PGR desaloja a las agencias extranjeras DEA, FBI, ICE y ATF que operaban la guerra contra las drogas en México

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, revisa escrupulosamente la diplomacia secreta de Felipe Calderón que permitía a las agencias extranjeras, DEA, ICE, ATF y FBI, el control de la PGR en la “guerra” contra las drogas.

 Rodolfo Sánchez Mena / Juegos de poder

La PGR resultó desmantelada a consecuencia de los convenios establecidos por Felipe Calderón con las agencias predominantemente estadunidenses, a espaldas del Congreso mexicano. Las agencias realizaron al interior de la PGR supuestas operaciones de “limpieza”, para encarcelar y perseguir a funcionarios acusados de vínculos con narcotraficantes para apoderarse de las áreas estratégicas y no tener testigos incómodos que delataran o dieran cuenta de sus operativos clandestinos.

Murillo Karam recibió de manos de la exprocuradora, Maricela Morales,  una dependencia en manos de las agencias extranjeras, devastada y depredada, como el transporte aéreo saqueado.

El procurador formula una nueva estructura, adecuada a la nueva estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Simultáneamente, se reemplazan los mecanismos que impulsaban la política de violencia que produjo en el país miles de muertes, desaparecidos y migrantes víctimas.

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concentraba las operaciones contra el narcotráfico, dirigidas por las agencias extranjeras, que operaban desde la PGR y su búnker en Reforma. García Luna tenía el mando único de la estrategia de violencia. Esta situación cambió en segundos, al finalizar el sexenio, cuando personal de García Luna, en el poblado de Tres Marías, emboscó y disparó contra dos funcionarios de la CIA, provenientes de Afganistán.

Los agentes estadunidenses instalados en la PGR, pusieron en práctica operaciones diseñadas por el general Petraeus cuando era comandante en Irak y posteriormente en Afganistán, dirigidos a “pacificar” a la población. La “pacificación” se entiende como operaciones quirúrgicas ejecutadas por comandos, aunque causen daños “colaterales” a la población.  Petraeus sería ascendido a dirigir la CIA y obligado a dimitir, por el escándalo de los generales amorosos.

La estrategia de “pacificación”, diseñada por Petraeus en Irak y Afganistán, condujo a Estados Unidos al fracaso en estas guerras de ocupación, y a proceder al retiro de sus tropas dejando atrás e inconclusa su estrategia de contención a China y Rusia.

La puesta en marcha en México de la estrategia de desmantelamiento de los cárteles con la pacificación, diseñada en Irak y Afganistán, condujo a una catástrofe política, tanto al gobierno de Obama como al de Calderón. El mejor ejemplo de esta catástrofe política y humanitaria son los miles de desaparecidos, 27 mil según la Secretaría de Gobernación. A muchos de ellos los incineraron, como dan testimonio los familiares de las víctimas. Otros permanecen en cementerios gigantes y clandestinos. La consigna era no dejar ninguna huella de las operaciones negras, como en Irak y Afganistán.

Las operaciones tipo Afganistán, de abasto de armamento a la guerrilla para prolongar la permanencia del Ejército estadunidense y prolongar la guerra en Pakistán, se tradujo en México en la operación Rápido y Furioso, consistente en dotar de armamento y equipo a los narcotraficantes, así como de capacidad financiera, mediante acceso a los mecanismos de blanqueo e inversión de los recursos lavados.

Como todo mundo está enterado, la operación Rápido y Furioso,  condujo a la muerte de un agente estadunidense al ser ejecutado con una arma entregada por el gobierno norteamericano a los narcotraficantes. Pero el costo de esta operación directa del gobierno de armar a los cárteles de la droga para ampliar la intervención estadunidense en México, lo pagaron los mexicanos con miles de muertos y forzados a desparecer, y migrantes centro y suramericanos asesinados.

La puesta en marcha de este operativo a espaldas del Congreso de Estados Unidos, les ha costado la dimisión y cárcel a funcionarios del procurador Eric Holder, mientras este funcionario espera a ser procesado o quizá el propio Obama. Pese a las evidencias del involucramiento desde el más alto nivel del gobierno mexicano, la impunidad como regla de oro está vigente.

Otro operativo tipo Afganistán es retener ilegalmente y convertir a los prisioneros en testigos protegidos. El testigo protegido más famoso de los agentes estadunidenses, en la PGR, es La Barbie. Con este testigo protegido se inculpó a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, acusados de proteger las operaciones que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva realizaba en Quintana Roo, el Distrito Federal y Morelos. No se les libera por presión de la Embajada de Estados Unidos.

La recuperación del territorio de la PGR por Murillo Karam, dio lugar a  suspender los pagos a los testigos protegidos. El programa de testigos y colaboradores, suma en promedio 40 personas; se les entregan de 50 mil a  150 mil pesos mensuales, además de personal para su seguridad, pago de vivienda y alimentación para ellos y sus familias.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, los testigos protegidos tuvieron un costo de 180 millones de pesos, 35 millones anuales. De 2003 a 2008 se incorporaron a este programa 400 personas; de 2009 a 2012 se mantuvo mensualmente un promedio de 40 de estos testigos y sus familias.

Las actividades de centenares de agentes extranjeros en México que operaban la PGR, bajo la cobertura de la diplomacia secreta de Calderón, permitían definir la política de abasto al mercado global de las drogas, por el papel concentrador asignado a los cárteles mexicanos, proveedores de la bolsa.  Así como regular los flujos de recursos financieros y sus mecanismos de blanqueo e inversión. De igual forma, la compra y transferencia de armamento y equipo de seguridad.

El Plan Mérida culminó en un gigantesco desastre. ¿Ahora qué sigue?