Policías estatales y agentes ministeriales de Ensenada torturan y amenazan a los detenidos

Grave que agentes de la policía estatal preventiva y agentes de la ministerial continúen usando la tortura, contra presuntos delincuentes y que amenacen a ciudadanos para que no acudan ante la procuraduría de los derechos humanos

Arturo Ruiz Contreras / PDHPC / A los Cuatro Vientos

En las últimas semanas se han incrementado las quejas en contra de agentes de la Policía Estatal Preventiva y lamentablemente también en contra de agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por parte de ciudadanos que señalan que al ser detenidos y esposados, son golpeados y asfixiados con bolsas de plástico sobre sus cabezas para que acepten estar involucrados en delitos particularmente de narcotráfico o bien para que señalen a alguien más como el que les vende drogas.

Esto parece ser una forma establecida de investigación lo cual es muy grave. Es también recurrente que a quienes detienen son a personas que ya con anterioridad fueron detenidos por posesión o consumo de drogas y que ya cumplieron con sus procesos ante las autoridades sancionadoras.

También es sumamente delicado que estos malos agentes policiacos amenacen a esas personas de continuar hostigándolos, de afectar a sus familias e incluso de sembrarles drogas si acuden a denunciarlos ante esta Procuraduría de los Derechos Humanos. Este comportamiento es totalmente criminal y no debe tolerarse entre policías que deberían estar al servicio de la ciudadanía y no en contra de ella.

Esto es muy delicado porque viene a confirmar lo que señalo este año el organismo internacional  Human Rights Watch (HRW), en el sentido de que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México y que se emplea para obtener confesiones por la fuerza. Señalamiento que también ha sido externado por Amnistía Internacional y por el Comité de la ONU Contra la Tortura quien incluso fue incisivo al manifestar que a pesar de haber conminado a México a adoptar medidas y recomendaciones contra la práctica de la tortura, ésta se sigue practicando.

En este sentido urge que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, escuchen nuestras voces para que en Baja California se destierre la tortura y se avance firmemente en el respeto a los derechos humanos. No hacerlo es permitir que esta práctica nociva siga reproduciéndose en nuestra entidad, en detrimento de los más altos valores de la democracia que parte del irrestricto cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y de las garantías constitucionales.

Ensenada, Baja California a  20 de junio de 2013.

arturo ruiz*Jorge Arturo Ruiz Contreras. Biólogo. Subprocurador Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Ensenada.