Acusan limitaciones en la Comisión Nacional Anticorrupción para resolver un problema tan complejo

La corrupción es un asunto complejo que requiere una reflexión integral y un debate público plural, vigoroso e informado.

Las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios parten de una concepción restringida de la corrupción, ya que principalmente se enfocan en atender los síntomas pero no las causas.

Es indispensable crear un sistema de sanciones y de incentivos dirigido por un tribunal independiente al Poder Ejecutivo.

Itzi Salgado / Fundar

Treinta organizaciones de la sociedad civil (OSC) y miembros de la academia firmaron un posicionamiento frente al compromiso 85 del llamado Pacto por México, mismo que guarda relación con las iniciativas presentadas por las fracciones del PRI, PVEM y PRD.

Dichos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de crear un órgano institucional encargado de combatir la corrupción; sin embargo, sus iniciativas parten de una concepción restringida de la corrupción que principalmente se enfoca en atender los síntomas del fenómeno pero no las causas.

El compromiso 85 del Pacto establece que mediante una reforma constitucional se conforme una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación y sanción administrativa contra la corrupción.

Para las organizaciones firmantes, es imprescindible la inclusión de la participación ciudadana informada en el proceso legislativo como instrumento para lograr mejores decisiones, mejores políticas públicas y mejor control y evaluación de los procesos.

La participación de amplios sectores de la población en las discusiones públicas es poderosa en tanto logra clarificar la diversidad de perspectivas e intereses, visibilizar el contexto, sensibilizar a los tomadores de decisiones, y crear las condiciones necesarias para que las políticas públicas tengan mayor arraigo entre la sociedad.

En el posicionamiento se subraya que “las definiciones sobre corrupción en las iniciativas son limitadas y expresan una aproximación a la corrupción sólo como un problema financiero o presupuestal. Aspectos como el abuso de autoridad, la compra, coacción y coerción del voto o el cohecho para el acceso a programas sociales quedan fuera de tal definición”.

La creación de una institución para combatir la corrupción sin atender los graves problemas de fragmentación del sistema de rendición de cuentas mexicano únicamente incrementa el riesgo de profundizar la desarticulación existente.

Dicho de otra forma, las propuestas planteadas no atienden al problema sistémico.

Otra ausencia significativa en las iniciativas es el enfoque de derechos humanos sobre el problema de la corrupción.  Este enfoque aseguraría la participación de la sociedad en el proceso de investigación y sanción de actos corruptos, permitiría la protección de las y los denunciantes y prevería mecanismos para resarcir las afectaciones patrimoniales, personales y en general los daños que los actos corruptos ocasionen.

Las iniciativas esbozan problemas de centralización del poder en una sola entidad y ponen en riesgo el precario equilibrio de controles y contrapesos tanto entre poderes como entre la federación y los estados.

Su evidente función persecutoria sin tomar en cuenta la importancia de acciones preventivas participa de una visión limitada del combate a la corrupción y conlleva el riesgo de transformarse en un órgano punitivo y policíaco con vínculos directos al Poder Ejecutivo.

Por último, las OSC e integrantes de la academia, señalan que en lugar de crear nuevas instituciones, el camino debe iniciar en fortalecer, definir y ampliar las facultades de organismos como la ASF, los órganos de control interno y las fiscalías ya existentes; implementar diversas medidas previstas en los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano; reformar el marco jurídico y crear un sistema de sanciones o de incentivos asentado en el debido proceso, dirigido por un tribunal independiente del Poder Ejecutivo, que garantice el sistema de responsabilidades públicas que está en la base de la rendición de cuentas.