Denuncia el PRI por peculado y delitos electorales a Francisco Vega de la Madrid y pide a la PGR que investigue otras 36 denuncias contra el PAN en BC

Una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y peculado, y otra más por delitos electorales, presentó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, en contra del candidato de la Alianza Unidos por Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.

Partido Revolucionario Institucional

Tijuana, B. C., a 12 de junio de 2013.- Acompañada del equipo jurídico, la presidenta del PRI en el Estado entregó este día la documentación correspondiente en la Unidad de Atención y Orientación Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Estas son solo unas muestras de cómo Francisco Vega de Lamadrid lucra con todo. Lucra con la necesidad ajena, lucra con los recursos y los cargos públicos”, señaló.

En su denuncia, la dirigente priista establece que en una compleja triangulación financiera y tratando de evadir la Ley, Francisco Vega de Lamadrid se hizo de un enorme terreno de más de 8 mil metros cuadrados cuando era Presidente Municipal, simulando ventas a través de terceras personas.

En noviembre del 2001, en sus últimos días como Alcalde de Tijuana, Vega de Lamadrid puso a la venta un terreno ubicado en Villa Fontana, sobre la Avenida Aranjuez, con una dimensión de ocho mil 326 metros cuadrados y que albergaba algunas construcciones.

De acuerdo al contrato de compraventa con el número de partida 5269283, la venta se concretó en cinco millones 503 mil pesos. Sin embargo, en noviembre de 2002, el comprador inicial vendió el predio a Vega de Lamadrid y a dos de sus hermanos, Enrique Alejandro y José Fernando, por 5 millones 639 mil pesos (contrato de compraventa, partida 5299740).

En 2004 se registra un contrato de donación (partida 5372284) donde Enrique Alejandro Vega de Lamadrid, cede la parte de su bien a Elena de Lamadrid Fernández, madre del actual candidato de Unidos por Baja California a la gubernatura del Estado.

De acuerdo con la relación de hechos, en Julio del 2007 la señora coloca a Francisco Vega de Lamadrid como “albacea” y quien administra los bienes. Para ese año, los terrenos y sus construcciones alcanzaron un valor de 21 millones 412 mil 394 pesos; cuatro veces más que el precio original.

Sánchez Arredondo indicó que en la actualidad en los predios de la familia Vega de Lamadrid que se encuentra en la colonia Villa Fontana operan varios locales y comercios.

“Estos hechos demuestran no sólo la avaricia del candidato de Unidos por Baja California, sino su ineficacia e incapacidad como funcionario público, lo que provocó que le fueran observadas sus cuentas publicas patrimoniales correspondientes a su gestión”, puntualizó.

KIKO VEGA SALUDANDOPor esa razón, agregó, la Coalición Compromiso por Baja California presentó la denuncia pues “debemos cerrarle el paso a la avaricia para que la mezquindad y la corrupción que tanto lastiman a los bajacalifornianos no se empodere en el Gobierno del Estado”.

DENUNCIA POR DELITOS ELECTORALES

De la misma forma, la dirigente estatal del PRI presentó una segunda denuncia, está por presuntos delitos electorales, por la distribución con fines de obtener simpatías y el voto de los beneficiados, de miles de tarjetas en las que se ofrece un seguro de vida con un valor de diez mil pesos cada una, llamadas medico telefónicas y llamadas ilimitadas.

Sánchez Arredondo recodó que apenas hace unos días Vega de Lamadrid reconoció la existencia y distribución de dichas tarjetas, aunque argumentó que si bien no eran ilegales, si eran inmorales. Incluso el propio coordinador general de campana, Oscar Vega Marín aceptó que se han distribuido 3 mil tarjetas “aunque por lo que sabemos, son muchas más”.

La presidenta del PRI expresó una vez más su confianza en que las instituciones públicas, en este caso la Procuraduría General de Justicia del estado, actuarán de manera responsable e imparcial atendiendo ambas denuncias.

Solicitó PRI a PGR investigue 36 denuncias que interpuso en Baja California

Han sido ignoradas o no avanzan debido a la intromisión del gobierno estatal panista en el proceso electoral, afirmó el delegado del CEN, Héctor Yunes Landa

Partido Revolucionario Institucional

El senador Héctor Yunes Landa, delegado General del PRI en Baja California, aseguró que su partido solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República para que investigue las 36 denuncias que presentó ante las autoridades electorales y ministeriales, pero que han sido ignoradas o no avanzan debido a la intromisión del gobierno estatal panista.

Remarcó que otras dos denuncias que se presentarán corresponden a la entrega de las tarjetas “Contigo”, que realiza el candidato del PAN y PRD, Francisco Vega de Lamadrid, en las cuales ofrece dos mil pesos en despensas a la gente, así como por la venta de terrenos municipales que hizo el mismo aspirante cuando fue alcalde de Tijuana, y que después vendió obteniendo sumas millonarias en su beneficio.

KIKO VEGA Y MUJERES

“La victimización es una estrategia de los panistas y perredistas, quienes recurren al chantaje en torno al avance de los acuerdos del Pacto por México, aunque entendemos su molestia, porque desde un principio han ido abajo en las encuestas”, precisó, en conferencia de prensa realizada en la sede nacional priista.

Resaltó que el proselitismo a base de propuestas que realiza el candidato priista a la gubernatura, Fernando Castro Trenti, contrasta con la guerra sucia que han desatado en su contra el PAN y el PRD.

Puso como ejemplo un video subido a las redes sociales, en las que se denosta agresivamente al abanderado priista, y resaltó que dicha propaganda fue calificada de “corriente” por el coordinador de Acción Nacional en el Senado de la República, Jorge Luis Preciado.

El delegado aseveró que en esa entidad no se ha firmado el Pacto por Baja California, porque el PAN y el PRD no estuvieron de acuerdo en el compromiso de ser propositivos y no recurrir a los ataques.

Puntualizó que junto a la campaña sucia contra el PRI, el gobierno estatal continúa utilizando en beneficio de sus planillas los programas sociales, que han sido incrementados en los últimos tres meses con fines electorales a favor del PAN.

Por su parte, Fernando Moreno Peña, delegado del CEN en Puebla, reiteró la intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle en el proceso electoral, y aseguró que debido a su desesperación está incurriendo en la manipulación de las autoridades electorales de la entidad, por lo que se ha solicitado su destitución.

A nombre del PRI exigió la destitución inmediata del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla, Armando Guerrero Ramírez, así como del secretario Ejecutivo del propio Consejo Electoral, Miguel David Jiménez López, y la consejera electoral Olga Lazcano López, debido a que tienen conflictos de intereses y no responden a las exigencias constitucionales de garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza en los comicios.

Destacó que hasta el momento el PRI ha presentado 144 denuncias e impugnaciones ante el Instituto Estatal Electoral, cuyo consejero presidente, Armando Guerrero Ramírez, obedeciendo las indicaciones del gobernador, aseguró que era posible la transferencia de votos de un candidato de un partido al de otro, y permitió la alianza de una candidatura común con una coalición, cuando la legislación estatal no lo permite.

“Nos preocupa el uso del órgano electoral en la última etapa de la campaña electoral, porque viola flagrantemente la ley, los acuerdos y el adéndum del Pacto Por México”, apuntó.

El secretario de Organización del CEN, José Encarnación Alfaro Cazares, afirmó que a las evidencias de acciones ilegales en Baja California y Puebla presentadas anteriormente, hoy se suman nuevos hechos delictivos, que en todos los casos han tenido como consecuencia la interposición de recursos legales.

Las elecciones, aseguró, se ganan con votos, no con quejas; pero no hemos querido ser omisos ante estas irregularidades, porque consideramos que estas denuncias deben ser del conocimiento de la opinión pública, para reiterar nuestra postura a favor de la legalidad.

“Los priistas no necesitamos sufragios al margen de la ley; las elecciones se ganan en las urnas, no se pactan”, subrayó Alfaro Cazares, quien puntualizó que el PRI triunfará el 7 de julio con preparación, convencimiento, trabajo y organización.

En la conferencia de prensa se exhibieron las pruebas que fundamentan las denuncias presentadas por el PRI ante las autoridades electorales de Baja California y Puebla.