Informe sombra 2012 sobre migrantes y desapariciones forzadas en México

Informe de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), con motivo del Informe Periódico del Estado de México relativo a la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM)

 CONTENIDO:

I. Introducción;

II. Antecedentes

III. Cuestiones que interesan el CED respecto a la situación de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios indocumentados que transitan por el territorio de México, teniendo como objetivo el ingreso al mercado laboral de los Estados Unidos de América;

IV. Políticas Públicas de México con respecto al tema migratorio.

 I. Introducción

El documento que a continuación se presenta, está elaborado bajo el punto de vista de activistas de base. El escenario en el cual actuamos es la ruta terrestre del migrante de tránsito hacia los Estados Unidos y en los albergues, ahí nos movemos, y de ahí parte nuestra evaluación de la conducta de las autoridades mexicanas frente a la migración.

Las premisas que sostenemos son que ningún ser humano es ilegal y que el libre tránsito es un derecho humano universal. Nos guía la convicción que las políticas restrictivas no resuelven el tema de la seguridad y, por el contrario, favorecen la mayor vulnerabilidad y el incremento en el número de muertes, secuestros, desapariciones y extorsiones a la población migrante indocumentada a manos de autoridades y del crimen organizado.

La migración es un fenómeno histórico y natural, pero la migración masiva actual obedece a muchos factores sobre los cuales las personas no tienen control. Son desplazamientos forzados con características multifactoriales donde además de los imperativos económicos, sociales, culturales y políticos que impulsan a la gente a dejar suslugares de origen, hay nuevos elementos que la alimentan el fenómeno hoy en día.

En la ruta migrante recibimos testimonios de personas en su mayoría jóvenes y mujeres, cuya motivación fue escapar de la violencia social e intrafamiliar en su país de origen. Otros, salen huyendo de peligros inminentes de origen político o como consecuencia de la violencia que se ensaña por todo Latinoamérica, y otros salen por las consecuencias de desastres naturales y del cambio climático, donde perdieron sus cosechas y no tienen como sobrevivir.

La migración se alimenta de otros factores: La inercia histórica de las diásporas nacionales que ofrecen a sus coterráneos las redes de seguridad y apoyo que propician la posibilidad de éxito y de reunirse con su grupo social y familiar, como alternativa en lugar de quedarse en pueblos pobres y abandonados. Pero más allá del deseo de reencontrarse con su origen étnico o social, mucho más poderosa es la atracción de la reunificación familiar. A las familias transnacionales divididas los impulsa el amor a los padres, esposos hijos e hijas que partieron.

Muchos menores se lanzan en busca de sus padres. Es el derecho al amor, el derecho a una vida digna, el derecho a vivir en familia, en suma, el derecho a la felicidad, lo que constituye el imparable impulso que mueve a las personas a emigrar y que no serán detenidas por más muros y peligros que les planten enfrente. Es la energía vital, es el derecho a querer, es el motor que mueve las ruedas del cambio y del progreso, y es contra lo que se enfrentan todas las leyes restrictivas, las fronteras y los muros que no paran a la vida en movimiento, aun a costa de innumerables sufrimientos y muertes.

Muchos se preguntan por qué siguen migrando si saben lo peligroso que será su tránsito, y la respuesta más contundente es por amor a los suyos, por amor a la familia que representa uno de los derechos más persistentes del ser humano, el derecho a vivir con los suyos. En segundo lugar, en la búsqueda de un trabajo que les permita mayor ingreso para el sostenimiento de la familia.

  II. Antecedentes

La movilidad humana es tan antigua como la humanidad misma. Los procesos migratorios van a la par que la evolución de la civilización humana, y sus dinámicas históricas están determinadas por fenómenos geológicos y climáticos como también por conflictos bélicos, factores económicos, el impulso por conocer otras latitudes o el simple instinto de sobrevivencia, entre otros.

Ya en la Era Moderna, la migración humana está marcada por las grandes diferencias en el desarrollo regional mundial. Hoy en día hablamos de la migración masiva proveniente del “sur” pobre hacia el “norte” industrializado, producto de la Globalización. Es así que la frontera de México con los Estados Unidos de América (EUA) es, quizá, el lugar donde se pueden observar de manera más clara las diferencias en los niveles de desarrollo.

Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los EUA requería más que nunca de mano de obra masiva y barata para sustituir a sus soldados en el frente de batalla y compensar la producción industrial bélica masiva que el conflicto requería, que los gobiernos de México y los EUA suscribieron el denominado “Programa Bracero” para la emigración temporal controlada de campesinos mexicanos destinados a la producción agrícola en los EUA.

Antes y durante la época revolucionaria de México (1910-1918), no había controles fronterizos y la población cruzaba sin problemas de un país a otro. Sin embargo, es durante 1921 a 1939 que se registró el inicio de la repatriación masiva de trabajadores mexicanos indocumentados desde los EUA. En contraste, en los años de 1942 a 1964, más de 5 millones de Trabajadores Temporales agrícolas mexicanos fueron contratados para los fines descritos en el párrafo anterior, siendo quizá el ejemplo más relevante a nivel mundial.

A pesar del fin del Programa Bracero y la repatriación de los Trabajadores Temporales una vez terminado el convenio bilateral, la emigración indocumentada hacia el vecino país del norte se convirtió en una forma tradicional de vida de amplias comunidades agrícolas mexicanas y, a partir de los años 70 del S. XX, se incorporaron a la dinámica migratorias amplias masas de trabajadores empobrecidos de las ciudades. La tradición se heredó de los padres a los hijos, y a los nietos, y se propagó a otros trabajadores del campo y la ciudad.

El flujo de trabajadores indocumentados mexicanos se determinó entonces por los factores de la oferta (la pobreza de los trabajadores en su lugar de origen) y la demanda de mano de obra barata en los EUA, dependiendo de los ciclos económicos. Es obvio que en la postguerra este país vivió un período de auge que permitía que los jornaleros agrícolas mexicanos ingresaran discrecionalmente sin documentos migratorios.

Posteriormente, los inmigrantes se fueron quedando a vivir en ese país, a conquistar posiciones políticas y derechos y, sobre todo, a tener descendencia nacida en los EUA, lo que atrajo a otros trabajadores mexicanos en un flujo masivo.

La presión política y económica de los extranjeros indocumentados en los EUA llegó a tal grado, que en el año de 1986 el entonces presidente Ronald Reagan decretó la Amnistía a 2.7 millones de inmigrantes, en su mayoría mexicanos. Posteriormente, éstos emigraron a sus cónyuges, ascendientes y descendientes.

Paralelamente a este proceso, en 1987 se firman los Acuerdos de paz de Esquipulas II, en Guatemala, y los Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996 (Contadora) para poner fin a los conflictos bélicos de Centroamérica enmarcados como los últimos coletazos de la Guerra Fría.

El recuerdo de la muerte de unas 350.000 personas, de la fragmentación política, ideológica, social y familiar, y de los traumas provocados por las guerras de los años 80 y 90 en cuatro países del istmo centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), cobraron un conflicto más en esta región, igual de grave o peor que la propia guerra abierta, al comenzar los ajustes de cuentas entre guerrilleros, paramilitares y ex soldados de los ejércitos nacionales.

Así, muchos combatientes centroamericanos huyeron hacia los EUA para salvar su vida, preferentemente hacia el Estado de California, cobrando un alto costo sus familiares en sus lugares de origen, muchos de los cuales fueron impunemente asesinados o, en el mejor de los casos, desplazados, como secuelas de la guerra.

Mientras tanto, en el año de 1994, el entonces gobernador de California, el republicado Pete Wilson, en su intento de reelección, lanzó su ya famosa Proposición 187, que contenía una iniciativa de ley para suprimir los derechos a la educación, a la salud y a los servicios públicos a los inmigrantes indocumentados y de sus hijos nacidos en los EUA, así como establecer mecanismos destinados para su eliminación en el Estado de California.

El gobernador Wilson se reeligió, la Proposición 187 se convirtió en ley estatal y, finalmente, una Corte Federal abrogó años después tal disposición por anticonstitucional. Pero el daño ya estaba hecho.

Como respuesta al triunfo republicano, teniendo como bandera la discriminación y la xenofobia en contra de los extranjeros indocumentados, el entonces presidente de los EUA, Bill Clinton, emite un decreto para imponer en la frontera Tijuana-San Diego la Operación Gatekeeper u Operativo Guardián, que consistió en la instauración de una barda metálica (que después se convirtió en triple), uso de alta tecnología (visión nocturna de largo alcance, sensores sísmicos), vigilancia por helicópteros y el incremento sustancial de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), Operativo que progresivamente se fue extendiendo a lo largo de los años a toda la frontera entre México y los EUA.

Para el año de 1997, el presidente Clinton logra la aprobación de las reformas a la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, identificando el ingreso indocumentado a los EUA como “felonía” (delito grave), y a los indocumentados como “criminales” sujetos a expulsión, prisión por reincidencia en el cruce “ilegal”, y su posterior deportación y exclusión de los EUA hasta de por vida, estableciendo además el ident System, sistema nacional de registro inmediato fotográfico y dactilar para la mejor identificación de las personas que ingresa loaban s EUA de manera legal o “ilegal”.

Todas estas medidas, desde la Proposición 187 hasta las reformas a la ley de inmigración, agudizaron no sólo el clima xenofóbico en contra de los indocumentados de México y Centroamérica, principalmente, sino que elevaron sustancialmente su condición de alta vulnerabilidad, al depender como nunca de los traficantes de personas (polleros o coyotes) para el cruce indocumentado hacia los EUA, por regiones despobladas fuera de la vista de los agentes fronterizos y de la alta tecnología, sujetos a condiciones climáticas extremas o a cruzar a nado los ríos y canales que separan a México de los EUA.

Ello elevó sustancialmente el costo del cruce y modificó el perfil de traficante o pollero, de ser un “prestador de servicios” folklórico y tradicional, a convertirse en un sujeto miembro del crimen organizado, despojado de escrúpulos, valores y principios elementales, cuya actividad ilegal lo orilló a conformar complicadas redes de tráfico desde el lugar de origen hasta el lugar de destino de los migrantes, en colusión con autoridades, contando incluso con la colaboración de prestadores de servicio como choferes, hoteleros, restauranteros yotros.

Así, los migrantes tenía que elegir: O correr un alto riesgo a su integridad y su vida en el cruce por las montañas, desiertos, ríos y canales, arriesgándose incluso a ser abatidos por cazamigrantes en la frontera de Arizona, o arriesgarse a ser detenidos en garitas de cruce a los EUA escondidos en vehículos o corriendo a campo traviesa, juzgados, encarcelados en caso de reincidencia en el cruce “ilegal” y repatriados.

En ese entonces, las ONG de ambos lados de la frontera, la Coalición Pro-Defensa del Migrante, el Centro de Apoyo al Migrante en Tijuana, California Rural Legal Assistance y American Friends Service Committee, se dieron a la tarea de iniciar el conteo de los migrantes muertos en su intento por ingresar a los EUA a partir del inicio del Operativo Guardián el 1º. de octubre de 1994, llegando a una cifra aproximada de 1,300 a lo largo de toda la frontera, hasta el año 2000. Una larga fila de cruces de madera con los nombres de migrantes muertos fue colocada –y se conserva a la fecha- a lo largo de la barda metálica que divide a México de los EUA, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Cd. de Tijuana, Baja California.

Pero esa cifra no contempla a los migrantes mexicanos y centroamericanos desaparecidos como consecuencia de las políticas migratorias, durante el trayecto desde su lugar de origen en México o en Centroamérica, su paso por territorio mexicano y su intento por ingresar a los EUA.

Por otra parte, los acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre de 2001 con el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York durante la administración del presidente George Bush Jr., marcó un parteaguas en la dinámica migratoria de la región.

Bajo el argumento del combate al terrorismo, la frontera México-EUA se reforzó significativamente; la legislación norteamericana se modificó para crear el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security Department), para la defensa de la Seguridad Nacional, y las normas migratorias estatales en los EUA fueron reformadas progresivamente, para dar paso a políticas xenofóbicas y discriminatorias que colocaron a los trabajadores inmigrantes indocumentados y sus familiares en situación aún más vulnerable de lo que ya de por sí estaban, colocándolos como parte de las Amenazas Fenomenológicas a la Seguridad Nacional de los EUA, al igual que el terrorismo, el narcotráfico y los movimientos sociales en América Latina.

El 23 de marzo de 2005, los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, en Waco, Texas, firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que en los hechos constituyó un proceso no formal hacia un nuevo tratado internacional al margen del Poder Legislativo y del orden constitucional mexicano.

Cuando en abril de 2006, en el marco del seguimiento del ASPAN en Cancún, el presidente mexicano Vicente Fox demandó a su homólogo de los EUA George Bush “prosperidad” para México. La respuesta de éste fue contundente: «No veo cómo se puede lograr prosperidad sin seguridad, si la gente está preocupada». Fox ante Bush y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, les aseguró que existe presencia plena de fuerzas federales mexicanas y «un gran compromiso» por ganar la batalla al crimen organizado y el narcotráfico.

La dinámica anterior entre los tres mandatarios de Norteamérica, se dio sin que el presidente Bush asumiera ningún compromiso para avanzar en una agenda migratoria que mitigara el drama de la población migrante atraída hacia los EUA.

El ASPAN marcó el inicio de la nueva etapa en la relación bilateral México-EUA, cuyo enfoque principal fue el combate al narcotráfico y al crimen organizado trasnacional. Esta política se concretó con la aprobación el 30 de junio de 2008 por el Congreso de los EUA, de la Iniciativa Mérida o Plan Mérida, que contempló la aprobación de una partida presupuestal de $1,600 millones de dólares, con recursos de los contribuyentes norteamericanos, para un plan de tres años consistente en entrenamiento militar, asistencia técnica en seguridad y tecnología operacional y equipamiento bélico a México, principalmente helicópteros, para el combate en la frontera al narcotráfico y al crimen organizado.

La Iniciativa Mérida incluyó un monto adicional de $65 millones de dólares para las naciones de Centroamérica (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); el Congreso estadounidense también incluyó a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica.  Igual que el ASPAN, la Iniciativa Mérida nunca pasó por la aprobación del Congreso mexicano. Por su parte, el Congreso de los EUA condiciona el 15 por ciento del presupuesto del Plan Mérida al respeto a los derechos humanos en territorio mexicano.

Por su parte, en abril de 2010, Arizona aprobó la ley SB 1070 sobre la llamada “inmigración ilegal”, lo que provocó un debate nacional y una demanda del Departamento de Justicia. El 28 de julio, un día antes de que la Ley entrara en vigor, un juez federal anuló sus disposiciones más controvertidas. En abril de 2011, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito falló en contra del Estado de Arizona y se deja en suspenso la decisión del tribunal inferior.

La ley, conocida localmente como la SB 1070 o Ley del Senado 1070, bajo el supuesto de disuadir el ingreso de “inmigrantes ilegales” al estado de Arizona, estableció procedimientos policiales que amenazan con institucionalizar el hostigamiento de la población hispana en general y contradice el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Ante la aprobación y firma de la Ley SB 1070, la secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno de México, expresó los siguientes planteamientos:

“Con relación a la ley “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros” (SB1070), que fue firmada hoy por la gobernadora de Arizona Janice K. Brewer, el Gobierno de México manifiesta lo siguiente:

El Gobierno de México lamenta que, pese a los acercamientos realizados a todos los niveles por autoridades federales y estatales mexicanas, los legisladores que aprobaron esta medida y el Ejecutivo de Arizona no hayan tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de Arizona y de los Estados Unidos de América. El gobierno de México realizó diversas acciones para transmitir al gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas frente a la eventual aprobación de la Ley, sin obtener una respuesta positiva de su parte.

El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de todos los países para decidir las políticas públicas que deban aplicarse en su territorio. Sin embargo, cuando una medida como la SB1070 afecta potencialmente los derechos humanos de miles de mexicanos, no puede permanecer indiferente.

La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte.

El tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio; no hay que olvidar la enorme contribución de los migrantes a la economía y a la sociedad en el estado de Arizona.

La ley firmada por la Gobernadora Janice K. Brewer afecta la relación entre Arizona y México y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona. La ley entrará en vigor 90 días después de la conclusión del período de sesiones de la legislatura estatal.

El Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona. Al avanzar el proceso legislativo de la ley SB 1070, la Embajada de México y los cinco consulados de México en dicho estado estarán redoblando sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica.

El Gobierno de México seguirá velando por los intereses de todos los mexicanos en el extranjero, indistintamente de su condición migratoria.”

La ley de Arizona no sólo ha generado una reacción intensa en amplios sectores de la sociedad norteamericana, sino incluso entre varias naciones latinoamericanas, las cuales, han acudido en apoyo de México en el marco de su presentación como Amicus Curiae.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expuso, en su documento Amicus Brief presentado ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos el pasado 26 de marzo del año en curso, las siguientes argumentaciones:

I.- La Ley SB1070 constituye una intromisión en los asuntos internacionales que dificulta las relaciones internacionales y la colaboración en materia de cruces fronterizos.

A.- La Ley SB1070 dificultará severamente la relación comercial y turística entre México y Arizona.

B.- La Ley SB1070 descarrila los esfuerzos hacia una reforma migratoria integral y la administración participativa fronteriza.

C.- La Ley SB1070 obstruye la colaboración internacional y fronteriza para el combate de asuntos de narcóticos.

II.- La SB1070 representa un riesgo de acoso por la aplicación de la ley para los ciudadanos mexicanos.

III.- La SB1070 conduce peligrosamente a un conjunto de leyes que impiden las relaciones diplomáticas efectivas y consistentes.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe elaborado a solicitud de México, y presentado a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, los siguientes elementos relacionados con los derechos humanos de los trabajadores migratorios:

I.- Las leyes de los Estados Unidos niegan protecciones básicas de empleo a los trabajadores extranjeros sobre la base de extranjería o de calidad migratoria.

A.- La población sin documentación desempeña una gran parte de los empleos de bajo ingreso y alto riesgo en los Estados Unidos.

B.- Ejemplos casuísticos: Empleadores inescrupulosos usan amenazas extra-judiciales para suprimir el ejercicio de los derechos laborales.

C.- El esquema de sanciones contra los empleadores en los Estados Unidos no representa un elemento de inhibición para las amenazas del empleador.

D.- Las decisiones de las cortes privan a ciertos inmigrantes de remedios significativos para la violación de sus derechos.

E.- Las leyes de Estados Unidos explícitamente eximen a ciertos inmigrantes de la protección de sus centros de trabajo.

II.- Las leyes laborales de Estados Unidos relativas a trabajadores migratorios violan normas internacionales fundamentales sobre no-discriminación y libertad de asociación.

A.- Las leyes laborales de Estados Unidos violan la prohibición contra la discriminación.

B.- Las leyes de Estados Unidos que discriminan a los migrantes violan la libertad de asociación bajo las leyes internacionales.

Fuera de las acciones diplomáticas y del informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con respecto a la Ley SB 1070, el Estado Mexicano no realizó ninguna otra gestión.

La Ley SB1070, y leyes semejantes aprobadas por otros estados, han reavivado el debate nacional sobre la migración al interior de los EUA. La reforma migratoria ha sido en efecto un tema latente a nivel nacional hasta la aprobación de la ley de Arizona en abril de 2010.

Finalmente, una de las graves secuelas que dejó todo este clima de medidas y reformas migratorias en los EUA, fue un cúmulo de deportaciones de integrantes de las violentas pandillas centroamericanas formadas por ex combatientes de las guerras en la región o hijos de éstos, que produjo una forma inadecuada de actuar de las autoridades que decidieron contrarrestar el flagelo con mayor represión y el encarcelamiento de cientos de pandilleros, en algunos casos sin ser procesados debidamente.

Países como El Salvador y Honduras no estaban preparados ni con leyes ni con sistemas penitenciaros para recibir a este tipo de delincuentes, realidad que hasta la fecha no ha cambiado mucho.

Sólo en El Salvador, en 2011, se reportó la existencia de 28,130 pandilleros, de esos unos 533 líderes miembros de pandillas fueron deportados de los EUA ese año. Según el gobierno guatemalteco, en ese país existen 12,000 miembros de pandillas. 

De acuerdo a la última Valoración Nacional sobre la Amenaza de Pandillas (NGIC por sus siglas en inglés), publicada por el FBI en el 2009, la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más temibles que tiene su origen en la violencia centroamericana, tiene entre 30 y 50 mil miembros y socios en todo el mundo; solo en Estados Unidos hay entre 8 y 10 mil miembros. Sus bandas operan, además de California, en Atlanta, Dallas y Washington.

Por otra parte, según el FBI, La Pandilla 18 tiene casi el mismo número de miembros, disperso en 44 ciudades estadounidenses de 20 estados de la Unión Americana.

Esto refleja un dinámico crecimiento y “exportación” de las pandillas en la repatriación, un fenómeno nunca antes visto, y parecido –salvando las diferencias y objetivos- a las migraciones de refugiados producto de la guerra civil.

A las pandillas centroamericanas se les atribuye ahora la participación también en el tráfico de indocumentados, en su secuestro, desaparición y extorsión, y en la Trata de mujeres jóvenes con fines de prostitución.

El informe del NGIC asegura que las pandillas con presencia en Centroamérica tienen vínculos en EUA y México con organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Zetas.

El informe en cuestión sostiene que los carteles mexicanos usan a las pandillas para la protección de rutas de tráfico, traslados de armas, recolección de deudas y el asesinato de miembros de carteles. 

III. Cuestiones que interesan el CED respecto a la situación de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios indocumentados que transitan por el territorio de México, teniendo como objetivo el ingreso al mercado laboral de los Estados Unidos de América

SITUACION DE LOS TRANSMIGRANTES CENTROAMERICANOS EN MEXICO:

A pesar de la posición soberana de México ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales estadunidense, en reclamo por la aprobación de leyes de inmigración violatorias del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional, la situación de los derechos fundamentales de las y los trabajadores

migratorios –sobre todo centroamericanos- que transitan por el territorio nacional, representa hoy, quizá, una CRISIS HUMANITARIA, sin que el gobierno mexicano despliegue acciones urgentes, suficientes y definitivas que prevengan, protejan, investiguen, sancionen y reparen las graves violaciones a sus derechos de que son víctimas.

El 15 de octubre de 2012, 38 mujeres, mayormente de Honduras y también de El Salvador,  Guatemala y Nicaragua, recorrieron 4,600 kilómetros (2.800 millas) y 14 estados mexicanos en 20 días, partiendo desde la frontera con Guatemala y llegando hasta Reynosa, uno de los principales puertos de entrada a Estados Unidos, ubicado en la frontera con Texas.

Durante su trayecto se detenían en festivales y misas católicas y se reunían con organizaciones defensoras de los derechos humanos y con familiares de personas desaparecidos. Visitaron refugios para migrantes, mostrando fotos de sus seres queridos a personas que tal vez los vieron, y ofrecieron pacientemente entrevistas, relatando sus tristes historias en cada ciudad donde paraban.

Las caravanas no solo ayudan a reunir familias sino que también procuran presionar a los gobiernos a que modifiquen sus políticas de inmigración, indicó Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, que organiza estas campañas.

«La lucha contra el tráfico de drogas no está funcionando y convierte a los migrantes en mercancías para el crimen organizado«, declaró Sánchez. «De hecho, lo que hicieron los gobiernos de Estados Unidos y México fue entregarle la administración de los grupos migratorios al crimen organizado».

«Quieren seguir viendo el problema de la migración como un problema de seguridad nacional. Y este problema de seguridad nacional no tiene nada que ver con la seguridad mexicana. Es la seguridad nacional de los Estados Unidos», sostuvo.

El coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humano de la Diócesis de Tapachula, Heyman Vázquez, nos cuenta:

“Un migrante salvadoreño, de 24 años, llegó al albergue y me narró sus penas. ‘Padre, me secuestraron en Tierra Blanca, Veracruz, y como mi familia no pudo pagar el rescate de 5 mil dólares me dijeron: o trabajas para nosotros, entregándonos a migrantes, o aquí te mueres’. Acepté colaborar y así me infiltré entre los migrantes.

Primero trabajé de halcón, pasando información, señalando a quiénes podían secuestrar, porque tenían dinero. Durante meses trabajé en ellos, siempre vigilado y así recorrí Arriaga, Ixtepec, Tierra Blanca”, y así los trajo hasta Lechería, estado de México, donde recuerda haber entregado a un grupo como de ocho. A otros sólo se los señalé para que los agarraran. Me obligaban, padre, yo no quería, pero si no, me mataban, refiere el religioso.

Padre, me voy, ya no quiero trabajar con ellos. Si me agarran otra vez, me matan, me dijo. Se quedó unos días en el albergue, luego se fue a su país.

(La Jornada Lunes 10 de diciembre de 2012, p. 19)

Si bien las madres son todas de América Central, su dolor sensibiliza a los mexicanos, muchos de los cuales también tienen seres queridos desaparecidos. Las madres centroamericanas se reunieron con familias de personas mexicanas desaparecidas.

«Sabemos de su dolor. Hablamos la misma idioma», dijo Irma Leticia Hidalgo, una mujer de un suburbio de Monterrey cuyo hijo fue secuestrado el año pasado. «Sus desaparecidos son nuestros desaparecidos».

Así, cuando cruzan por México, los migrantes centroamericanos son golpeados, robados, extorsionados, secuestrados y/o desaparecidos por grupos criminales mexicanos y extranjeros, con la omisión, aquiescencia y/o complicidad de autoridades de todas las corporaciones de seguridad del estado mexicano. Los maltratos y violaciones tradicionales a los derechos humanos quedaron tiempo atrás, pero la situación ha empeorado desde que las rutas migrantes están bajo el control de los grupos del crimen organizado, a quienes de facto se les ha cedido la gestión de la política migratoria México-Estados Unidos. Cobran “derecho de piso” y deciden quién entra o no a los Estados Unidos, según testimonios directos y recurrentes de los propios migrantes.

A más de dos años del descubrimiento el 22 y 23 de agosto de 2010 de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, se habla del terrible suceso como si fueran sólo los 72 cadáveres encontrados el total de migrantes

asesinados. Habría que contar otros cuerpos encontrados sin vida en abril del 2011, cuando se informó que ya eran 193 los muertos hallados en 47 fosas clandestinas en Tamaulipas. En el mes de mayo de este año, en

Cadereyta, Nuevo León, SE ENCONTRARON 49 personas asesinadas y desmembradas, quienes de acuerdo con las muestras de ADN de los cadáveres, no corresponden a personas mexicanas, por lo cual seguramente también son migrantes centroamericanos masacrados.

En el mismo mes de mayo, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, declaró que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos”. A la fecha de este informe no se conoce un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos.

Tampoco contamos con datos de las fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional que no han sido buscadas y por ende no descubiertas en los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas, donde se iniciaron los secuestros masivos que nadie quiere investigar.

El periodista de investigación mexicano José Reveles relata en su libro Levantones, narcofosas y falsos positivos, y lo peor, el hallazgo a principios de 2011 de un camión enterrado con todo y pasajeros en San Fernando, presumiblemente migrantes centroamericanos. En el texto también se advierte que detrás de los miles de asesinatos “inexplicables” podrían encontrase escuadrones de la muerte formados por militares desertores y policías corruptos, paramilitares cuya misión consiste en realizar tareas de “limpieza social”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 198 secuestros con 9,758 víctimas, mientras que para el período de abril a septiembre de 2010, documentó 214 raptos con 11,333 afectados. Puesto que muchos casos no son reportados, la cifra real puede ser mucho más alta pues la naturaleza del delito y la vulnerabilidad de los migrantes impiden conocer el número de plagios y desapariciones que no se detectan. Según las organizaciones centroamericanas, son 20,000 las personas desaparecidas que tienen registradas porque sus familiares los buscan, pero que de acuerdo a estimaciones basadas en los reportes existentes en

México, se estima que son unas 70,000 (Farah, 2012), las personas migrantes desaparecidas. El gran negocio del secuestro deja mucho dinero al crimen organizado y a sus cómplices.

Los casos estudiados por la CNDH indican que cobran en promedio $2,500 dólares que significa un ingreso de $25 millones de dólares en los 6 meses estudiados. Estas sumas de dinero son extraídas a las familias de los migrantes secuestrados que viven en los EUA.

Muchos de los migrantes son seleccionados cuando viajan en el tren desde la frontera sur de México (también llamado “La Bestia” por la gran cantidad de migrantes que mueren en sus ruedas o que pierden sus extremidades) o caminan por sus vías. A veces los convencen que los llevaran a salvo a los Estados Unidos, otras veces los convencen que les están prestando ayuda humanitaria, y en otros casos se los llevan por la fuerza.

Por testimonios de migrantes centroamericanos, se sabe que las bandas criminales cobran un promedio de $800 pesos mexicanos a todo aquel que viaja en la parte superior de los vagones de carga de La Bestia. Quienes no pueden pagar, sean hombres, mujeres o menores, son arrojados fuera del tren en movimiento sin que las autoridades mexicanas intervengan para impedirlo.

Los migrantes casi siempre terminan confinados en alguna de las “casas de seguridad” de la delincuencia organizada, donde los retienen en estricta vigilancia. Golpeados, mal alimentados, y sufriendo numerosos abusos, incluso múltiple violación sexual de la cual se tienen testimonios, les exigen proporcionar los números telefónicos de sus familiares, preferentemente en EUA, o de sus familias en casa a quienes les llaman por teléfono exigiendo el rescate. Los retienen en cautiverio hasta que sus familias logran enviar el dinero para su liberación.

Algunos logran escapar pero los que no tienen familiares a quien hablar o que no pueden enviar el rescate, son brutalmente torturados, unos desaparecidos y otros asesinados; algunos más son víctimas de Trata de Personas, ya que terminan trabajando para los secuestradores a fin de asegurar una futura libertad. Muchos testimonios de migrantes que logran escapar relatan que las propias policías los llevan a las casas de seguridad o bien las resguardan.

Los secuestros masivos de migrantes se han denunciado desde 2006 (MMM, Luis Ángel Nieto), sin embargo durante los años de 2007, 2008 y 2009 el gobierno mexicano exhibió una persistente negación frente a las recurrentes denuncias de secuestros masivos y desaparición de migrantes. San Fernando (2010), lo obligó a reconocer este trágico y recurrente fenómeno, después de haber tratado de minimizar y descalificar a los denunciantes (1)

(1) Según el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” En México, desde 2001, la desaparición forzada es un delito tipificado en el Código Penal Federal y en las legislaciones penales de ocho estados. Sin embargo, la falta de armonización conceptual y la ausencia de tipificación autónoma, en la mayoría de los estados, contribuyen a la impunidad cuyos niveles ascienden, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 98 por ciento. (Sonia Wolf, Agosto 2012)

La vulnerabilidad de los migrantes ha ido en aumento del 2006 a la fecha. De los atracos, violaciones, vejaciones y extorsión, pasamos al secuestro, la desaparición y el asesinato por mayor. El secuestro de migrantes sigue a la alza y la situación de las mujeres y menores migrantes es aún más difícil. Cuando menos 7 de cada 10 mujeres son violadas en su ruta por México y sometidas por las mafias de la Trata de Personas para ser cooptadas o vendidas a las redes de la prostitución forzada, negocio criminal que tal vez supera en magnitud al del secuestro.

La organización Sin Fronteras presentó recientemente un análisis Perspectiva Jurídica y Social de la Detención de Migrantes en Iztapalapa, Distrito Federal y en Tenosique, Tabasco. En este documento queda claro que los ataques y vejaciones contra los migrantes no sólo provienen del crimen organizado, sino también de las autoridades que los detienen y los concentran en alguna de las 50 estaciones migratorias de México. En éstas fueron recluidos entre un día y cuatro meses 69 mil 903 extranjeros detenidos por agentes del INM durante 2010: 41.4% de ellos guatemaltecos, 34.1% hondureños y 15.1% salvadoreños, sin que sus familiares conozcan de su situación y los den por desaparecidos.

Migrantes ecuatorianos citados en el análisis consideran que el panorama para ellos es incierto por la presencia de Los Zetas, el cártel más violento. Uno afirmó: “Ellos son los que reciben e instalan a uno en casas de seguridad, no se dejan ver, ya que están encapuchados, y piden dinero a los familiares para dejarlos ir, comunicándose con un chip del teléfono de Houston para que ellos crean que uno ya está del otro lado de la frontera.

Al final, como generalmente los ecuatorianos sí pagan, son cruzados; pero en el caso de los  entroamericanos, son golpeados, las mujeres violadas y al final sólo los dejan tirados. Los desaparecen o a algunos los matan”.

Una de las nueve mujeres entrevistadas explicó: “Las noticias en la tele dicen que el gobierno de México ya está controlando al narco, entonces uno piensa que el riesgo tal vez ya disminuyó”. Otra dijo: “Sabemos que esto puede pasar, pero no hay alternativas, uno allá no puede vivir, no hay ni para comer; yo por ejemplo mejor traía condones por si me pasaba (violaban), pues que no me fuera a dar una infección”.

Tres de estas entrevistadas fueron víctimas de violencia sexual y describieron a sus agresores como probables miembros de Los Zetas, por las capuchas y las armas que traían.

La principal demanda formulada por el Relator Especial de la ONU sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las autoridades mexicanas, fue la de reforzar la seguridad para el paso de los centroamericanos que van rumbo a los Estados Unidos.

Los defensores de los migrantes también son amenazados y acosados, y deben estar en guardia para prevenir la infiltración de los enganchadores. Otra recomendación principal de la CIDH fue la de exigir mayor seguridad para defensores de los derechos de los migrantes, muchos de los cuales enfrentan serias amenazas de muerte por la defensa de los indocumentados contra la delincuencia organizada y el acoso de las autoridades, como consta en las numerosas “acciones urgentes” convocadas por Amnistía Internacional México en defensa de los defensores.

Los migrantes que son víctimas de alguno de los delitos y que se atreven a denunciar ante las autoridades pronto se arrepienten de haberlo hecho, particularmente las mujeres. En general el trato que se les obsequia es de profundo desprecio y de presunción de culpabilidad. Cada vez encontramos más evidencias que las víctimas de secuestro terminan por ser acusadas de ser secuestradoras y de participar en actividades de delincuencia organizada, además el proceso de impartición de justicia es tan lento y engorroso que los que no son encarcelados, cejan de su intento y siguen su camino por la precariedad y el peligro que implica ser considerados “testigos protegidos”.

El gobierno mexicano, incapaz de garantizar el transito digno y seguro de cualquiera que pase por el territorio nacional, no ha podido o no ha querido cumplir con el mínimo requisito de identificar a los muertos. En el caso de los 72 en Tamaulipas, 13 restos fueron enviados a la fosa común sin identificación, mientras que 80 de los restos correspondientes a los 193 localizados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, también fueron enviados a la fosa común sin identificación, y en los cementerios mexicanos no se toman provisiones para una futura identificación de los que son enterrados en calidad de no identificados en las fosas comunes.

A dos años de la masacre de San Fernando, nos encontramos sin poder entregar a las familias las actas de defunción respectivas, restos, constancias de que sus parientes ya están muertos, cuando menos para que no alienten la esperanza de que aún viven y un día los encontrarán. Parece ser que ni en la muerte los migrantes y sus familiares encuentran un mínimo de justicia y paz, sin mayor trámite ni esfuerzos visibles de las

autoridades para obtener su identificación requerida y obligatoria. Vergonzosa y muy lamentablemente, pasan de las FOSAS CLANDESTINAS del crimen organizado A LAS FOSAS COMUNES de los cementerios mexicanos.

IV. Políticas Públicas de México con respecto al tema migratorio

Resaltamos que las migraciones masivas de las últimas décadas son el resultado de la aplicación de políticas económicas y sociales ordenadas por Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, todas ellas al servicio del capital financiero internacional y de las compañías trasnacionales que destruyen las economías de los países atrasados, empobreciendo a su población y forzando a una parte a migrar a los países ricos donde está a la orden del día, en todos ellos, dictar leyes que criminalizar la migración. 

La migración masiva es un fenómeno mundial que se alimenta en la desigualdad política, económica y social generada por el sistema económico/político neoliberal que ha provocado el éxodo de los pueblos, reduciendo a los seres humanos a simple mercancía.

La expulsión de migrantes de sus lugares de origen se debe a los bajos ingresos u a la ausencia del empleo y de oportunidades para su sobrevivencia. La indefensión y la extrema vulnerabilidad del migrante son la moneda de esta moderna mercadería humana.

Empresas millonarias que lucran en total impunidad a través del secuestro masivo, el reclutamiento forzado, la trata de personas y el tráfico de drogas y de órganos, fenómenos criminales donde ha quedado expuesta la política de los gobiernos de “control”, no de abatimiento de esas actividades ilícitas criminales, bien por franca complicidad, o bien por omitir políticas públicas de protección a quienes solo buscan llegar a su destino.

La desigualdad es notable en la relación entre los EUA y las naciones mesoamericanas que se ha caracterizado por la dependencia y sometimiento de los países más débiles hacia el más fuerte, que ha determinado las políticas de los Estados, tanto en las relaciones diplomáticas como en las políticas socioeconómicas y en la gobernancia de los pueblos. En el tema de la migración se observa claramente que estas políticas que se presumen bilaterales, en la práctica solo responden a un interés unilateral, es decir el del país más fuerte, los EUA y sus intereses financieros multinacionales.

A Partir de los “ataques terroristas” del 2001, la actividad legislativa de los Estados Unidos en todos los campos, pero especialmente en el tema migratorio, está determinada por lo que el Imperio considera sus “imperativos de seguridad”. De ahí que varios estados de la Unión Americana han establecido nuevas políticas de migración que obligan a las autoridades policíacas a detener a cualquier individuo “por razones de seguridad nacional”, simplemente basados en el perfil racial, y de tratar de imponer otras medidas restrictivas tales como eliminar la nacionalidad estadunidense de los niños nacidos en su territorio de padres no cudadanos, que los dueños de inmuebles verifiquen la situación migratoria de quienes pretenden rentar, eliminar el derecho a la salud y a la educación a migrantes indocumentados, etc., leyes diseñadas en el marco de la seguridad nacional pero que sus prácticas son de aplicación extraterritorial.

Y mientras que en los EUA se legisla en contra de los migrantes, los países mesoamericanos y en particular México, se comprometen con el apremio exógeno de “la seguridad regional”, suscribiendo tratados internacionales tales como el Plan Mérida, para beneficio exclusivo de la seguridad y provecho estadunidense, en los que se subraya el “control” del tránsito de la migración con destino a los Estados Unidos como parte del ASPAN, cuya verdadera intención es asegurar y apoderarse de las riquezas de México y Canadá (La jornada 07-22-02). El ASPAN, al margen del Poder Legislativo, avanza hacia la formación de un Estado supeditado a los Estados Unidos, violando la Constitución y sometiendo a la sociedad mexicana a un caos logrado con la participación del crimen organizado.

El intervencionismo estadunidense en los asuntos mexicanos se refleja contundentemente en hechos como la construcción de la base militar en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, en el Estado mexicano de Puebla, un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasaría a ser reserva militar. La presentación de este proyecto estuvo a cargo del gobernador Rafael Moreno Valle y de Keith W. Mines, director general de la Iniciativa Mérida. Aparentemente el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa en esta base, la intromisión directa de los cuerpos de seguridad estadunidenses en la “guerra” contra el crimen organizado, la venta indiscriminada de armas a la delincuencia organizada como claramente lo revelo la operación “Rápido y Furioso”, por dar algunos ejemplos.

La respuesta de México fue la de liberar a las fuerzas del orden para frenar el flujo migratorio en tránsito por nuestro territorio. Se abandonaron los principios constitucionales para responder a intereses ajenos y nocivos para nuestros connacionales que residen y trabajan en el norte. Con más de 30 millones de personas de origen mexicano en los EUA, las políticas públicas migratorias del estado mexicano en vez de ser ejemplo de conducta pública, son todo lo contrario.

Es de esta manera que México acelera políticas públicas no escritas, incrementa las detenciones y deportaciones, exige una visa de EUA para otorgar la propia a quienes quieran transitar por territorio mexicano y se liberan a las fuerzas del orden en todos sus niveles estructurales de gobierno: el ejército, la armada, y las policías federal, estatal y municipal, iniciando una especie de periodo extraordinario de cacería o de limpieza social en contra la migración en tránsito, con el aparente propósito de controlar su flujo.

Se da el caso de los alcaldes de las ciudades fronterizas mexicanas con los EUA, Tijuana, Tecate, Mexicali y Ciudad Juárez, quienes en el marco de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-EUA realizan gestiones ante las autoridades federales mexicanas y sus homólogos estadunidenses, para la repatriación directa de indocumentados a su lugar de origen, sin pasar por las ciudades fronterizas mexicanas, por ser los migrantes, según ellos, los causantes del clima de inseguridad que se vive en la frontera.

Es así que en febrero de este año la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense Janet Napolitano acordó implementar un programa piloto para deportar a mexicanos sin permiso de residencia en EUA a sus lugares de origen, en vez de dejarlos en la frontera común donde algunos son reclutados por el narco.

«Podemos conjuntamente cortar el enlace de las organizaciones criminales con sus presas y podemos y salvaremos vidas», expresó Napolitano en rueda de prensa.

El entonces presidente Felipe Calderón, alcaldes y gobernadores expresó en esa ocasión que las deportaciones a ciudades fronterizas alimentan la violencia ligada al narcotráfico que sufre México.

Estos acuerdos al margen de los Congresos mexicano y centroamericano, alimentan la criminalización de la migración y la visión de que los migrantes son una amenaza a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, lo que desalienta su atención humanitaria integral y el respeto a sus derechos humanos.

Se han denunciado consistentemente estas políticas xenófobas, los acuerdos escritos o no, y la complicidad de las autoridades de EUA, de los países mesoamericanos, y en particular las de la República Mexicana, que no sólo tiene el mayor número de expulsados de su lugares de origen, sino que hoy encabeza la lista de las naciones más sanguinarias.

La práctica de instituciones mexicanas de persecución y el maltrato a los transmigrantes son el marco de situaciones como la de San Fernando, Tamaulipas que minimizan y opacan a las políticas públicas y racistas estadunidenses, y que nos expropian la calidad moral indispensable para protestar por el trato a los nuestros.

El gobierno de México se comporta como si fuera un país receptor de migrantes y no como el país expulsor que es, demostrando que, en la práctica, la frontera sur de los EUA se ha recorrido hasta el Suchiate en aras de una falsa Seguridad Nacional. Seguridad que no es la de México, cada vez más comprometida, sino la Seguridad Nacional de su dominante vecino del norte, eliminando en aras de no importunar al imperio, la posibilidad de implementar las leyes que garanticen la “Seguridad Humana” como instrumento jurídico para alcanzar la verdadera Seguridad Nacional y frenar la imparable avalancha de muertes y desapariciones provocadas por las políticas que operan para satisfacer a los socios del norte.

La ley de Migración y su reglamento:

Es en este marco que a principios del año 2011, la Secretaría de Gobernación presentó al Senado de la República un proyecto de Ley de Migración que se acercaba peligrosamente a la tan denostada Ley Arizona. La propuesta se distanciaba de los estándares internacionales de derechos humanos, contravenía los tratados internacionales firmados por México, y mostraba una visión criminal de la migración. Este proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad aunque una buena parte de su contenido fue “reservado” por diversos senadores para su discusión posterior. Una aprobación simbólica que impugnaba lo aprobado por los propios senadores.

Académicos y especialistas en el tema migratorio, políticos y organizaciones civiles encargadas de atender a los migrantes, hicieron observaciones puntuales sobre los artículos que criminalizaban la migración indocumentada. Luego de la intervención de estos grupos en el Senado, de la presión de la opinión pública y la discusión entre los legisladores, y de un amplio e influyente cabildeo, se logró modificar el texto de la Ley en la misma mañana en que sería sometida al pleno para discutir los artículos “reservados”.

Las adiciones incluyeron la incorporación en el artículo 2 de la Ley de un decálogo de los derechos de los migrantes en México, con o sin documentos, Un tipo de Visa para VISITANTES, y también que los defensores y quienes prestan ayuda humanitaria a migrantes no puedan ser acusados de cómplices o polleros por realizar su trabajo humanitario, además que no se realizaran «revisiones migratorias» en los albergues migrante. El INAMI está vedado en los albergues.

Las partes de la Ley descartadas incluyen el borrar facultad de la Procuraduría General de la República (PGR) que por mutuo propio realizara operativos de verificación migratoria, así como la obligación del transporte terrestre de verificar el status migratorio de sus pasajeros. También se excluyó la participación de la Secretaria de Seguridad Publica, hoy eliminada por la nueva administración y sus funciones trasladadas a la poderosa Secretaría de Gobernación, en asuntos relacionados con el fenómeno migratorio, se eliminaron las multas a quienes den empleo a indocumentados, y se eliminó un artículo que facultaba al Secretario de Gobernación a inmiscuirse en asuntos operativos del INAMI.

De mayor importancia fue borrar de la Ley la obligación del Estado mexicano de “disuadir la emigración de mexicanos por canales informales y sin la debida autorización del país de destino”, lo cual significa realizar el trabajo sucio a los EUA, y se determinó la obligación de “garantizar igualdad de trato a los migrantes en el ejercicio de todos sus derechos, facilitar y garantizar su movilidad por el territorio nacional con respeto a su vida y dignidad y verlos como sujetos de desarrollo local y global, no como amenaza opeligro para las comunidades donde transitan o se asientan”. La Ley establece  claramente que de ninguna manera “una situación migratoria irregular configurará un delito”. Una ley congruente –se dijo- con lo que México reclama para sus migrantes en el exterior.

Aunque se descartaron muchas de las referencias a «seguridad nacional y fronteriza» todavía quedaron referencias dispersas en el articulado de la nueva ley, y se establece la facultad del INAMI de detener para revisión migratoria sin que haya una orden judicial de por medio, lo que consideramos flagrante violación a la libertad de tránsito y a la presunción de inocencia. Queda la referencia a que la PGR y otras instituciones pueden auxiliar “a petición del INAMI” en tareas relacionadas con el control de la migración.

En los pendientes no resueltos encontramos que no se especificó rotundamente la visa de tránsito tan presumida por los senadores y quedaron muchos detalles técnicos y de debido proceso que se deben revisar; que se mantuvieron las atribuciones anticonstitucionales a las autoridades para establecer filtros de revisión migratoria fuera de los lugares establecidos, y es también criticable que la ley no contiene mecanismos ni garantías para que el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia sean respetados.

No hay derecho a la defensa, a un defensor proporcionado por el Estado, ni se reconoce elderecho a la reparación del daño.

Los técnicos parlamentarios que trabajaron las apresuradas modificaciones durante la mañana del mismo día en que los legisladores retiraron todas las reservas y la Ley fue aprobada por unanimidad, no tuvieron el tiempo para realizar un trabajo exhaustivo, y si bien la propuesta aprobada refleja avances muy sustanciales, particularmente en el espíritu y en la doctrina legal de la misma, como fueron expresados en la propia propuesta y en los argumentos presentados por los Senadores que constan en la minuta de la sesión, estos avances no fueron cabalmente reflejados en el articulado de la propuesta de Ley, donde an aparecen algunos elementos muy negativos e imprecisiones que pueden dar lugar a que el espíritu de la Ley se frustre en su aplicación.

Reconociendo los avances, el Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria (2) declaró que quedaron importantes demandas no atendidas que configuran amenazas al respeto a los derechos humanos de los migrantes, entre otras, el considerar la migración  como un asunto de seguridad nacional y de seguridad pública.

(2) Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, formado por académicos, expertos en temas migratorios y organizaciones civiles de defensa de los migrantes, de la cual somos parte.

Después de su aprobación el 24 de febrero, del 2011, siendo la Cámara de origen el Senado, la Ley de Migración fue enviada a la Cámara de Diputados, para su análisis y aprobación en su caso. El reglamento del proceso parlamentario indica que de realizarse algún cambio, “aunque fuera solo una coma”, ésta propuesta de Ley debería regresar al Senado para revisión de cambios donde, de no haber acuerdo con los cambios efectuados por la Cámara hermana, se reinicia todo el proceso y se introduce una nueva propuesta dejando transcurrir un periodo de un año para someterla.

Esto nos llevó a la consideración de los tiempos políticos que se avecinaban. Si la ley no era aprobada en este periodo legislativo que estaba a escasos días de terminar, difícilmente se lograría después de septiembre donde las pugnas electorales contaminan todo proceso legislativo y los partidos no están en ánimo de llegar a acuerdos. Estamos convencidos que de no ser en ese momento, no se hubiera logrado una Ley de Migración sino hasta mucho después de las elecciones presidenciales.

A diferencia de muchos interesados, los activistas luchamos porque la ley fuera dictaminada  ositivamente por las Comisiones Conjuntas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia, lo que logramos con la presión ejercida por una inédita manifestación, huelga de hambre y el testimonio de los propios migrantes indocumentados que se mantuvieron en protesta ocupando el patio exterior de la Cámara de los Diputados.

Nunca antes se había realizado en México una manifestación de protesta siendo los protagonistas los propios migrantes indocumentados que partieron de Tecun Umán, Guatemala, tomaron el tren y llegaron hasta la Ciudad de México donde marcharon desde el Zócalo de la Ciudad, se establecieron en plantón y 12 de los participantes iniciaron una huelga de hambre a la entrada del Congreso de la Unión. Nunca antes los propios migrantes indocumentados habían entrado a la Cámara de Diputados a dar testimonio en voz propia ante los coordinadores-diputados de todas las bancadas de los diferentes partidos políticos, que los atendieron con atención. El impacto mediático nacional e internacional fue contundente. Los migrantes indocumentados fueron tratados en la Cámara de Diputados como huéspedes de honor, sus nombres fueron mencionados por el Presidente de la Cámara en Sesión Plenaria y fueron testigos de los posicionamientos de todos los partidos donde se votó por unanimidad favorable la nueva Ley de Migración.

El jueves 29 de marzo de 2011, la primera Ley de Migración de México, fue votada en el pleno,  probada por unanimidad, y en tribuna todos los partidos se comprometieron a trabajar en Conferencia Parlamentaria, durante el periodo de receso las reformas que hemos solicitado para tenerlas listas en  Septiembre cuando se reinicie el periodo de sesiones.

A partir de ahí, solo nos hemos enfrentado con desencantos y contratiempos: Primero el Ejecutivo Federal, evidentemente molesto por el contenido de la Ley de Migración, que a nosotros nos pareció muy poco pero a la autoridad le pareció demasiado, no promulgó la Ley sino hasta el 25 de Mayo, Después la reticencia de la Secretaría de Gobernación a presentar el proyecto de Reglamento a las organizaciones no gubernamentales, en cuya elaboración pudiéramos intervenir y subsanar las deficiencias de la Ley, y finalmente con meses de retraso, la publicación de un reglamento ambiguo, que no reglamenta y deja a discreción de la autoridad la interpretación y aplicación de la Ley de Migración.

El 18 y 19 de abril de este año, el Senado de la República con organizaciones civiles, albergues migrantes, universidades y otros convocó a un Foro sobre el Balance Legislativo en Materia de Derechos Humanos y Migración. En el cual participaron un gran número de especialistas, activistas y defensores de los derechos de los migrantes tanto de México como de los Estados Unidos en coincidencia con el juicio en la Suprema Corte de EEUU contra algunos elementos de la Ley de Arizona SB-1070.

El objetivo principal de este foro fue elaborar un balance de los avances logrados en diversos aspectos de la temática migratoria relacionada con la labor legislativa, identificar y analizar aquellos retos pendientes de atender y que constituyen la causa de que los migrantes sigan padeciendo la violación de sus Derechos Humanos por parte de algunas autoridades, y sigan siendo víctimas de la agresión física, el robo, el secuestro y hasta la muerte por la acción de la delincuencia organizada y la complicidad de agentes y funcionarios públicos corruptos.

Producto de este trabajo se emitieron dos puntos de acuerdo por unanimidad: el primero es un posicionamiento de los Senadores en apoyo de las impugnaciones en contra de la “Ley Arizona”(3) y el segundo indica varios asuntos pendientes y en síntesis solicita a los Senadores de la siguiente legislatura: Considerar, entre otras, las reformas propuestas a los artículos 25, 29, 35, 36, 43, 64, 93, 100, 109, 110, 111, 112, 144 de la ley de Migración, que buscan el reforzamiento de la protección a los derechos humanos de las personas migrantes y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración.

(3) Aunque este punto de acuerdo, por agotarse los tiempos legislativos no pudo ser sometido a votación y se envió a la Primera Comisión, parte de su contenido da cuenta clara de la posición de los Senadores en lo referente a nuestra Ley Migración que ponen de ejemplo frente a la Ley Arizona: Uno de los efectos más importantes de la nueva Ley es evitar que los migrantes deban recurrir a formas inseguras y ocultas de traslado en el territorio nacional por el temor a ser detenidos, como era la amenaza, la extorsión, el secuestro y los accidentes. Terminan así las redadas efectuadas por los cuerpos policíacos a solicitud de las autoridades migratorias nacionales.

Por otra parte el establecimiento de visas para migrantes garantiza su legalidad y se da respuesta a la solicitud de los gobiernos centroamericanos de que se documentaran los migrantes.

En resumen, México sienta un precedente importante al legislar a favor de la migración “legal”, regulando el ingreso y salida, el tránsito y estancia y respondiendo a la defensa de los derechos humanos.

Exhorta al Ejecutivo a emitir el Reglamento a la Ley de Migración y precisa los puntos irreductibles de debido proceso, asistencia a víctimas de delitos, el otorgamiento de visas, etc., donde no se viole el espíritu de la Ley en asegurar un tránsito libre de peligro, el debido proceso y los derechos humanos. Impugna severamente la actuación del Instituto Nacional de Migración e indica que hay numerosos grupos que reclaman su desaparición, y en caso de optar por reformarlo a fondo, todas las voces del Foro coincidieron en un punto: “la necesaria presencia de una representación de la sociedad civil en los órganos de asesoría y evaluación del organismo existente”.

Finalmente, se solicitó la seguridad correspondiente ante las frecuentes amenazas que en forma recurrente reciben todas aquellas personas, clérigos o civiles, que luchan cotidianamente por la protección física y la seguridad individual de los migrantes, así como por el pleno disfrute de los Derechos Humanos que otorga nuestra Constitución Política. Los participantes en el Foro acordaron solicitar al Gobierno Federal que les proporcione la protección más amplia y efectiva posible, en la forma y condición que ellos mismos consideren procedente.

En este foro fue evidente la ausencia de las autoridades de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, quienes tampoco dieron ninguna respuesta pública a los planteamientos del FORO, por lo que las organizaciones sociales interesadas, continúamos trabajando en pro de la expedición de un instrumento reglamentario a la Ley, que aclarara las ambigüedades de la Ley de Migración y fuera fiel a los conceptos vertidos por los legisladores en la exposición de motivos de la misma.

Al no ser convocados en forma directa, el 5 de septiembre de 2011, el Grupo de trabajo envió una carta a la Secretaria de Gobernación donde se reclama el derecho de participar en la elaboración del Reglamento como sigue: “Hacemos referencia al artículo transitorio tercero de la Ley de Migración en el que se establece la obligación del Poder Ejecutivo de expedir el Reglamento de dicha Ley en un plazo de 180 días. Asimismo, al artículo segundo de la misma Ley en el que se establece que para la elaboración de la política migratoria sedeberán recoger diferentes demandas y posicionamientos, incluyendo los de las

organizaciones de la sociedad civil. Así como al derecho que tenemos de participar en la elaboración del marco normativo y la obligación del Estado Mexicano de escuchar las diferentes posturas para su desarrollo.

Al respecto, reiteramos nuestro interés de participar en el desarrollo del Reglamento de la Ley de Migración con propuestas generales y específicas elaboradas a partir de nuestra experiencia en el tema migratorio y del trabajo directo con esta población. Propuestas que puedan ser discutidas, junto con otras, en un mecanismo de diálogo y debate amplio y con lineamientos claros de participación, retroalimentación y rendición de cuentas”.

La Secretaría de Gobernación mantuvo ajenos en la elaboración del Reglamento, tanto a otros poderes del estado como a las organizaciones de la sociedad civil. A puerta cerrada elaboraron el Reglamento, quizá con la visión de la Seguridad Nacional que siempre cuestionamos y que hoy por el trabajo de INSYDE el IFAI determinó que toda la información referente a los motivos por los cuales la migración es tema de seguridad nacional se deben hacer públicos.

La Secretaría de Gobernación, contraviniendo el artículo segundo de la propia Ley que determina que el Ejecutivo debe recoger el posicionamiento y demandas de los otros, entrego a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER,

para su revisión y posterior publicación. COFEMER, por su parte, rechazo la propuesta de la Secretaría de Gobernación con argumentos de excesiva discrecionalidad, es decir no fijaba tiempos, lugares, responsables, etc. que la razón de ser de los instrumentos reglamentarios.

Finalmente la Secretaría de Gobernación reenvió el reglamento a COFEMER con mínimas modificaciones de fondo y ahí fue aprobado y publicado el 29 de Septiembre del 2012, para la entrada en vigencia total de la Ley de Migración.

Las dudas en la implementación de la Ley y de su cumplimiento son muchas en este escenario: un estado incapaz de garantizar la vida y seguridad de su propia población ¿lo hará con los migrantes? El negocio de miles de millones de pesos que deja su extorsión por el crimen organizado y las propias autoridades, la corrupción y la impunidad de los crímenes contra ellos, además de la presión del gobierno de los EUA para que México continúe sirviéndole de filtro a la migración, y en fin, la escomposición de las instituciones del régimen que harán que los adelantos obtenidos queden –por ahora- solo en el papel.

Demandas actuales y urgentes que requieren la intervención inmediata del Senado de la República por ser la Cámara de Origen de la Ley de Migración:

A continuación planteamos los asuntos que consideramos de urgente y obvia resolución.

1. REFORMAR: Efectuar las reformas propuestas a los artículos 25, 29, 35, 36, 43, 64, 93, 100, 109, 110, 111, 112, 144 de la ley de Migración, que buscan el reforzamiento de la protección a los derechos humanos de las personas migrantes y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Existen de hecho, una serie de propuestas redactadas para limpiar defectos de la ley original como de capítulos y artículos que mejorarían su contenido y visión de una política migratoria de estado. Reformar la Ley de Migración fue compromiso explicito tanto de diputados como de senadores como se puede verificar en las minutas de las sesiones plenarias en las que se aprobó la Ley de Migración en ambas cámaras.

2. LITIGAR: Es evidente que el titular que dejó el Poder Ejecutivo el 1º. de diciembre pasado, en lo referente a la Ley de Migración, contravino la voluntad del Poder Legislativo. De hecho, a través del Reglamento se está legislando al desactivar aspectos torales de la Ley de Migración, la disputa entre dos poderes es motivo para la promoción de una Controversia Constitucional en contra el Reglamento de la Ley de Migración. Promover este litigio es facultad del Congreso de la Unión dado que la decisión de uno de los poderes de la unión revierte el espíritu de la ley demanada del legislativo.

3. ELIMINAR: Es cada vez más urgente atender el clamor de los migrantes, de sus defensores y ahora de organismos nacionales e internacionales, que exigen que se sustituyan las visas para los centroamericanos (4) por algún tipo de documento que permita identificar a la persona así como sus entradas y salidas, o en su defecto, promover la SUPRESIÓN DE VISAS A CENTROAMERICANOS, para evitar su vulnerabilidad jurídica y social en México y que sean rehenes de autoridades y de miembros del crimen organizado. Los países Centroamericanos no piden otro documento a los mexicanos que los visitan más que un pasaporte válido, mientras que México le niega la visa. Ningún migrante pobre puede conseguir normalmente una visa mexicana. Los requisitos son inalcanzables para poblaciones vulnerables.

Si por imperativos exógenos se decide que esto no es viable, entonces se deben modificar los requisitos y reglamentar una subcategoriza de la visa de visitante a fin de documentar a la indocumentación y eliminar el principal incentivo de la extorsión, los secuestros y la muerte en la ruta migratoria.

4 Dic 9, 2012 -La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al gobierno de México analizar en forma exhaustiva e integral, la viabilidad de eliminar el requisito de visa a ciudadanos de Salvador, Guatemala y Honduras que buscan ingresar al país.

José Antonio Araníbar Quiroga, representante del organismo en México, dijo que este análisis se debe hacer a la luz del compromiso 30 del Pacto por México, firmado por el presidente Enrique Peña y líderes del PRI, PAN y PRD.

“La decisión de eliminar o no la petición de visas a ciudadanos de Salvador Guatemala y Honduras para su ingreso a México se ubica en un contexto nacional y en una coyuntura a la luz del Pacto por México”, dijo. Recordó el texto del citado acuerdo que a la letra dice: “Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano, por lo tanto se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país”.

http://www.razon.com.mx/spip.php?article151190

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4. ATENDER: El tema de la inviabilidad del INM debe ser estudiado a profundidad y en forma urgente. Bien sea que se opte por su desaparición, como ha sido recurrentemente planteado por quienes han constatado una rampante corrupción a todos sus niveles o que se opte por una reforma. Se debe plantear la autonomía del INM ante la concentración de poderes policiacos en la Secretaría de Gobernación, a fin de desvincularlo de las acciones policiacas y profesionalizarlo en la temática de la movilidad humana y de sus necesidades transversales con toda la estructura del Estado Mexicano.

23 de diciembre de 2012

ATENTAMENTE:

MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO:  Marta Sánchez Soler, Coordinadora y Directora Ejecutiva

COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DEL NOROESTE, A.C.:Raúl Ramírez Baena, Presidente y Director Ejecutivo.

Domicilio postal: Calle Gran Lago Baljash No. 767, Col. Jardines del Lago, Mexicali, Baja California, México, C.P. 21330  Tels. +52 (686) 838 7057; (686) 172 7956  Correo electrónico: ccdhbc@yahoo.com.mx, ccdhnor@gmail.com

RED del Movimiento Migrante Mesoamericano, Elvira Arellano, Talía Vázquez, Rubén Figueroa, José Jacques, Marta Sánchez Soler, Adriana Luna Parra, James Crockcroft; Albergue para personas Migrantes “La 72” Fray Tomás González; Las Patronas, Veracruz; Albergue Hogar de la Misericordia, Heyman Vázquez; Nuestros Lazos de Sangre, Luis Ángel Nieto; Albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde; Albergue San José de Huehuetoca. Ustedes somos Nosotros, Colectivo Vía Clandestina, Cultura Migrante, Prami-Ibero, Soy Migrante; Las Patronas, Norma Romero; La Familia Latina Unida, Emma Lozano, Walter Coleman; Promoción del Desarrollo Popular, Luis Lopezllera, Cristina Lavalle; Alianza Braceros del Norte, Rosa Martha Zarate; Red Migrante, José Carmona.

El MMM forma parte del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, (México), de MIREDES, INTERNATIONAL (Centro y Sud América), y de la INTERNATIONAL MIGRANTS ALLIANCE, IMA (USA, Asia-Pacifico, Europa) Dirección Postal: Gabriel Mancera 1817 #201, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México, DF 03100  M3nonovamos@aol.com mafesaja@aol.com +52 (55) 5435 2637

NOTA: Las organizaciones firmantes del presente Informe Sombra, damos nuestra anuencia para que su contenido pueda ser colocado en el sitio web del CED.