¿Cultura de la legalidad o el uso de la ley para criminalizar la protesta social?

Los Ejidos Constitución y Benito Juárez, dos casos de aplicación selectiva de la Cultura de la legalidad.

Organizaciones Civiles de Chihuahua

 PREDIO EL CALERO

CALEROEl Ejido Constitución del Municipio de Buenaventura, está en la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, en zona de veda para la extracción de agua. La señora Eva Hart, deforestó 725 hectáreas para abrirlas al cultivo sin el permiso de uso de suelo, perforó ilegalmente 5 pozos que dejarán al pueblo sin agua y estaba a punto de electrificarlos. Los ejidatarios de Constitución acudieron a las instancias legales correspondientes, la PROFEPA le fincó responsabilidad administrativa por dos millones 750 mil pesos por el desmonte y la obligación de reforestar, la sanción nunca se ejecutó. En septiembre de 2012 los ejidatarios la denunciaron en la PGR por delitos ambientales. Por si fuera poco, de acuerdo a la Resolución Presidencial de fecha 18 de agosto de 1977, los terrenos que actualmente tiene en posesión la Sra. Hart corresponden al Ejido Constitución.

Ante los oídos sordos y la nula actuación de las autoridades a las denuncias presentadas, la comunidad decidió en un acto de resistencia civil pacífica, derrumbar 25 postes de concreto para electrificar que fueron instalados ilegalmente en terrenos de su ejido. Eva Hart los denunció penalmente por el delito de daños. Los ejidatarios pueden ir a la cárcel hasta por 12 años.

MINERA CANADIENSE MAG SILVER

Corrompió para obtener una concesión minera y sin cumplir con los requisitos legales la minera Cascabel filial de Mag Silver realizó trabajos de exploración en el Ejido Benito Juárez, cuyo permiso les fue negado en tres ocasiones por la asamblea ejidal, las muestras de materiales fueron depositados dentro del área común del ejido.

La concesión de Mag Silver, al igual que otras que fueron otorgadas en el país sin la debida información, consulta y consentimiento de los Pueblos en que se asientan los minerales, como obliga el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son nulas de pleno derecho y deben ser canceladas.

Ante la firme decisión del movimiento Barzonista, cuyo bastión principal se encuentra enclavado en la comunidad de Benito Juárez, la mina respondió ordenando el asesinato de los defensores de derechos humanos, Ismael Solorio y Manuelita Solís, así lo señalan las líneas de investigación de la Fiscalía sobre estos impunes crímenes.

En asamblea ejidal, los campesinos del ejido benito Juparez votaron por unanimidad la expulsión de la compañía minera canadiense de sus tierras.
En asamblea ejidal, los campesinos del ejido benito Juparez votaron por unanimidad la expulsión de la compañía minera canadiense de sus tierras.

Después del asesinato de los dirigentes Barzonistas, la comunidad exigió al gobierno y a la empresa que sacaran el material de la comunidad, se pactaron y firmaron plazos, no cumplieron, ante tal situación, el pueblo se organizó y en un acto de resistencia civil pacífica trasladó fuera del ejido, sin daño, ni robo, ni violencia, las cajas que contenían el material de exploración. La empresa canadiense solicita el cumplimiento de la cultura de la legalidad y demanda por daños a los defensores de Derechos Humanos de El Barzón a quienes les exige el pago de 40 millones de dólares equivalentes a 496 millones de pesos.

La Jornada por la Justicia que diversas organizaciones realizamos en febrero derivó en 5 mesas de trabajo para resolver las diversas problemáticas  son una simulación, nada se ha resuelto, pero ahora si la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia andan muy activos iniciando juicios contra los ejidatarios de Constitución e integrando las carpetas de investigación contra los dirigentes de El Barzón. El Fiscal General ha declarado nadie está exento de la ley, ningún grupo, ninguna persona, ningún individuo, todos tenemos que cumplir con la ley.

Para el Gobierno del Estado la Cultura de la Legalidad protege a los que corrompen autoridades, depredan el medio ambiente, perforan y electrifican pozos ilgalmente, se acaban el agua de las poblaciones, golpean y asesinan.

Para el Gobierno del Estado la Cultura de la Legalidad significa todo el peso de la ley para las y los defensores de Derechos Humanos que se organizan protestan y exigen.

Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

Movimiento Resssiste

El Barzón Chihuahua

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Red por la Participación Ciudadana

Vendedores Ambulantes 1° de Mayo de El Barzón

Mujeres por México en Chihuahua

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora

Cosyddhac

Braceros «En vida queremos nuestro pago»

Comite Medico Ciudadano Cd. Juárez

Mujeres Barzonistas

Consultoría Técnica Comunitaria

Consejos Supremos de la Tarahumara

Red Mesa de Mujeres

Arte, comunidad y equidad

Casa Amiga

Grupo Compañero

Mujeres de Pacto

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Observa Ciudadana

Red de la infancia

Consejo Ciudadano por el Desarrollo