.

La política de TDT tampoco le conviene a las televisoras, pues además de hacer las inversiones necesarias para acelerar la transición a la televisión digital, el proceso mismo traería consigo mayor oferta de contenidos, múltiples programas, más información y servicios complementarios, pero no necesariamente más competencia.

En opinión de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el acuerdo de la Cofetel (y en general la política de TDT) “no modificará la estructura actual del mercado del servicio de televisión radiodifundida, en virtud de que los concesionarios y permisionarios mantendrán la tenencia del espectro radioeléctrico que tienen asignado actualmente (…), y no implicará la generación de mayor competencia, pues su aprobación no implicaría la entrada de nuevos oferentes”.

Para las televisoras la fecha inicial de 2021 del acuerdo foxista de 2004 era la más conveniente, mientras que los adelantos planteados por el presidente Calderón para 2015 y por la Cofetel para 2016 es claro que les resultan lesivos para sus intereses. Las televisoras han contando a su favor con el desorden gubernamental, por eso los argumentos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) al acuerdo de TDT de la Cofetel son imbatibles: “consideramos que el Proyecto de Acuerdo anticipa la fecha del apagón analógico sin valorar las circunstancias reales ni la problemática económica, comercial, social y legal que enfrentarán la autoridad misma, los operadores y la sociedad en general, lo que indudablemente pone en riesgo la continuidad de la radiodifusión por televisión como un servicio que al día de hoy sirve a más del 94 por ciento de los hogares del país”.

TV Azteca también está molesta con la transición a la TDT y en una opinión particular pone en duda los beneficios sociales de la TDT, alerta sobre sus costos incuantificables y defiende la política de 2004. Señala que el proyecto “impone a los particulares costos o cargas adicionales consistentes en realizar inversiones anticipadas para desplegar sus servicios con tecnología digital”.

La política de TDT tampoco les conviene a los actuales operadores de redes públicas de telecomunicaciones. Aunque en la Cofemer no consta una opinión de los cableros (por estar algunas de las principales empresas afiliadas a Televisa), quien sí se pronunció al respecto fue MVS Comunicaciones, la cual se quejó del impacto negativo y los perjuicios que ocasionará la transición a la TDT a la sociedad.

TV Y MUJERMVS se refirió a la posibilidad de las televisoras de prestar servicios adicionales de telecomunicaciones con tan solo solicitarlos a la autoridad y pagando una contraprestación, pero sin necesidad de licitación. Lo anterior, según MVS, vulnera la Constitución, el principio de igualdad jurídica, la competencia, la libre concurrencia y la libertad de expresión, porque por ley el uso del espectro no debe ser indiscriminado sino que está vinculado a un uso determinado y específico, que en este caso es la radiodifusión gratuita. Por lo tanto, la política de TDT fomenta concentración, prácticas monopólicas y acaparamiento de muchos medios y recursos en pocas manos.

La televisión digital tampoco le conviene a las empresas telefónicas que prestan servicios de telecomunicaciones. En la Cofemer consta una preocupación de Telefónica de España similar a la de MVS, en el sentido de que la política de TDT autoriza el uso de bandas de frecuencias del espectro para brindar servicios adicionales de telecomunicaciones como multiprogramas, servicios móviles de radiodifusión, televisión y audio restringidos, datos, video sobre demanda, entre otros, sin ninguna obligación o requisito por parte de las televisoras, y sin que la autoridad “realice acto o procedimiento administrativo alguno que las autorice y legitime al uso del espectro radioeléctrico”. Telefónica explica que el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico requiere el otorgamiento de un título de concesión que se obtiene mediante licitación pública.

Finalmente, y quizá lo más importante, la política de TDT tampoco les conviene a los consumidores y usuarios de televisión abierta. De entrada, no tienen información de un proceso que formalmente inició en 2004 (en el Reino Unido se definió que cada hogar recibiría información dos años antes del apagón analógico). Los usuarios son los más perjudicados porque se verán obligados a desembolsar dinero para adquirir un receptor digital de televisión. Las cajas decodificadoras que presumiblemente entregará el gobierno federal convierten a los usuarios en televidentes de segunda porque podrán recibir las señales de televisión pero de ninguna manera con la calidad de alta definición que tanto promete la televisión digital.

La Cofetel no ha realizado los estudios ya no sólo de equipamiento en los hogares e infraestructura digital de los concesionarios y permisionarios, sino de costo-beneficio de la política de TDT y su impacto en la economía de los usuarios. Por ejemplo, la Cofetel ha ocultado o de plano desconoce el incremento en energía eléctrica de un televisor digital y cómo impactará en los bolsillos de los usuarios y el bienestar de los hogares.

La Cofetel tampoco ha levantado encuestas para medir el clima de opinión en torno al apagón analógico y la transición a la TDT. En 2004 el regulador inglés solicitó un análisis comprensivo sobre las actitudes y los “aspectos humanos” de la televisión digital en los hogares. El estudio elaborado por la consultora Generics Group arrojó que las actitudes de la población tienen que ver con cuestiones prácticas como el costo y la complejidad para instalar y operar los nuevos equipos digitales, pero también con temas como la calidad y los contenidos. Para 58 por ciento de los encuestados el costo de la transición constituía su “más grande preocupación”.

Un porcentaje considerable de la población podría rehusarse a adoptar la televisión digital por razones de costo, complejidad técnica, desconocimiento o simplemente porque no aprecia los beneficios o desea continuar con la tradición de su consumo cultural televisivo. En el Reino Unido 5 por ciento de los hogares decidió que nunca migraría a la televisión digital y 7 por ciento declaró no saber cuándo lo haría; el costo y la complejidad se convirtieron en grandes barreras para las personas y los hogares. En ambos casos hablamos de usuarios y hogares que no migrarían a la TDT de forma voluntaria. Quienes nunca migrarían a la televisión digital son pobres, se encuentran en exclusión social, están desempleados, sus ingresos son reducidos, son personas adultas mayores o retiradas.

La reacción inicial al apagón analógico en Inglaterra y muchos otros países fue negativa y sólo se considera positiva entre los hogares que ya cuentan con equipos digitales. En el Reino Unido 50 por ciento de los encuestados estaba en desacuerdo con el apagón analógico y sólo 38 por ciento estaba a favor del gobierno. La política de TDT es vista como impositiva, la población no comprende la importancia de la transición, ignora por qué está en la agenda pública habiendo temas más apremiantes y desconfía de las motivaciones del gobierno, además de que le generará un costo. En suma, el apagón analógico es una política pública impopular.

A los Cuatro Vientos presenta por último el audio de la entrevista con el doctor Serrano, que se realizó el pasado miércoles 3 de julio de 2013:

http://4vientos.net/audio/APAGONANALOGICOCICESEJUL2013.mp3

JORGE BRAVO* Editor en Jefe del grupo Mediatelecom; especialista en estudio de los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo.