El esquema de seguridad de Baja California discrimina

Pese a que viola las garantías elementales de la población y su óptica es discriminatoria, el esquema de seguridad que se aplica en Baja California aún es considerado por muchas autoridades como modelo a seguir en todo el país, lo cual puede generar un movimiento de limpieza social contra sectores vulnerables.

Fernando Camacho Servín / La Jornada

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, advirtió lo anterior en relación con la afirmación de Miguel Ángel Guerrero, subprocurador contra delincuencia organizada del gobierno de esa entidad, quien dijo que la población no debe alarmarse por las ejecuciones del crimen organizado, pues a final de cuentas las víctimas son gente no honorable.

A pesar de que entre enero y marzo de este año ha habido más de 140 homicidios tan sólo en la ciudad de Tijuana, las autoridades menosprecian la calidad de las personas que son asesinadas, estigmatizándolas y generando un clima de discriminación, afirmó.

Sin siquiera haber iniciado una investigación formal, el gobierno ya califica a quienes son asesinados de vinculados al crimen organizado, justificando así que puedan ser privados de la vida, lamentó el activista.

Es un discurso fácil de las autoridades, y la población temerosa e ignorante de la ley y los derechos humanos lo cree fácilmente. Es un modelo que por desgracia todavía vende, y la gente acepta que haya tortura o detenciones arbitrarias, con tal de tener seguridad, añadió.

“Hace una semana estuvo aquí Roberto Campa Cifrián (subsecretario de prevención de la Secretaría de Gobernación) con el mismo discurso de que Baja California es el modelo de seguridad para todo el país, pero de esto a la limpieza social hay sólo un paso”, indicó Ramírez Baena.

Si prospera la visión de que la muerte de las personas no honorables se justifica o no debe ser motivo de preocupación, alertó, no habría freno para la criminalización de sectores vulnerables, como migrantes indocumentados, sexoservidoras o drogadictos, en una tendencia autoritaria que apoyan los grupos empresariales, ejemplificó.

“No se puede menospreciar la calidad de las personas que son asesinadas, incluidos los infractores de la ley. Por muy delincuentes que sean, si caen abatidos por la policía o enajustes de cuentas, sus muertes se deben esclarecer”, enfatizó.