Otra Recomendación de la CNDH por violación a derechos humanos en Baja California. Ahora por el caso kumiai de La Huerta

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitió con una diferencia menor a dos meses, la segunda recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por hechos presuntamente violatorios a derechos humanos de 14 miembros de la comunidad indígena kumiai de La Huerta, Ensenada, Baja California.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

En su Recomendación, la segunda del presente año y con fecha de emisión el pasado 21 de enero, el ombudsman de los Derechos Humanos en México sanciona el caso del cateo ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad, tortura, tratos inhumanos y actos intimidatorios en contra de los indios nativos, hechos ocurridos el pasado 30 de julio del año pasado.

Detalla las agresiones físicas y verbales que elementos militares presuntamente destacados en el Segundo Regimiento de Caballería Motorizada de la Segunda Zona Militar, cometieron ese día en perjuicio de cinco menores de edad (cuatro niñas entre los 12 y 15 años de edad y un niño de 13), siete mujeres adultas y dos hombres adultos.

Entre las recomendaciones que la CNDH hace al titular de la SEDENA está el que gire instrucciones para que se proceda a la reparación del daño ocasionado a los habitantes de la comunidad indígena Kumiai de La Huerta, que incluya la atención médica y psicológica necesaria, debiéndose informar a esta institución sobre el resultado de las mismas.

También que se adopten las medidas necesarias a fin de que se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda por tratarse de servidores públicos federales cuya conducta motivó el pronunciamiento, y se remitan a la Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Y que se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en contra de los militares que intervinieron en los hechos que se consignan en este caso, y se remitan a este organismo nacional las evidencias que les sean solicitadas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento.

Cabe destacar que el jefe de las fuerzas armadas destacadas en la Segunda Región Militar -abarca los estados de Baja California, Sonora y Baja California Sur- al momento de los acontecimientos en La Huerta, era el general de división Alfonso Duarte Mújica, actual comandante del Primer Cuerpo del Ejército con sede en la ciudad de México, cargo con el que lo distinguió Enrique Peña Nieto luego de que éste lo destituyera del mando castrence regional el pasado 2 de enero.

Asimismo es objeto de 25 demandas por tortura radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, se le menciona en la recomendación 87/2011 de la CNDH -también por tortura- y se le identifica como el operador del fallido operativo contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon en junio de 2011, en el que una juez federal concluyó que tropas del Ejército rindieron informes falsos para incriminar al poderoso dueño del Grupo Caliente.

También se le menciona como «incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán cuando (el presunto capo del narcotráfico) estuvo en San Quintín en 2011 y en Los Cabos en febrero de 2012″.

Además, a mediados de 2011 se difundieron videos en el que frente al gobernador José Guadalupe Osuna Millán “regañó” al entonces secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, y dijo a la diputada del Partido del Trabajo Claudia Agatón Núñez, y al coordinador estatal y regidor del mismo órgano partidista, Armando Reyes Ledesma, que en los estados donde era máximo jefe militar «no hay fueros».

Y apenas el pasado 29 de noviembre de 2012 la CNDH emitió la Recomendación número 72/2012, dirigida al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, y al gobernador Osuna Millán-, relativa al cateo ilegal, uso arbitrario de la fuerza pública, detención arbitraria y tortura en agravio de integrantes de la familia Luna Durán –incluido un menor de edad y una persona de la tercera edad que posteriormente falleció por complicaciones de salud agravadas por su encarcelamiento ilegal-, así como tratos crueles e inhumanos y  violación al derecho a la protección a la salud en perjuicio de algunos de los detenidos por militares de élite en hechos ocurridos en el poblado de Maneadero el 7 de marzo del año 2011.

Dado el interés público que reviste la nueva Recomendación 2/2013 de la CNDH, A los Cuatro Vientos la presenta íntegra a los cibernautas:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendación número 2/2013

Sobre el caso del cateo ilegal en el domicilio de v1 y v3, privación ilegal de la libertad y tortura en agravio de v1, tratos inhumanos en agravio de v2, v3, v5, v6, v11, v12, v13 y v14, y actos intimidatorios en contra de v4, v7, v8, v9 y v10, integrantes de la comunidad indígena kumiai en Baja california, México

México, D. F., a 21 de enero de 2013.

General secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional

1.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, primer párrafo, 6, fracciones I, II y III, 15, fracción VII, 24, fracción IV, 42, 44, 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 136 de su reglamento interno, ha examinado los elementos de evidencia contenidos en el expediente número CNDH/2/2012/7245/Q, derivado de las quejas formuladas por V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, relacionadas con los hechos ocurridos el 30 de julio de 2012 en Ensenada, Baja California.

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 147 de su reglamento interno. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que ésta dicte las medidas de protección correspondientes y visto los siguientes:

I. HECHOS

3. Mediante comparecencia de 2 de agosto de 2012 y escritos de queja presentados el 8 del mismo mes y año ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, por V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, integrantes de la comunidad indígena Kumiai en Ensenada, Baja California, se denunció lo siguiente:

4. El lunes 30 de julio de 2012, alrededor de las 22:00 horas, elementos militares llegaron en una camioneta pick up blanca y dos camionetas Cheyenne a la comunidad de “La Huerta”, en el citado municipio, e ingresaron violentamente al domicilio de V1 gritando y apuntándoles con armas a los presentes en búsqueda de armamento. Después, desordenaron la casa y amenazaron a las personas que se encontraban en la misma, manifestando que buscaban a V1 a quien, posteriormente cuando encontraron, golpearon y maltrataron. Posteriormente prosiguieron con los maltratos hacia las personas que se encontraban en el domicilio, resaltando el caso de los golpes que recibió en la cara V11, mujer de 20 años de edad, hija de V7.

5. Después, V1 fue sacado de su domicilio y arrojado a la camioneta pick up y trasladado a un rumbo desconocido, en donde lo siguieron golpeando y torturando, y finalmente llegaron a un lugar llamado el “Puente de San Salvador de la Carretera Ojos Negros” en el Municipio de Ensenada, Baja California, en donde lo tiraron al suelo y amenazaron para que no hablara de lo sucedido.

6. El 9 de agosto de 2012, el expediente PDH/ENS/Q/142/12 fue remitido a esta Comisión Nacional y turnado a la Cuarta Visitaduría con el número de expediente CNDH/4/2012/7245/Q. El 30 de agosto de 2012, mediante acuerdo, dicho expediente fue remitido a la Segunda Visitaduría para su integración y resolución debido a que los hechos denunciados guardaban relación con otras quejas que se investigan en dicha Visitaduría, por lo cual se radicó el expediente CNDH/2/2012/7245/Q.

7. En este sentido, y con la finalidad de corroborar los hechos relatados por los agraviados y verificar la existencia de violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad de Kumiai, visitadores adjuntos y peritos de este organismo nacional realizaron diversos trabajos de campo para recopilar información y documentos relacionados con las acciones que dieron motivo a las quejas. Asimismo, se solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, cuya valoración lógico jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta recomendación.

II. EVIDENCIAS

8. Copias de los escritos de queja presentados por V1, V2, V3, V4, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, integrantes de la comunidad indígena Kumiai del municipio de Ensenada, presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y

Protección Ciudadana de Baja California el 8 de agosto de 2012, remitidas a esta Comisión Nacional el 9 del referido mes y año, en los que hicieron valer violaciones a los derechos humanos en su agravio y en el de V12, V13 y V14; así como los originales de dichos escritos a los que se agregó el escrito de queja de V11.

9. Oficio de 9 de agosto de 2012 mediante el cual se remitió el expediente PDH/ENS/Q/142/12 iniciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California a la Oficina Regional en Tijuana, Baja California de esta Comisión Nacional, del cual destaca lo siguiente:

9.1. Reporte de 30 de julio de 2012 rendido por V2, V7, V8, V10 y V11, ante el Delegado Municipal de Real de Castillo en Baja California, para manifestar los hechos materia de la queja.

9.2. Recetas emitidas por médicos adscritos a la Secretaría de Salud de Baja California a V1 y V11 de 21 de septiembre de 2012 y 1 de agosto del mismo año, respectivamente.

9.3. Radiodiagnósticos emitidos el 1 de agosto de 2012 por un médico de la clínica de Endoscopía y Endocirugía de Ensenada, para determinar el estado físico de V1, V2 y V11.

9.4. Certificaciones de comparecencias de V1 y V7 realizadas el 2 de agosto de 2012 en las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

9.5. Acuerdo de 2 de agosto de 2012 signado por el subprocurador de los Derechos Humanos en Ensenada por medio del cual se remite el expediente en cuestión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

10. Escrito recibido por este organismo nacional el 11 de agosto de 2012 mediante el cual un periodista del East County Magazine informa sobre los hechos materia de la queja.

11. Actas circunstanciadas en las que constan las entrevistas rendidas por V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10 ante personal de esta Comisión Nacional el 27 de agosto de 2012, y a las cuales se anexan varias fotografías de V1, V2 y V7.

12. Acuerdo de 30 de agosto de 2012 mediante el cual el Presidente de esta Comisión nacional de los Derechos Humanos turna el presente expediente de queja a la Segunda Visitaduría a efecto de continuar el trámite de integración.

13. Acta circunstanciada en la que consta la visita realizada los días 3 y 4 de septiembre de 2012, por personal de este organismo nacional a la comunidad indígena Kumiai “La Huerta” en Ensenada, Baja California, a la que se anexan fotografías que ilustran el entorno de la comunidad, así como de algunos de los agraviados.

14. Actas circunstanciadas de 3 de septiembre de 2012 en las que se hacen constar las entrevistas rendidas por V3, V5, V7, V8, V9, V10 y V11 el mismo día ante personal de esta Comisión Nacional, y a las que se anexan copias de sus identificaciones personales así como ilustraciones de los hechos realizados por V7 y V11.

15. Certificados médicos de V1, V2 y V11 realizados el 3 y 4 de septiembre de 2012, por un perito médico adscrito a este organismo nacional con el fin de determinar el estado físico de los agraviados.

16. Acta circunstanciada de 4 de septiembre de 2012 en la que se hace constar la visita que realizó personal de esta Comisión Nacional a la Delegación de Ejido Real del Castillo en Ensenada, Baja California ese mismo día, para obtener información relativa a los hechos materia de la queja, en donde se obtuvieron los siguientes documentos:

16.1 Reportes de 4 de septiembre de 2012 de la Delegación de Real de Castillo en los que constan que los agraviados manifestaron haber sido agredidos por personal militar el día de los hechos.

16.2 Informe de 30 de julio de 2012, signado por el encargado de la Guarda Saliente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante el que se rinde parte de novedades sobre los hechos materia de la queja.

17. Acta circunstanciada de 10 de septiembre de 2012, en la que consta la visita que realizó personal de esta Comisión Nacional al Instituto de Servicios de Salud Pública en Ensenada, Baja California, lugar en el que se entrevistaron con la responsable del Programa de accidentes y lesiones del Instituto y a la que se anexa copia simple de la hoja de registro de atención por violencia y/o lesión en la que se advierte que el día 30 de julio de 2012, V1, V2 y V11 presentaron distintas lesiones.

18. Acta circunstanciada de 10 de septiembre de 2012, en la que consta la visita realizada el 5 del mismo mes y año, por personal de este organismo nacional en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República de Ensenada, Baja California, en donde se consultó la averiguación previa 1, integrada por las siguientes actuaciones:

18.1 Acuerdo de inicio de 16 de agosto de 2012, realizado por SP1, agente del Ministerio Público Federal titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas por los hechos denunciados por V1, V2, V7, V8, V10 y V11, probablemente constitutivos de delito de abuso de autoridad.

18.2 Oficio número 3999 de 26 de agosto de 2012, mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación solicita al comandante de la Guarnición Militar en el Ciprés, Baja California, información respecto de si elementos a su cargo realizaron un operativo el día de los hechos materia de la queja.

19. Oficio V2/77415 de 12 de septiembre de 2012, por el que este organismo nacional solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional la adopción de medidas cautelares con el fin de que cese cualquier acto en contra de los agraviados por parte de dicha autoridad.

20. Oficio DH-II-13194 de 14 de septiembre de 2012, ingresado el mismo día a este organismo nacional, mediante el cual el subdirector de Asuntos Nacionales de Secretaría de la Defensa Nacional informa que se aceptan las medidas cautelares solicitadas en el punto anterior.

21. Actas circunstanciadas de 19 de septiembre de 2012, en las que constan las entrevistas del mismo día de V2 y V4 ante personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la que se anexan fotografías del lugar de los hechos.

22. Opinión psicológica de V5, V6, V12, V13 y V14, realizada por un médico perito en psicología de este organismo nacional el 3 de septiembre de 2012 y emitida el 24 del mismo mes y año, con el fin de determinar si los actos motivos de la queja produjeron en ellos alguna alteración psicológica.

23. Informe de 24 de septiembre de 2012, signado por el jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada al cual se anexan las hojas de registro de atención por violencia y/o lesión de V1, V2 y V11, de 1 de agosto de 2012.

24. Valoración psicológica de V11 realizada por un médico perito en psicología de este organismo nacional el 4 de septiembre de 2012 y signado el 26 del mismo mes y año con el fin de determinar si los actos motivos de la queja produjeron en ella alguna alteración psicológica.

25. Oficio DH-I-13840 de 27 de septiembre de 2012, en el que consta el informe signado por el jefe de la Sección de Quejas de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al cual anexó el correo electrónico de imágenes número 2/0032087 de 19 de septiembre de 2012, en el cual el comandante de la Segunda Zona Militar manifestó que el personal militar a su cargo no participó en los hechos motivo de la queja.

26. Oficio SSPE/DAI/1731/2012 de 28 de septiembre de 2012, ingresado a este organismo nacional el 12 de octubre de 2012 y signado por el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California en el que se asegura que no se cuenta con registro de que elementos de dicho órgano de seguridad hayan participado en el operativo el día de los hechos.

27. Oficio DHQJ/074/2012 de 8 de octubre de 2012, ingresado a esta Comisión Nacional el 10 de octubre de 2012 y signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California al que se anexa el oficio 5045/ENS/2012 signado por la subprocuradora de Justicia del estado Zona Ensenada mediante el que se informa que no se localizó ninguna averiguación previa relacionada con los hechos motivo de la queja.

28. Oficio DEBC/6348/2012 de 9 de octubre de 2012, enviado por el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Baja California al que se anexa oficio 4324 de 25 de septiembre de 2012, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa I de Averiguaciones Previas, en el que constan las diligencias que integran la averiguación previa 1.

29. Opinión médico-psicológica sobre atención a posibles víctimas de maltrato y/o tortura, aplicada a V1 el 4 y 19 de septiembre de 2012 y signado el 10 de octubre del mismo año, por un perito de este organismo nacional.

30. Acta circunstanciada en donde consta la reunión que se llevó a cabo el 17 de octubre de 2012 en las instalaciones de esta Comisión Nacional entre personal de este organismo y asesor de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.

31. Acta circunstanciada de 25 de octubre de 2012 a la que se anexan notas periodísticas en las que se narran los hechos ocurridos el 30 de julio de 2012.

32. Opinión médica de V1, V2 y V11 emitida el 30 de octubre de 2012 por médicos de esta Comisión Nacional para determinar el estado físico de los mismos.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

33. Con motivo de la comparecencia de V1 ante la Delegación de la Procuraduría General de la República de Ensenada, Baja California, en la que éste entregó copia del escrito que presentó el 2 de agosto de 2012 en la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del mencionado estado y en el que manifestó que elementos militares ingresaron a su domicilio sin autorización, se lo llevaron detenido violentamente y sustrajeron diversos objetos, el 16 de agosto de 2012, SP1, agente del Ministerio Público Federal titular de la Mesa IV de Averiguaciones Previas, inició la averiguación previa 1.

34. Por otro lado, en el informe rendido por el jefe de la Sección de Quejas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se sostuvo que tras realizar una búsqueda en sus archivos, no se encontraron antecedentes en los cuales se asiente que personal militar haya participado en los hechos motivo de la queja; por lo que no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo de investigación relacionado con dichos actos ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

35. Asimismo, mediante documento de 12 de septiembre de 2012, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, adoptara medidas cautelares efecto de que cesara cualquier acto de hostigamiento en contra de los agraviados.

36. En respuesta a lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un informe firmado por el subdirector de Asuntos Nacionales de dicha Secretaría mediante el cual se aceptaron las medidas cautelares solicitadas.

IV. OBSERVACIONES

37. Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y V14, es necesario precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, siempre y cuando tengan competencia para realizar dichas tareas, sino a que con motivo de ello se vulneren derechos humanos; por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes.

38. De igual manera, se estima conveniente explicar el contexto en el que éstos se desenvolvieron, a fin de tener una más clara comprensión de la gravedad de las afectaciones, por tratarse de la violación a derechos humanos de personas pertenecientes a una comunidad indígena. Kumiai es una comunidad localizada en la carretera Federal de Tijuana a la Rumorosa y constituye el grupo indígena más numeroso que habita en Baja California, con 394,738 habitantes, entre sus distintos asentamientos étnicos. Su idioma común es el Kumiai, lengua indígena perteneciente a la familia lingüística yumano-cochimí.

39. Sus territorios ancestrales han sido divididos por la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha dado lugar a un desarrollo de diversas culturas dentro de la misma comunidad. La comunidad habita en encinares, pues se sabe que cerca de donde crecen los encinos hay agua y alimento; entre las actividades que realizan en los asentamientos del territorio mexicano, se encuentra la artesanal, la cual se considera relevante por representar su cultura, además de que ha sido una importante fuente de ingresos para las mujeres, también recolectan frutos en noviembre y diciembre y cuidan el ganado caprino y vacuno. En cuanto a los hombres, éstos salen a trabajar en los campos de vid del Valle de Guadalupe.

40. Ahora bien, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/2/2012/7245/Q, se advierten conductas que configuran violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, legalidad, seguridad jurídica, libertad, integridad y seguridad personal, a la protección a la salud y al trato digno, por hechos consistentes en cateo ilegal, privación ilegal de la libertad y tortura en agravio de V1; tratos crueles, inhumanos y degradantes en agravio de V2, V3, V5, V6, V11, V12, V13 y V14; y tratos intimidatorios en agravio de V4, V7, V8, V9 y V10 por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

41. De acuerdo con el informe signado por el jefe de la sección de quejas de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional que consta en oficio DH-I-13840 de 27 de septiembre de 2012 y que remite el correo electrónico de imágenes número 2/0032087 de 19 de septiembre de 2012 suscrito por el comandante de la Segunda Zona Militar, no se tiene ningún registro en el que conste que elementos militares estuvieron presentes durante los hechos motivo de la queja.

42. Sin embargo, obran en el expediente evidencias a partir de las cuales se puede observar que elementos de la mencionada secretaría fueron los causantes del desarrollo de los hechos ocurridos el 30 de julio de 2012, alrededor de las 22:00 horas, en la comunidad indígena Kumiai “La Huerta” en Ensenada, Baja California.

43. Es relevante destacar que de los agraviados, 5 son menores de edad, entre los cuales 4 son niñas (V5, V6, V13 y V14) entre los 12 y 15 años de edad y 1 niño (V12) de 13 años de edad; además, de los adultos que estuvieron presentes 7 son mujeres (V3, V4, V7, V8, V9, V10 y V11) y 2 son hombres (V1 y V2). V1, V7 y V10 son hermanos e hijos de V8; V11 es hija de V7; V6 es hija de V3; V12 es hijo de V9 y V13 y V14 son hijas de V10. De esta forma se puede observar que los elementos militares se introdujeron en un lugar en el que no solamente habitaba una comunidad indígena, sino familias, que previo a la intervención de los referidos elementos, se sentían seguras y libres, sin embargo, después de los hechos referidos, según se advierte en su propio dicho, viven temerosas de que algo similar vuelva a suceder.

44. Ahora bien, como se observa de las declaraciones de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, el día 30 de julio de 2012 alrededor de las 22:00 horas, vieron pasar 3 camionetas que se dirigían al domicilio de V1 y de las cuales descendieron 20 elementos militares aproximadamente, algunos vestidos de civil y “encapuchados” y otros con uniformes camuflados beige, quienes portaban armas largas. Dichos elementos se introdujeron al domicilio de V1 sin orden judicial que amparara esta injerencia y cuando V10 preguntó “qué pasaba”, respondieron que era una “revisión de rutina”. Después comenzaron a golpear a V1 y a agredir físicamente y apuntar con armas a las personas que se habían acercado para defenderlo entre las que se encontraban V2, V7, V10 y V11.

45. Posteriormente, V1 fue introducido a una camioneta pick up blanca en la que lo llevaron a un rumbo desconocido, hasta que lo dejaron libre en el puente de San Salvador, ubicado en la carretera de Ojos Negros – Valle de Trinidad, Ensenada, Baja California. Además, los agraviados señalaron que no es la primera vez que el ejército ingresa a la comunidad de esa manera.

46. En la opinión médico-psicológica sobre atención a posibles víctimas de maltrato y/o tortura, “Protocolo de Estambul” aplicada a V1 el 4 y 19 de septiembre de 2012, éste agregó que el día de los hechos, aproximadamente a las 22:30 horas, mientras se encontraba dormido bajo un árbol fuera de su casa, vio que llegaba una pick up blanca de la que se bajaron elementos militares quienes empezaron a golpearlo y lo introdujeron a su domicilio en donde lo siguieron maltratando y le vendaron los ojos. Sin embargo, logró escuchar, que el personal militar estaba revolviendo todo dentro de la casa y “hacían un desastre”. Después de una serie de maltratos hacia a él y al resto de los agraviados lo subieron a la camioneta pick up y se lo llevaron con rumbo desconocido, liberándolo después en el puente de San Salvador.

47. Lo anterior se ve reforzado por el dicho de V7, en declaración rendida el 3 de septiembre de 2012 ante personal de este organismo nacional, quien precisó que el 30 de julio de ese año recibió una llamada telefónica de su hermana V10, quien le informó que elementos militares habían ingresado al domicilio de V1 y que lo estaban golpeando. Por ello, V7, su hija V11, y V10 se dirigieron a dicho domicilio pero fueron detenidas por los elementos militares que portaban uniforme camuflado de color beige y armas largas y les ordenaron que se detuvieran apuntándoles con dichas armas. A pesar de esto, ellas se bajaron del vehículo en el que habían llegado hasta ahí, se acercaron a la casa y pudieron observar que V1 estaba rodeado por elementos militares, quienes lo estaban golpeando.

48. Además, en las declaraciones rendidas el 1 de agosto de 2012 por V2, V7, V8, V10 y V11 ante la Delegación Municipal de Real de Castillo de Ensenada, Baja California, agregaron que el personal militar que había ingresado violentamente y sin autorización alguna al domicilio de V1, se lo habían llevado además de sustraer diversos objetos que estaban en la casa como dinero, abarrotes, entre otros.

49. De lo anterior, se puede desprender que el 30 de julio de 2012, alrededor de las 22:00 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, algunos de los cuales portaban uniformes camuflados beige y otros estaban vestidos de civiles y encapuchados y portaban armas largas, irrumpieron violentamente en el domicilio de V1 ubicado en la comunidad Kumiai “La Huerta” en Ensenada, Baja California mediante amenazas y sin contar con orden de cateo, en donde agredieron física y verbalmente a V1 y al resto de los agraviados.

50. Sobre este hecho debe señalarse que en la Recomendación General 19, Sobre la práctica de cateos ilegales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2011, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que las fuerzas armadas incurren frecuentemente en la realización de cateos ilegales, lo que constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, se ejerce violencia física, psicológica y emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitrarias, se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio.

51. Pues bien, lo anterior fue advertido en el presente caso, en el cual se observa que el 30 de julio de 2012, alrededor de la 22:00 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpieron ilegalmente en el domicilio de V1, en la comunidad Kumiai de “La Huerta” en Ensenada, Baja California, alegando que estaban “buscando armas” y detuvieron a V1 llevándoselo de su domicilio, no sin antes agredir a los miembros de su familia, interrogarlos sobre supuestos objetos delictivos, causar daño a sus pertenencias y robar algunos objetos.

52. Por ello, esta Comisión Nacional considera que las conductas realizadas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detuvieron a V1 e ingresaron a su domicilio, constituye una transgresión a los derechos humanos de inviolabilidad del domicilio, libertad personal, legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 11.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 9.1, 9.3 y 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

53. Además, al sustraer objetos del inmueble de los ocupantes del lugar violado, vulneraron el bien jurídico del patrimonio de las personas, dado que se apoderan de bienes muebles sin el consentimiento de los propietarios transgrediendo los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

54. Ahora bien, se considera que V1 fue privado de su libertad de manera ilegal durante el tiempo que fue trasladado con rumbo desconocido, hasta que finalmente fue liberado en el puente de San Salvador. Al respecto, esta Comisión observa que es necesario proteger a los individuos de cualquier tipo de detención arbitraria, no solamente aquellas en las que existe una detención formal, sino también cuando se suspende la libertad personal a través de una restricción física o psicológica.

55. Así, una persona se encuentra ‘asegurada’ cuando por medio de la fuerza física o de una muestra de autoridad, su libertad de movimiento se encuentra eliminada, y dicha aprehensión es violatoria de la libertad y seguridad de los individuos cuando no se cuenta con una orden emitida específicamente para tales efectos, como lo establece el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

56. Por lo anterior puede concluirse que V1, a pesar de no haber sido puesto a disposición de la autoridad correspondiente, fue privado ilegalmente de su libertad de movimiento en el momento en que los elementos castrenses dieron muestra de su autoridad dentro del domicilio y en la camioneta en la que lo maltrataron, ello a través del lenguaje y fuerza física utilizados en contra de su persona y su familia, así como las amenazas, como la intimidación a través de sus armas, lo cual fue una muestra para V1 de que no tenía otra opción más que la de permanecer bajo el control de dichos elementos, viendo extinguida de esa manera y en ese momento su libertad personal.

57. Por lo tanto, esta Comisión Nacional observa que la autoridad militar violentó, en agravio de V1, los derechos humanos a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, faltando a los requisitos previstos en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que nadie puede ser privado de su libertad sin que medie orden de autoridad judicial, que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo en casos de flagrancia o urgencia, circunstancias que en el presente caso no sucedieron.

58. Asimismo, actuó en contravención a lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que constituyen norma vigente en el país, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución, los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

59. Por otra parte, se advierte que V1 recibió un trato indigno desde el momento en que los elementos militares ingresaron a su domicilio hasta que fue liberado en el puente de San Salvador de la Carretera Ojos Negros en el municipio de Ensenada, Baja California, fue víctima de maltrato físico y psicológico, lo cual viola sus derechos a la integridad, seguridad personal, protección a la salud y trato digno.

60. Cabe precisar que, conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se considera también como tortura la aplicación de métodos tendentes a anular la personalidad o a disminuir la capacidad física o mental de la persona, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

61. Debe señalarse que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se citan en la presente recomendación son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2 y del reconocimiento de su competencia contenciosa obligatoria por parte del Estado mexicano, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.

62. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el caso Penal Miguel Castro Castro v. Perú, en la que refiere que “la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.” Ello significa que en ningún contexto se encuentra justificada la tortura, por lo que ésta constituirá siempre una violación de lesa humanidad.

63. Es de suma importancia destacar que la tortura es considerada como una de las prácticas más reprobables y, por tanto, que causan mayor preocupación y daño a la sociedad. De ahí que no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, sea considerada delito de lesa humanidad, debido al nivel de violencia que esta práctica conlleva, y que desafortunadamente, se continúa empleando bajo las directrices o con la tolerancia de quienes desempeñan funciones públicas, como medio de investigación, lo cual se traduce en una afectación a toda la sociedad, pues dicha conducta refleja el grado extremo del abuso del poder. Por tal motivo, es necesario que el Estado asegure que ante cualquier denuncia de tortura se realice una investigación diligente, eficaz y respetuosa de los derechos humanos, con el fin de sancionar a las personas responsables.

MILITARES REAL CASTILLO64. Asimismo, quien inflige los actos constitutivos de tortura atenta contra la dignidad y aspira a destruir la sensación de arraigo de la víctima en una familia y una sociedad como ser humano con un plan de vida. Todo ello se traduce en un proceso de deshumanización, que resulta en la generación de un temor colectivo ya sea respecto de comunidades enteras o de relaciones íntimas o familiares.

65. Es importante aclarar que al ser la tortura un tipo particular de agresión, en general caracterizada por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y su agresor o agresores, la declaración de las víctimas constituye una prueba fundamental sobre los hechos que la componen. En este sentido, en el presente caso, el relato de la víctima sobre los hechos sufridos posee un valor primordial.

66. A la luz de este criterio, a partir de la investigación realizada por esta Comisión Nacional es factible concluir que durante la privación de la libertad de V1 que tuvo inicio dentro de la comunidad en la que habita y continuó hasta ser liberado, éste fue víctima de sufrimiento físico y psicológico grave por parte de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que constituye tortura.

67. En efecto, en la declaración de V1 rendida ante personal de este organismo nacional el 27 de agosto de 2012, así como en la opinión médico-psicológica sobre atención a posibles víctimas de maltrato y/o tortura, “Protocolo de Estambul” aplicada a V1 el 4 y 19 de septiembre de 2012, el agraviado señaló que el 30 de julio de 2012, alrededor de las 22:30 horas, vio llegar una camioneta pick up blanca de la que descendieron elementos militares quienes lo golpearon con los puños y con sus armas, lo levantaron jalándole el pelo y uno de ellos lo esposó introduciéndolo en su domicilio. Posteriormente, le preguntaron en dónde se encontraba su tienda, le vendaron los ojos y lo interrogaron sobre la posesión de supuestas armas. Después le gritaron, lo tiraron en la cama, le amarraron los pies, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en los testículos con los puños por lo que V1 sentía que se asfixiaba, y esto lo repitieron varias veces. Luego, le preguntaron por uno de sus primos a lo que él contestaba que no sabía por lo que lo golpearon con los puños cerrados en la boca y con las armas en la cabeza. Eventualmente perdió el conocimiento, por lo que lo “cacheteaban” para que reaccionara.

68. Después lo levantaron, le desataron las piernas, al tiempo que escuchaba que estaban desordenando su casa, y escuchó que a través de un radio alguien se comunicaba con los militares diciéndoles que ya se lo llevaran. Momentos después oyó a V7 y V11 en la casa, V7 le quitó la venda de los ojos por lo que V1 intentó escapar, pero los elementos militares lo volvieron a detener golpeándolo fuertemente en los testículos y lo arrastraron para subirlo a la camioneta pick up. Durante el recorrido, le colocaron en la cara una toalla con olor a gasolina y continuaban poniéndole la bolsa en la cabeza y preguntándole por armas que supuestamente él tenía; luego, uno de los elementos lo golpeó repetidas veces en la barbilla con una varilla y lo amenazaron de no decir nada de lo que había pasado; lo arrojaron al suelo y lo golpearon varia veces contra la caja de la camioneta. Finalmente, el personal militar le dijo que lo soltarían, amenazándolo con matarlo a él y a su familia y que “le plantarían hielo y hierba” si decía algo de lo que había ocurrido.

69. Lo anterior se ve reforzado por las declaraciones de V7 y V11 rendidas el 3 y 4 de septiembre de 2012 ante personal de esta Comisión Nacional, en las que manifestaron que el 30 de julio de 2012, a las 22:30 horas se encontraban en su domicilio cuando recibieron una llamada telefónica de V10, quien les informó que unos “soldados” estaban golpeando a V1 por lo que salieron, se dirigieron junto con V10 al domicilio de éste y después de ser interceptadas por los elementos militares, corrieron hacia la casa en la que se encontraban varios de éstos golpeando a V1 quien estaba en el piso, esposado y vendado. Después, V7 corrió hacia él, le quitó la venda que tenía en los ojos por lo que uno de los elementos militares le dio una cachetada y V1 corrió tratando de escapar, siendo perseguido por los militares mientras que otro le colocó una pistola en la cabeza a V7. Luego, V1 fue detenido de nuevo y observaron que lo golpearon, lo tiraron y lo jalonearon, tras lo cual V11 trató de defenderlo pero fue agredida físicamente como respuesta. Estas agresiones continuaron hasta que se fue el personal militar, llevándose a V1.

70. Las narrativas señaladas se corroboran con el certificado médico de V1 realizado el 3 de septiembre de 2012 por un médico de esta Comisión Nacional en el cual se concluye que V1 presentó una mancha hipercrómica (café obscuro) de forma regular de 3 centímetros de eje mayor, localizada en el costado derecho a nivel del octavo arco intercostal y línea axilar anterior; zona de múltiples cicatrices hipocrómicas (blanquecinas), con características de fricción, localizadas en la cara posterior, tercios medio y distal del antebrazo izquierdo, de 12×3 centímetros de área; manchas hipercrómicas, de forma lineal, que circundan ambas muñecas, de predominio en sus caras externas e internas (refiere sujeción con esposas), secundario a ser agredido físicamente.

71. Además, se le aplicó a V1 una opinión médico-psicológica sobre atención a posibles víctimas de maltrato y/o tortura, el 4 y 19 de septiembre de 2012, en la que se concluyó que los síntomas físicos que refiere haber presentado de manera inmediata, son secuelas físicas relacionadas con los hechos, además, existe una congruencia, coherencia y compatibilidad con las agresiones referidas y son similares a las que se producen por tortura de la manera en la que está descrito en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

72. Asimismo, se observó que los síntomas psicológicos son suficientes para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático agudo en V1 ya que presentan alteraciones cognitivas y emocionales vinculadas directamente con la tortura, como la dificultad para mantener su atención concentrada, respuestas exageradas de sobresalto y modificación de hábitos de sueño y de socialización.

73. Así las cosas, se puede observar que durante el tiempo en que V1 estuvo privado de su libertad, éste fue víctima de tratos que pueden calificarse como tortura por las siguientes consideraciones:

74. En efecto, esta Comisión Nacional, acoge el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega vs. los Estados Unidos Mexicanos, de 30 de agosto de 2010 y Valentina Rosendo vs. los Estados Unidos Mexicanos, de 31 del mismo mes y año, en los cuales estableció que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: a) es intencional; b) causa severos sufrimientos físicos o psicológicos y, c) se comete con determinado fin o propósito.

75. Respecto de la existencia de un acto intencional, de las evidencias que constan en el expediente se observa que el maltrato fue deliberadamente causado en contra de la víctima por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; la severidad del daño físico o psicológico se observa a partir de los resultados de los certificados médicos que dan cuenta de los golpes y el maltrato que recibió V1 y del trastorno por estrés postraumático agudo que resultó, y respecto de la finalidad, se le torturó para que reconociera una supuesta posesión de armas.

76. En este orden de ideas, al quedar evidenciada la intencionalidad, el sufrimiento físico y psicológico severo y la finalidad, es claro que nos encontramos ante un caso de tortura en agravio de V1.

77. Aunado a ello, resulta preocupante el uso injustificado de la fuerza que utilizó el personal militar a fin de someter a V2, V3, V5, V6, V11, V12, V13 y V14, mismo que derivó en una intimidación en contra de los agraviados, y les ocasionó alteraciones psicológicas y emocionales.

78. Ahora bien, V2 señaló en el escrito de queja presentado el 8 de agosto de 2012 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, que el 30 de julio de 2012, entre las 22:00 y 23:00 horas, los elementos militares ingresaron a su comunidad y escuchó unos gritos pidiendo auxilio, por lo que se acercó al domicilio de V1 y se percató de que éste estaba siendo golpeado. Preguntó a los militares qué pasaba y si contaban con una orden de cateo a lo que le respondieron agresivamente y lo corrieron del lugar, apuntándole con armas largas. Después llegó su esposa, V3, quien portaba una cámara con la que empezó a tomar fotografías de lo que estaba sucediendo por lo que los elementos militares la agredieron físicamente y V3 le lanzó la cámara a V2 quien fue golpeado con armas largas por lo que le causaron una herida en la frente que empezó a sangrar. En ese momento soltó la cámara, la tomaron los militares y se la llevaron junto con V1, a quien subieron en la parte trasera de una camioneta blanca.

79. Al respecto, se cuenta con el certificado médico practicado a V2 por un perito médico adscrito a esta Comisión Nacional el 3 de septiembre de 2012, en el que señaló que éste presentaba una cicatriz de forma lineal en región frontal, un centímetro a la derecha de la línea media anterior y 3 centímetros por debajo de la implantación del cabello, en situación oblicua, de un centímetro de longitud, la cual es secuela de las lesiones infligidas el día de los hechos y resulta similar a las producidas por uso excesivo de la fuerza.

80. Lo anterior se ve reforzado por lo manifestado por V3 en el escrito de queja presentado el 8 de agosto de 2012, en el que señaló que el día 30 de julio de ese año vio pasar a 3 camionetas, 2 Cheyenne y 1 pick-up y después de 10 minutos escuchó gritos de auxilio, por lo que ella y V2 salieron para ver que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían esposado a V1 y lo estaban golpeando. Por ello se acercaron y V3 empezó a tomar fotografías, por lo que la empezaron a golpear. En ese momento le aventó la cámara a V2 por lo que también lo golpearon y le quitaron la cámara.

81. Por otro lado, la declaración rendida por V11 en su escrito de queja presentado el 8 de agosto de 2012, señala que el día 30 de julio de 2012, se acercó al lugar de los hechos y escuchó los gritos de V1, quien estaba vendado y tirado en el suelo. Después, uno de los elementos militares que iba vestido de civil la golpeó en la cara con la mano abierta, momento en el que V7 le quitó la venda de los ojos a V1 por lo que éste pudo escapar por unos momentos pero fue aprehendido nuevamente y lo tiraron al suelo. Por esto V11 intentó levantarlo y fue golpeada con un arma larga en el estómago, la esposaron y se la llevaron del lugar, pegándole repetidas veces en la cara. Posteriormente observó que V2 y V3 se acercaron hacia donde estaban al tiempo que la segunda comenzó a tomar fotografías por lo que la agredieron físicamente y después agredieron también a V2. Luego, los elementos militares la siguieron golpeando hasta que la dejaron para finalmente llevarse a V1 en una camioneta pick up blanca.

82. Al respecto, se cuenta con la valoración psicológica aplicada a V11 por un perito en psicología de este organismo nacional el 4 de septiembre de 2012, en la que se observó que presentaba signos vinculados al estrés tales como miedo y enojo, pensamientos recurrentes e invasores, sensación de inseguridad y vulnerabilidad, así como temor ante posibles represalias por su denuncia. Por ello, se concluyó que V11 presentó síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, relacionado con los hechos motivo de la queja.

83. Asimismo, en la opinión psicológica realizada a V5, V6, V12, V13 y V14 por un perito en psicología de esta Comisión Nacional el 3 de septiembre de 2012, el niño y las niñas señalaron haber presenciado los hechos sucedidos el 30 de julio del mismo año y refiriendo haber sido agredidos tanto física como verbalmente por los elementos militares. Uno de ellos, V5, de 15 años de edad, declaró haber estado viendo lo que pasaba por la ventana de la casa de V1 cuando uno de los elementos militares le apuntó con un arma en la cabeza y le ordenó retirarse de la ventana. Por su parte, V6, de 13 años de edad, señaló que el día de los hechos escuchó fuertes golpes cuando entraron los militares quienes comenzaron a agredir a todos los presentes incluyéndola, ya que le pegaron y la amenazaron con matarla si hablaba de lo sucedido.

84. En la opinión psicológica referida en el párrafo anterior, se observó que los niños V5, V6, V12, V13 y V14 expresaron vulnerabilidad, peligro, indefensión y terror debido a que ya no se sienten seguros dentro de su comunidad. Además sienten que existe un desprecio por la misma, pues consideran que es debido a su etnia que son víctimas de esos tratos. Así, se concluyó que los agraviados presentan estrés postraumático agudo como consecuencia de su exposición al evento sucedido el 30 de julio de 2012 dentro de la comunidad de la que son parte.

85. A la luz de estos hechos y tomando en cuenta el daño físico y psicológico infligido en agravio de V2, V3, V5, V6, V11, V12, V13 y V14, esta Comisión observa que fue de tal magnitud, que puede calificarse como un trato inhumano.

86. En el caso Irlanda vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo una distinción entre tortura, trato inhumano y trato degradante y señaló que dicha distinción era necesaria dado el estigma especial que acompaña a la tortura. Para que un acto sea considerado tortura, según los estándares de dicho tribunal, debe causar un sufrimiento grave y cruel y debe existir una clara intencionalidad, como puede ser obtener información, castigar o intimidar a la víctima.

87. El Tribunal sostuvo que el agravio a las víctimas causaron “si bien no daños corporales reales, al menos sí sufrimiento mental y físico intenso y desequilibrio de carácter psiquiátrico” y que por tanto constituían un trato inhumano. Así, el Tribunal señaló que el trato degradante alcanza una gravedad determinada que puede redefinirse como trato inhumano, el cual, a su vez, si es suficientemente serio puede redefinirse como tortura.

88. Este enfoque del “umbral de gravedad” fue reiterado y aplicado en posteriores decisiones del Tribunal, como en el caso Aydin vs. Turquía, en el que señaló que no puede establecerse una distinción entre los tres actos simplemente mediante una medición cruda del nivel del dolor o sufrimiento causado, sino que dependerá de todas las circunstancias del caso, como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales así como el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima.

89. Si bien los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son vinculantes en nuestro sistema jurídico, esta Comisión Nacional acoge estas interpretaciones jurídicas como criterios orientadores al considerar que la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito, para extender el alcance de tales derechos y para formar parte de un diálogo jurisprudencial entre tribunales y organismos protectores de derechos humanos, lo cual se inscribe en la protección más amplia y extensiva de los derechos que este organismo está obligado a reconocer, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

90. Asimismo, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, la Corte Interamericana, citando al Tribunal Europeo, señaló que el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, es relativo y depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, edad, y estado de salud de la víctima entre otros. Así, al igual que en el sistema europeo, la vulnerabilidad particular de la víctima puede ser el factor agravante que convierta el trato que en otras circunstancias hubiera sido calificado como cruel, inhumano o degradante, en tortura.

91. En el presente, la Comisión Nacional observa que los hechos de los que fueron víctimas V2, V3, V5, V6, V11, V12, V13 y V14, en su mayoría, mujeres niños y niñas, consistieron en ser violentados en su comunidad y ser agredidos física y psicológicamente por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de haber sido testigos del trato violento infligido hacia sus familiares. Estos hechos se han traducido en un daño psicológico que ha dejado secuelas emocionales relevantes en las víctimas, de tal gravedad que por sí solas deben calificarse como el más grave de los tratos, seguido de la tortura, como lo es el trato inhumano. Además, es relevante señalar que con su actuación, dicha autoridad vulnera los derechos de mujeres, niños y niñas quienes son grupos vulnerables que, por su condición, merecen una especial atención.

92. Asimismo, este organismo nacional, condena el hecho de que el personal militar haya utilizado armas para someter a V5, V6, V11, V12, V13 y V14 algunos de los cuales son niñas y niños entre los 12 y 15 años de edad, mismos que no representaban ningún grado de peligrosidad, y que por su condición y el contexto en el que se encontraban presentan una especial situación de vulnerabilidad; por lo que considera necesario la elaboración de protocolos de actuación en los que se regule el uso de fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional en los casos en que haya niñas, y/o niños presentes.

93. Al respecto, como ya se manifestó anteriormente, en la opinión psicológica realizada a los niños V5, V6, V12, V13 y V14 por un perito en psicología de esta Comisión Nacional el 3 de septiembre de 2012, V5 declaró haber estado viendo lo que pasaba por la ventana de la casa de V1 cuando uno de los elementos militares le apuntó con un arma en la cabeza y le ordenó quitarse de la ventana. Por su parte, V6 señaló que el día de los hechos los militares la agredieron tanto verbal como físicamente y la amenazaron con matarla si hablaba de lo sucedido.

94. Así las cosas, este organismo nacional considera que la intervención del personal militar en la comunidad indígena de La Huerta en Ensenada, Baja California, constituyó una violación a la integridad y seguridad personal de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y V14, debido a que ingresaron a dicha comunidad portando armas largas y sometiendo a todos los presentes bajo amenazas y agresiones tanto físicas como verbales, sin importar la edad o el sexo que éstos tuvieran. Dicho abuso de autoridad, causó un sentimiento generalizado de miedo e inseguridad en los agraviados, provocando que éstos no hayan podido recuperar la tranquilidad con la que vivían previo a los hechos, contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1.1, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 2.2, y 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes;

95. Asimismo, se actualizaron violaciones al artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; los artículos 1 y 5, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 3 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 2, 3, incisos a y b, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2, 3, 5 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y los numerales 4 y 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en términos generales señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; además de que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

96. En efecto, se observa que el personal militar con su actuación trastocó la vida familiar de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y V14, lo que violó en su agravio el derecho a la privacidad. Cobra especial relevancia el hecho de que el allanamiento ilegal sucedió en un lugar donde desarrollan no sólo su vida privada, sino también su vida en familia, espacio que debe protegerse, preservarse y mantenerse exento de invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.

97. Debe tomarse en especial consideración que debido a que dicho entorno es donde V5, V6, V12, V13 y V14, menores de edad, desarrollan su privacidad y su vida en familia, implicó además una violación al artículo 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia ni su domicilio. En el mismo sentido, vulneró el artículo 44 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la parte que señala que la protección de estos sujetos de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus derechos constitucionales y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

98. El régimen constitucional mexicano, en su artículo 4, párrafo octavo, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, que entró en vigor al día siguiente, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, debe velarse y cumplirse con el principio de interés superior de la niñez, garantizando sus derechos de manera plena. Ello implica que la sociedad y las autoridades legislativas, administrativas y judiciales están obligadas a subordinar su conducta y sus decisiones al bienestar de las y los niños.

99. A fin de garantizar lo anterior, debe realizarse un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones para que diseñen y ejecuten las políticas públicas necesarias para la protección de los derechos de los niños en contextos de operativos contra de la delincuencia, en los que se especifique que el uso de la fuerza por los agentes estatales debe restringirse a fin de salvaguardar la vida, integridad, seguridad personal y desarrollo físico y psicoemocional de las y los niños presentes en estos contextos.

100. Por otra parte, si bien no se ha identificado el Regimiento al que pertenecen los elementos militares que participaron en los hechos, por las evidencias y por la zona geográfica donde ocurrieron los mismos, se puede inferir que pertenecían al 2/o. Regimiento de Caballería Motorizada de la Segunda Zona Militar, aun cuando el comandante de dicha Zona Militar haya negado dicha participación, debido a que es del conocimiento de este organismo nacional que el Regimiento referido actúa en la zona geográfica en la que se llevaron a cabo los hechos materia de la presente queja.

101. Vale la pena destacar que esta Comisión Nacional ha detectado un patrón reiterado de violaciones a derechos humanos atribuibles a los elementos militares adscritos al 2/o. Regimiento de Caballería Motorizada de la Segunda Zona Militar las cuales han quedado documentadas en varias resoluciones de este organismo, destacando las recomendaciones 87/2011, 52/2012 y 72/2012, dirigidas a Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho patrón consiste en que elementos militares ingresan ilegalmente a domicilios, agreden y detienen a personas a partir de una supuesta flagrancia, y presentan una versión de hechos de la detención que se encuentra muchas veces demeritada con otras evidencias.

102. Esto resulta especialmente preocupante porque se han documentado casos en que durante dichas retenciones las personas son torturadas, maltratadas física o psicológicamente. Dicha situación no puede ser tolerada en un Estado de derecho que da preminencia al respeto y protección de los derechos humanos.

103. Es de igual importancia mencionar que de acuerdo a lo manifestado por las víctimas, algunos de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como algunos de los vehículos en el que llegaron al domicilio de V1, no contaban con señalamientos que los identificaran como servidores públicos adscritos a dicha Secretaría, como lo hubieran sido uniformes, emblemas o logotipos que los distinguiera, cuyo uso en operativos es obligatorio para dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

104. Ello en concordancia con lo establecido en el Reglamento General de Deberes Militares, el cual indica en su artículo 18 que es un deber común de todos los elementos castrenses utilizar el vestuario en la forma en que previene el Reglamento de Uniformes y Divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

SOLDADOS MATRALLA105. Esto pone de manifiesto la preocupante manera en que se conducen los elementos del 2/o Regimiento de Caballería Motorizada de la Segunda Zona Militar en Tijuana, Baja California. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia enfáticamente a favor del estricto uso de uniformes insignias, divisas y equipo reglamentario por parte de las fuerzas armadas y; en general, de todas las autoridades que hacen uso de la fuerza pública, toda vez que debido a la situación de extrema inseguridad que actualmente se vive, dicho uso es necesario para brindar certeza a los ciudadanos y evitar enfrentamientos accidentales, al realizar operativos y tareas de seguridad pública; por lo que la actualización de dicha situación, su tolerancia y orden expresa debe ser sancionada a fin de no generar una situación de impunidad.

106. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, y 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 fracción III, 71, párrafo segundo y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo nacional considera que en el presente asunto se cuenta con elementos de convicción suficientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, presente formal queja ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a fin de que inicien el procedimiento administrativo de investigación correspondiente, contra del personal militar que intervino en los presentes hechos. Además, para presentar denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar, con el fin de que, en el ámbito de su competencia, inicie la averiguación previa que corresponda, conforme a derecho, en contra de los servidores púbicos que intervinieron en los hechos violatorios a derechos humanos acreditados en el caso, con el objetivo de que se determine la responsabilidad penal y se sancione a los responsables de los delitos cometidos en contra de los agraviados y que dichas conductas no queden impunes.

107. Además, debe destacarse que la decisión de presentar la mencionada denuncia de hechos en la Procuraduría de Justicia Militar, y no sólo en la Procuraduría General de la República, no implica prejuzgar la competencia de las autoridades civiles o militares sobre el caso en concreto. Esta Comisión Nacional toma en cuenta el criterio orientador de la Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, en el que analizó la consulta formulada por el presidente de ese órgano jurisdiccional sobre el trámite que en el ámbito judicial debía darse a la sentencia y medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos y en la que se resolvió, por unanimidad de votos, que los jueces del Estado mexicano deberán aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia referida y en aplicación del artículo 1 constitucional, cuando se presente un conflicto competencial respecto al alcance de la jurisdicción ordinaria y militar.

108. Al respecto, previo a la emisión de la citada resolución de la Suprema Corte, esta Comisión Nacional ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar a partir de recomendaciones emitidas en el año de 2010 con motivo de violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar contra víctimas civiles, a fin de que en el ámbito de sus competencias se inicien las averiguaciones correspondientes en relación con las acciones y omisiones de los elementos militares. Lo anterior, ya que pueden existir casos en los que coexistan varias conductas ilegales por parte de los elementos castrenses, en el cual el sujeto pasivo de las mismas sea un civil y además se tenga como bien jurídico protegido a la disciplina militar, o bien a las propias instituciones militares, situación que actualizaría un concurso de delitos donde pueden concurrir la jurisdicción ordinaria como la militar.

109. Tomando en cuenta estos criterios, y por lo que respecta únicamente a la posible actualización de conductas delictivas relacionadas estrictamente con la disciplina militar, este organismo nacional presentará denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar con el objetivo de que se inicie la averiguación previa correspondiente, en atención a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Conflicto Competencial 60/2012 y en los amparos en revisión 134/2012 y 252/2012.

110. Finalmente, debe precisarse que si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 1, 2, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

111. En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera procedente formular respetuosamente, a usted las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire instrucciones para que se proceda a la reparación del daño ocasionado a los habitantes de la comunidad indígena Kumiai de La Huerta en Ensenada, Baja California, que incluya la atención médica y psicológica necesaria, debiéndose informar a esta institución sobre el resultado de las mismas.

SEGUNDA. Se adopten las medidas necesarias a fin de que se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda por tratarse de servidores públicos federales cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en contra de los militares que intervinieron en los hechos que se consignan en este caso, y se remitan a este organismo nacional las evidencias que les sean solicitadas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Se instruya expresamente a los jefes de Regiones y Zonas Militares, jefes de Cuarteles y demás instalaciones castrenses, que cesen de manera inmediata los cateos ilegales a domicilios, y apeguen su actuación a lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional.

QUINTA. Se giren instrucciones a los jefes de Regiones y Zonas Militares, jefes de Cuarteles y demás instalaciones castrenses, en especial al Comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California, para que su personal se abstenga de realizar operativos con vehículos no oficiales, y que se inicie la investigación correspondiente en contra de los que ordenaron y así como los que toleraron estas prácticas, y realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional.

SEXTA. Se instruya a quien corresponda, para que se intensifique la aplicación del “Programa de Derechos Humanos S.D.N. 2008-2012”, y del “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario S.D.N. 2010”, y que los mismos se dirijan tanto a los mandos medios como a los elementos de tropa y se generen indicadores de gestión para evaluar el impacto efectivo de la capacitación en el respeto a los derechos humanos, enviando a este organismo nacional las pruebas de su cumplimiento.

SÉPTIMA. Se tomen las medidas necesarias para que se emita una directiva, circular u ordenanza dirigida a los mandos superiores, medios y a los elementos de tropa, para que se emita un protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, a fin de salvaguardar los derechos de desarrollo y protección previstos en nuestro sistema jurídico de las niñas y niños que se encuentren presentes en los lugares donde se realiza un operativo y se circule en documentos de fácil divulgación.

OCTAVA . Gire instrucciones a quien corresponda para que en esa Secretaría se impartan cursos de capacitación dirigidos a los mandos medios, superiores y oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre los derechos humanos de las mujeres, y se garantice que durante los operativos en los que participen, no se trate con violencia y abuso sexual a las mujeres y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

112. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

113. De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.

114. Igualmente, con apoyo en el mismo fundamento jurídico, le solicito que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.

115. No omito manifestarle que la falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia y, con fundamento en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa soberanía, su comparecencia para que justifique su negativa.

EL PRESIDENTE: DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA