Avanza peligrosamente el paramilitarismo en México

Entre los varios asuntos importantes que fueron desplazados de la atención mediática por el estallido en el edificio B2 de Pemex está el de las policías comunitarias en el estado de Guerrero y en especial el caso de Ayutla, donde se instaló un jurado popular que pretende castigar a decenas de personas por fuera de los cauces institucionales y con procedimientos sumarios.

Julio Hernández López*

 Tan grave es esa descalificación social de la legalidad mexicana y de la respetabilidad de sus procedimientos y resultados, que fue ampliamente difundida por la agencia Reuters (http://bit.ly/XjUXFJ ) y publicada en primera plana de The Wall Street Journal (en http://on.wsj.com/WKJdQD la versión en español) con fotografías de Mauricio Palos (véase el álbum Tomando la ley en sus propias manos http://on.wsj.com/14NvRq3 ). Ayutla y su jurado popular confirman el carácter creciente de la insubordinación social ante el fracaso de los políticos y las autoridades mexicanas para enfrentar el problema de la inseguridad pública extrema.

El funcionamiento de las policías comunitarias en Guerrero tiene fundamento en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, que el 25 de febrero de 2011 promulgó y publicó el entonces gobernador perredista Zeferino Torreblanca (http://bit.ly/14NxKD9 ). A ella se atuvo el actual mandatario también perredista, Ángel Aguirre Rivero, para sobrellevar la realidad de las comunidades que fueron organizando su propia policía, pero sin expedir un reglamento, para lo que crecía de manera factual.

Un día antes del estallido en un edificio de Pemex en la capital del país, por ejemplo, 30 comunidades de varios municipios guerrerenses, sobre todo del de Florencio Villarreal, donde está la comunidad Cruz Grande, en la Costa Chica, decidieron formar nuevos cuerpos de policía comunitaria (http://bit.ly/WKN4gg ). Este domingo, 80 ciudadanos de Cuautepec, otro municipio agregado al territorio comunitario, fueron elegidos en asamblea para que, sin capucha, formen la nueva policía popular (http://bit.ly/WMUooF ). En Tixtla, municipio perteneciente a la región Centro del estado, fueron designados 45 policías comunitarios más.

El movimiento de autodefensa civil se denomina Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dirigido por Bruno Plácido Valero, y ha obligado al gobernador Aguirre Rivero a poner atención especial, sobre todo a partir de la detención de decenas de presuntos delincuentes a los que en asamblea popular se les han presentado acusaciones y los que estarían en ruta de ser sentenciados a finales del mes en curso. Algunas voces han pedido pena de muerte para algunos de los procesados.

El proceso comunitario iniciado el 6 de enero no ha quedado solamente en la UPOEG, pues ya ha surgido la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), generando divergencias fuertes entre ambas organizaciones. Lentamente se va asentando la historia del paramilitarismo tan utilizado en Colombia (país de origen del general que Peña Nieto anunció como su asesor para combatir al narcotráfico mexicano, el amenazante Óscar Naranjo) para justificar enfrentamientos entre grupos contrarios y para golpear a movimientos opositores y asesinar a líderes sociales con cargo a esos grupos sin control. Y también se han producido hechos sombríos: viajeros de la capital del país que no se detuvieron en un retén de policías comunitarios en Las Mesas recibieron un impacto de bala en el medallón de su automóvil, y ayer se denunció que un grupo de encapuchados había violado a siete mujeres, seis españolas y una mexicana, en Acapulco.

Julio Hernández López. Autor de la columna periodística Astillero, publicada en La Jornada.

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