El deber del Estado mexicano de garantizar la seguridad de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

PBI celebra los recientes avances en el establecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Éste es un importante reconocimiento del grave riesgo que enfrentan ambas poblaciones debido a su labor, y del trabajo que realizan en favor de la promoción y vigencia de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Brigada Internacional por la Paz (PBI) México

Además, cabe resaltar que es el resultado del esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil mexicana.

El cambio político actual en México plantea sin embargo nuevos retos para la continuidad y el fortalecimiento de este instrumento. El diálogo y la participación de la sociedad civil han sido claves en la propuesta, elaboración y aplicación del Mecanismo de Protección y ésta es una buena oportunidad para dar estabilidad y mantener las buenas experiencias del proceso.

Durante más de 10 años de presencia permanente en el país, PBI ha sido testigo de la situación de riesgo e inseguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil mexicana y los organismos internacionales han trabajado por dar visibilidad a esta realidad, pero siguen reportando amenazas, hostigamientos, uso arbitrario del sistema penal, asesinatos y desapariciones, en un contexto de violencia y de falta de reconocimiento del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos y periodistas.

Según el informe publicado por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, en 2011 hubo al menos 209 violaciones de los derechos humanos de personas defensoras. Artículo 19 registró hasta 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa durante el mismo período.

Desde 2010, PBI ha acompañado, junto a otras organizaciones internacionales, al Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil en el proceso de creación del Mecanismo de Protección. Tras años de trabajo intenso, el pasado mes de noviembre se instaló oficialmente la Junta de Gobierno del Mecanismo.

La iniciativa, impulsada por éstas organizaciones de la sociedad civil, responde a la grave situación de riesgo de las y los defensores y periodistas en México.

La Ley para la Protección, aprobada por unanimidad por el Congreso mexicano el 30 de abril de 2012, brinda un marco legal al Mecanismo y responde así a la recomendación de la Relatora Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Además, asegura la participación de organizaciones de la sociedad civil en la implementación y la toma de decisiones a través del Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno. Con la participación del beneficiario o la beneficiaria en la definición de las medidas de protección, el Mecanismo garantiza una respuesta más adecuada respuesta a su situación de riesgo.

La Declaración sobre defensoras y defensores establece que los Estados tienen la responsabilidad de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. La creación del Mecanismo de Protección es es solo una primera fase en el cumplimiento de su deber en este sentido. Corresponde al gobierno mexicano priorizar la implementación cabal de este Mecanismo de Protección y para ello es fundamental:

  • Reconocer públicamente el importante papel que juegan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, la situación de riesgo que viven debido a sus labores, y la responsabilidad del gobierno federal de protegerles a través del Mecanismo de Protección;
  • Garantizar la continuidad del Mecanismo de Protección en la nueva administración;
  • Abrir los canales de comunicación y mantener el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil mexicana en la implementación del Mecanismo de Protección;
  • Asegurar los recursos necesarios – humanos y financieros – para la aplicación efectiva del Mecanismo de Protección, así como la voluntad política para su efecto, – y publicar los documentos finales – Reglamentos y Protocolos – y crear las instancias pendientes – Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis – para la efectiva implementación del mecanismo.