Publicidad Oficial: el costo de la legitimidad en los estados

– Más de la mitad de los estados violan el derecho de acceso a la información al no proporcionar datos suficientes sobre sus gastos en publicidad oficial.

– Las entidades federativas se gastan montos millonarios sin reglas claras: en 2011, 27 entidades informaron haberse gastado 4,518 millones de pesos.

Fundar / Article 19

Ningún estado tiene una norma específica que determine los criterios de asignación de la publicidad oficial. Esta repartición discrecional de la pauta debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ARTICLE 19 presentaron la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas; el estudio revela entre otras cosas la prevalencia de la opacidad en los gobiernos locales.

De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad” presentado por ambas organizaciones, durante el 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos. Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 mdp).

Además se dio a conocer que en 2010 y 2011, casi las dos terceras partes de los estados sobreejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial. En 2011, por ejemplo, el 40% (1,380 millones de pesos) del total del gasto ejercido en 24 estados es un sobreejercicio.

Durante su participación Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de ARTICLE 19, advirtió que “la asignación de la pauta publicitaria es por demás discrecional y arbitraria y que es una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa”.

El Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial tiene como objetivo evaluar la transparencia y el cumplimiento del mandato constitucional (artículo 6 y 134) para los gastos en publicidad oficial.

Se evaluó la primera respuesta a tres solicitudes de información relacionadas al gasto en 2010 y 2011 en publicidad realizadas a las 32 entidades federativas: presupuesto aprobado y ejercido, así como el desglose del gasto por tipo de medio, proveedor, campaña y concepto.

Entre los resultados dados a conocer en la presentación de “El costo de la legitimidad” se destacó que la distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa: la televisión y la prensa escrita son los medios más beneficiados. De acuerdo a la información entregada por las entidades federativas, existen varios estados que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión.

En 2011, en Puebla, el gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal y en el Estado de México es del 62%. En el DF, Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%.

El índice se presenta en un contexto político en el que 14 entidades de la república tendrán elecciones locales durante el año.

La permanencia de prácticas regresivas en materia de acceso a la información sobre los gastos en publicidad oficial favorecen la opacidad y la suspicacia.

De acuerdo con Fundar y ARTICLE 19, la ausencia de escrutinio público alienta un uso desviado de estos recursos por parte de gobiernos que construyen su legitimidad a través de un simulacro de información en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.

Justine Dupuy, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, mencionó que “el problema de la asignación de publicidad oficial es un problema estructural, ya que por un lado existe una falta de regulación y por otro nos encontramos con un gasto creciente que se ejerce en total opacidad”.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que atienda sus promesas de campaña sobre transparentar estos recursos públicos. Y de igual forma, a los legisladores para que cumplan con sus obligaciones de regular el artículo 134 de la Constitución, mismo que prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial.

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