El PAN propone limitar las indemnizaciones a víctimas

El blanquiazul entregó una propuesta para eliminar la obligación del Estado de otorgar indemnización económica a los afectados por la comisión de delitos.

Paris Martínez/ Animal Político

El senador Ernesto Cordero presentó este miércoles, en nombre del Partido Acción Nacional, una propuesta de reforma a la Ley General del Víctimas, que contempla, entre otras cosas, eliminar de este ordenamiento la obligación del Estado a otorgar una indemnización económica a los afectados por la comisión de delitos, que según la versión vigente de la norma debe entregarse cuando las autoridades no sean capaces de someter a los responsables a la total reparación del daño.

La iniciativa panista plantea suprimir de la ley los fragmentos en los que se establece que la autoridad “procederá a cubrir de manera subsidiaria el monto de la compensación” cuando “el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido” y, en su lugar, el proyecto del PAN prevé otorgar una “ayuda temporal” o “compensación transitoria”, que sólo cubrirá “el financiamiento de la atención urgente” y aquellos perjuicios “que requieran de atención inmediata”, pero no todas las pérdidas ocasionadas a la víctima.

Según el proyecto de reforma panista, la reparación del daño deberá correr exclusivamente a cuenta del delincuente responsable, una vez que haya sido sentenciado, y se realizará “con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos que se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado”, aunque no prevé un mecanismo para retribuir a las víctimas por la totalidad de los perjuicios causados por un delito, cuando la autoridad no dé con el responsable.

En cambio, propone eliminar todo el capítulo de la ley denominado “De la reparación”, en el cual se especifica que, “en caso de que sea imposible determinar la identidad del responsable (del delito o la violación de derechos humanos) y previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva (del Sistema Nacional de Atención a Víctimas), la víctima podrá acudir a ésta para que, a través de la misma, se proceda de manera subsidiaria a la reparación integral”.

Derechos humanos, a otro costal…

Uno de los cambios más radicales que contempla la iniciativa presentada por Cordero es separar de la Ley General de Víctimas todo lo relativo a violaciones de derechos humanos –es decir, todo lo que se refiere a víctimas no de delincuentes, sino de abusos cometidos por autoridades–, lo cual, propone, no debe ser eliminado, sino incluido en un nuevo reglamento de los artículos 1 y 103 de la Constitución.

Por ello, el PAN incluyó en su iniciativa de reforma un proyecto de Ley Reglamentaria de dichos preceptos constitucionales, que regule los mecanismos de “reparación del daño por violaciones a derechos humanos”, entre los cuales prevé el otorgamiento de indemnizaciones económicas, que deberán ser calculadas por un juez, pero aclara que quedarán sujetas “a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente”.

Ciudadanía relegada

En la actualidad, la Ley General de Víctimas establece la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas –aún en conformación– el cual deberá ser dirigido por una Comisión Ejecutiva, integrada por nueve comisionados, seis ciudadanos y tres gubernamentales. Esta comisión, según la norma vigente, deberá tomar sus determinaciones de manera democrática, “por mayoría de los presentes”.

Sin embargo, la propuesta del PAN prevé eliminar esta Comisión ciudadanizada, y sustituirla por un órgano directriz presidido por un “procurador”, el cual será “designado por el Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes presentes del Senado”.

Según el esquema propuesto por Acción Nacional, la ciudadanía contará con representantes en este órgano directriz encabezado por un procurador, pero no ya como “comisionados”, sino sólo como “consejeros”.

Otras enmiendas propuestas

A continuación, te presentamos otros derechos previstos actualmente por la Ley General de Víctimas, cuya supresión propone el PAN:

– La iniciativa panista prevé eliminar la obligación del Estado de cubrir los honorarios médicos que se generen cuando una víctima acuda a servicios particulares, ante la falta de insumos en el sistema público, y también propone derogar los apartados en los que se consagra derecho de las víctimas a que se les proporcionen servicios de “atención mental”, “odontológicos” y “de interrupción voluntaria del embarazo”.

– También contempla eliminar el párrafo en el que se establece que “en los casos en donde la víctima ha sufrido una condena ilegítima, la restitución comprende, además de la libertad en los términos que lo establezcan las autoridades competentes, la eliminación en los registros de los respectivos antecedentes penales”.

– La propuesta panista propone, además, derogar el artículo 3, que establece que “esta ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia” y, de hecho, la propuesta del PAN contempla borrar las alusiones a los “tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano” que se hacen en los artículos 1 y 11, en los que se explicitan los marcos normativos en los que se funda la Ley de Víctimas, y, en la propuesta del PAN, se prevé sustentar esta norma exclusivamente en la “Constitución y otras leyes en materia de víctimas”.

– La bancada panista también propone eliminar el párrafo 14 del artículo 5, el cual prohibe expresamente cualquier acto discriminatorio al aplicar la Ley de Victimas. A la letra, el apartado que el PAN propone borrar dice que “en el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condición de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otro que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial”

– La iniciativa de reforma de Acción Nacional prevé suprimir los párrafos en los que se establece el “derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos”.

– El PAN también propone derogar el artículo 24 de la Ley, que establece que “las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos”. El derecho a la verdad histórica no quedó contemplado tampoco en su iniciativa de ley reglamentaria a los artículos 1 y 103 de la Constitución.

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