Caso Alanís Quintero: el linchamiento mediático como arma política

En vísperas de la jornada electoral para elegir gobernador, legislatura local y ayuntamientos en la entidad, circuló profusamente en las redes sociales y en los medios masivos un audio-video que da cuenta de una supuesta conversación telefónica sostenida entre el diputado local Rubén Alanís, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Baja California, y presunto menor de 15 años, sugiriendo una relación sentimental entre ambos.

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

Estrictamente y desde la perspectiva de los derechos humanos, me permito ofrecer una opinión sobre este último escándalo político en Baja California.

A pesar de que la calidad del audio es deficiente y de que las imágenes no muestran relación alguna, inmediatamente se calificó al legislador como “pederasta”. Así, apareció en los noticiarios locales e internacionales, en los diarios y en las redes sociales.

Antes estos hechos y considerando que la vida privada de un funcionario público está expuesta al escrutinio pública, y sin prejuzgar si el Dip. Rubén Alanís es culpable o inocente de los hechos en que presuntamente se le exhibe, exponemos nuestra opinión sobre este caso (así como en su momento asumimos la defensa de los derechos político-electorales del Ing. Jorge Hank Rhon cuando, siendo presidente municipal de Tijuana, pretendió ser gobernador del Estado, intentando aplicarle la anticonstitucional “Ley Antichapulín):

1.      Al no existir por ahora denuncia, querella o testimonio del presunto menor que habla en el audio, de sus padres, tutores o representante legal, así como tampoco averiguación previa abierta de oficio por la Procuraduría General de Justicia del Estado y, en consecuencia, al no existir resultados de peritaje oficial respecto a la veracidad o no de la supuesta conversación telefónica, ésta no puede darse como un hecho, y menos calificar al legislador como pederasta.

2.      El artículo 16 Constitucional indica claramente que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente…”. El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.” La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protegen también la privacidad y la presunción de inocencia. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.”, y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

3.      La difusión de este material y la calificación de “delito” que le endilgan medios nacionales y locales al legislador, bajo las condiciones arriba descritas, atentan contra los derechos del diputado Alanís porque por ahora no hay indicios sólidos de actos ilegales. Además, es absolutamente anticonstitucional e ilegal intervenir de manera indiscriminada llamadas telefónicas de personajes públicos o privados.

RUBEN ALANIS
El diputado Alanis, otro «muerto» en la guerra sucia del PRI y el PAN en la contienda electoral de Baja California (Fotos: internet).

4.      El tema de la exhibición en los medios de personas detenidas y señaladas como presuntos responsables de la comisión de delitos o faltas administrativas, o de personas involucradas en escándalos mediáticos, ha generado una serie de controversias que obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a emitir opinión y Recomendaciones para que el Estado se abstenga de presentar ante los medios a personas detenidas mientras no se haya dictado sentencia a los detenidos, o que se exhiba a personas por motivos insanos. En consecuencia, se exige que se impida el abuso de esta medida por los medios por ser violatoria a la honra, a la privacidad y a la presunción de inocencia.

5.      Por otro lado, es lamentable que por intereses políticos se utilice a la comunidad lésbico-gay como carne de cañón, alimentando el morbo y los sentimientos homofóbicos que aún perduran en nuestra sociedad, contrarios a la doctrina de los derechos humanos.

6.      El abuso en la exhibición mediática puede traer como consecuencia la MUERTE CIVILde las personas exhibidas. Es probable que, en este caso y por motivaciones insanas, el ahora diputado Alanís haya terminado su carrera política.

7.      Este caso demuestra también que en Baja California no existe una figura con autoridad moral capaz de poner orden y orientar a la opinión pública sobre el respeto a la dignidad de las personas y a la legalidad. Ni el gobernador del Estado, ni el presidente del Congreso local (al que pertenece el Dip. Alanís), ni la titular del Poder Judicial, ni el Procurador General de Justicia del Estado, ni el Procurador de los Derechos Humanos, ni el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California han demandado el respeto al Estado Social y Democrático de Derecho con relación a este penoso caso.

8.      Sin que nadie se ofenda, es indispensable que los medios de comunicación retomen la ética periodística, que no se guíen por intereses económicos, políticos o de otra índole para el linchamiento mediático, y que cumplan su importante función social en beneficio del ejercicio del Derecho a la Información y de la Libertad de Expresión, además de la necesidad de orientarlos en la doctrina y principios de los derechos humanos.

RAUL RAMIREZ BAENA* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. Ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.