Las playas son de todos … los Beltrone$ and friend$

El acceso a nuestras playas y costas es un problema de clases sociales, no de nacionalidades.

Joaquín Bohigas Bosch / 4Vientos

Sigilosamente, Manlio Fabio Beltrones y otros dos diputados presentaron una iniciativa de ley que modifica el régimen de propiedad en México (Gaceta Parlamentaria, Número 3751-X). El 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que autoriza que los extranjeros puedan adquirir tierras “en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas … siempre y cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales” (por ahora). Permanece la frase que establece que “los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas” (por ahora).

Esta sorpresiva decisión causó indignación entre los que más han defendido la soberanía nacional, la integridad cultural de Baja California y los derechos colectivos de la ciudadanía. Su principal preocupación no es lo que pueda suceder en la franja fronteriza o a unos kilómetros del mar, sino que se multipliquen las indignidades que ya sufrimos en el usufructo de nuestras playas. Alarmados, pronostican que “la costa dejará de ser nuestra” y que perderemos patrimonio arqueológico, flora, fauna, aves y mamíferos marinos. Incluso auguran que el “sueño estadounidense de apoderarse de la península está por hacerse realidad”.

Estas preocupaciones no son nuevas. La costa y la frontera empezaron a dejar de estar en manos mexicanas desde hace más de 40 años. Industrias de corporaciones japonesas, alemanas o coreanas, son la base económica de los estados colindantes con Estados Unidos. Las mejores playas de centros turísticos, como Cancún y Cabo San Lucas, han sido tomadas por cadenas hoteleras españolas, norteamericanas o francesas. Fraccionamientos y condominios para turistas y jubilados estadounidenses impiden acercarse a las playas y no dejan ver los paisajes que antes disfrutábamos al transitar por la carretera que une a Tijuana y Ensenada.

Vista panorámica de la zona hotelera de Cancún.
Vista panorámica de la zona hotelera de Cancún.

El instrumento que legalizó esta transformación fue un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1971, que autoriza a instituciones nacionales de crédito para adquirir terrenos destinados a la vivienda y a actividades turísticas e industriales en nuestras fronteras y costas. Mediante un fideicomiso, estas instituciones le “venden” la propiedad a los extranjeros, que de esta truculenta manera eluden la prohibición (aun) estipulada en la Constitución. En lo que va de este siglo, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó casi 50 mil fideicomisos.

Como si fueran representantes de posibles compradores extranjeros, Beltrones y asociados alegan que estos “no perjudican de modo alguno la soberanía” y enfrentan “altos costos derivados de la constitución de los fideicomisos”. Asimismo, argumentan que su iniciativa “dará certeza a la inversión extranjera en vivienda” y se ha repetido hasta el cansancio que ésta atraerá una gran cantidad de divisas foráneas (de las que se apropiarán los especuladores), promoverá el turismo a niveles nunca vistos (falso: los propietarios de casas particulares no van a hoteles y restoranes y el estilo de vida de los jubilados es austero) y generará empleos (mucamas, jardineros y, por un rato, trabajadores asociados a la construcción). Argumentos poco convincentes.

También se ha mencionado que, en lo que toca a propiedades inmobiliarias, los extranjeros tienen las mismas prerrogativas que los nativos en la mayor parte de las naciones. En particular, son muchos los mexicanos que tienen propiedades cerca de la costa de Estados Unidos, como los modestos jacales de la “profe” en San Diego, o sobre la frontera de este país con México. Por último, Beltrones y asociados razonan que no tiene sentido preservar un texto constitucional que no se ejerce en la práctica. Este es su mejor argumento.

Este último argumento es suficiente para aprobar esta iniciativa, porque las otras alternativas son peores. Se tolera la simulación y se cobijan prácticas abusivas si se preserva el acuerdo de 1971 y el actual texto constitucional. Si se deroga el acuerdo de 1971 y da por terminado el régimen de fideicomisos, se imposibilita la propiedad extranjera de cualquier tipo en nuestras fronteras y costas, lo que llevaría al desalojo de decenas de miles de industrias, hoteles y propietarios particulares. A mi entender, sería una estupidez mayúscula.

Vista panorámica de la modesta colonia danesa situada en San Juan de las Pulgas, Ensenada, Baja California, México.
Vista panorámica de la modesta colonia danesa situada en San Juan de las Pulgas, Ensenada, Baja California, México.

El acceso y uso público de nuestras playas y costas sigue siendo una garantía constitucional, ya que la definición de la Zona Federal Marítimo Terrestre incluye una “franja de [apenas] veinte metros de ancho de tierra firme transitable y contigua al mar” que es “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Pocas autoridades hacen efectiva esta garantía. Los pobres no son bien vistos en las playas que están junto a los hoteles de lujo y hay grandes tramos de nuestras costas a los que no podemos entrar. Muchos están ocupados por extranjeros, como la colonia danesa Tvind en San Juan de las Pulgas. Muchos otros, como Punta Banda (o Brava) en la bahía de Todos Santos, son propiedad de mexicanos. El acceso a nuestras playas y costas es un problema de clases sociales, no de nacionalidades.

Vista parcial de Punta Banda (o Brava), uno de los lugares más bellos que hay en la costa de la Bahía de Todos Santos, en Ensenada, Baja California. Una malla ciclónica impide entrar a esta región de mas de cien hectáreas, en donde pretenden construir un campo de golf, un hotel con 40 habitaciones y 81 exclusivas villas. Obviamente, es un desarrollo para millonarios de cualquier nacionalidad.
Vista parcial de Punta Banda (o Brava), uno de los lugares más bellos que hay en la costa de la Bahía de Todos Santos, en Ensenada, Baja California. Una malla ciclónica impide entrar a esta región de mas de cien hectáreas, en donde pretenden construir un campo de golf, un hotel con 40 habitaciones y 81 exclusivas villas. Obviamente, es un desarrollo para millonarios de cualquier nacionalidad.

Nos gusta creer que las playas son de propiedad común, pero en realidad, cuando es de su interés, están en manos de unos cuantos oligarcas. El consorcio de Carlos Slim ha comprado miles de hectáreas ejidales en la costa oriental de Baja California. Al otro lado del golfo, en Puerto Peñasco y a lo largo del bulevar Beltrones, que va de Guaymas hasta poco mas allá del puerto de San Carlos, los propietarios de los terrenos costeros están de plácemes porque esta reforma reactivará la actividad inmobiliaria, que en esa región “cayó en promedio 4.5% anual del 2008 al 2012”. Éste es el probable motivo por el que se hace esta reforma al artículo 27 constitucional. Mientras el poder político municipal, estatal y nacional esté en manos de oligarcas, las playas y costas, como tantas otras cosas, seguirán siendo de Beltrones & Friends.

Noviembre 29, 2011. Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, inaugurando obras de modernización del bulevar Beltrones en San Carlos. Tuvieron un costo de 40 millones y van a invertir otros 30.
Noviembre 29, 2011. Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, inaugurando obras de modernización del bulevar Beltrones en San Carlos. Tuvieron un costo de 40 millones y van a invertir otros 30.