Libertad con el respeto al derecho ajeno es la paz

A contrapelo por acá por Juárez, el año pasado, un grupo de manifestantes pintó unas cruces en un banco con pintura vegetal para rendir homenaje a unos ciudadanos que habían sido asesinados en ese crucero, y les cayó la “tormenta del desierto” de apellido Leyzaola. Detuvieron a 30, los esposaron, los llevaron a un terreno baldío, los ancaron en el suelo por más de dos horas, los golpearon cuando estaban esposados, se ensañaron con algunos de ellos y luego acusaron a un joven de traer un costal de mariguana, pero advirtieron que en los videos lo arrestan sin costal y entonces cambiaron la versión para consignarle un paquete que cupiera en una bolsa del pantalón.

 Gustavo De la Rosa Hickerson* / Sin embargo.mx

Al fin una resolución: sólo 14 eran presuntamente pandilleros organizados para causar destrozos intencionalmente el 1 de diciembre. Los otros 45 eran manifestantes que fueron detenidos como delfines curiosos que se acercan a las redes de la pesca del atún en Baja California.

No es mala la resolución a simple vista. Ha enseñado más que las 600 mil capacitaciones que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que los derechos humanos se viven, no se platican; las autoridades deben aprender a respetarlos y los ciudadanos a ejercerlos.

Claro que necesario el deslinde de responsabilidades, los videos que hemos visto todos los mexicanos interesados en el asunto nos dicen que hubo muchas y diversas actitudes de ambos lados durante la represión a la manifestación.

Algunas son simplemente hechos nacidos de las circunstancias del momento, son riesgos naturales de ser manifestante y de ser policía, pero otros hechos de uno y otro lado son francamente acciones delictivas que se deben sancionar. Por eso las evidencias que consideró la Juez para dictar los autos de formal prisión, deben ser expuestas con toda transparencia a la ciudadanía por todos los medios posibles y permitir que se haga un análisis caso por caso de los 14 procesados.

No puede quedar detenido ningún ciudadano que no tenga evidencias contundentes de su participación, este auto de formal prisión debe irse directo a sentencia.

Lo que está en juego es un bien mayor que el valor de los vidrios rotos y las acciones vandálicas contra la Alameda: lo que está en juego es la libertad y el respeto al derecho ajeno para vivir en paz.

Si los defeños logran pasar esta prueba de ácido sobre esta gran contradicción dialéctica de libertad y respeto, y lo establecemos como una tradición jurídica y cultural en el país, de verdad estamos entrando a un México nuevo, y nada tiene de malo que los jueces decidan con certidumbre y consideración por los puestos a su disposición.

Si tenemos la convicción todos los mexicanos de que esas 14 personas realmente realizaron las conductas tipificadas como pandillerismo de alto riesgo, reconoceremos la valía de los tribunales tan maltratados por los poderes ejecutivos del país, que todavía no se enteran de que los jueces deben resolver bajo absoluta independencia y criterio jurisdiccional.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó aprehensiones ilícitas, golpes y torturas contra manifestantes del primero de diciembre.

Pero falta la otra cara de la moneda. También vimos como los policías actuaron y hay algunas imágenes verdaderamente acusatorias. Esos policías también deben ser llevados ante la justicia  ¡y ya!, no sea que se vayan a ir a vivir a Tamaulipas y no podamos extraditarlos a México.

Igual que los 45 jóvenes liberados, la mayoría de los golpes tirados por los policías fueron al calor de la pelea, y la mayoría de las detenciones que vimos son justificadas, pero tal vez 10 ó 20 o más fueron detenciones con exceso de violencia, con ira, con ferocidad, la misma ira y ferocidad que mostraron los vándalos cuando quiebran los virios y lanzan bombas molotov contra los policías con la intención de lesionarlos gravemente.

También entre los policías hubo un grupo de vándalos con uniforme, y al parecer algunos sin uniforme, que se infiltraron para provocar el caos. En ellos se pudiera tipificar el delito de tortura, porque las agresiones desmedidas tienen un fin evidente: “castigar, sentir el placer del ejercicio del poder”, que son dos de las agravantes que transforman el delito de lesiones en tortura y ya los andamos viendo con 20 años tras las rejas en su horizonte.

Consideraciones para los que reaccionaron según las circunstancias, castigo para los que actuaron intencionalmente para hacer daño, esa es la oferta que esperamos los mexicanos de las autoridades administrativas y judiciales que atienden este asunto.

Queremos inaugurar otras relaciones entre autoridades, ciudadanos y la ley, no sólo un sexenio más. Pero para hacer verdaderamente justicia faltan los intelectuales, los organizadores en la sombra, los verdaderamente perversos.

¿Quiénes enviaron a los vándalos a irrumpir en la manifestación?, ¿quiénes infiltraron provocadores con el propósito malsano de generar el caos para romper la manifestación? Esa es la madre de todas las investigaciones y debiera estrenar las nuevas facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y /o de la Suprema Corte, porque ahí sí hay malignidad, y esos son los niveles a los que nunca se han llegado, son los niveles de la real impunidad, y si otra vez la clase política se vuelve a proteger entre ella, el gran avance que se anuncia tendrá muy poco impacto.

Hay países que por menos de esto han obligado a renunciar a un gobernador o incluso un Presidente o primer ministro, y en México estamos batallando para enjuiciar al policía o al porro, no puede ser que nos hagamos tontos, “hay una mano que mece la cuna” o tal vez son varias esas manos. Bueno sería ver rodar algunas figuras de alto nivel que hayan participado o permitido estas barbaridades.

Teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, jefe de la Policía Municipal en Ciudad Juárez, ha sido acusado en instancias nacionales e internacionales de múltiples violaciones a los derechos humanos.

A contrapelo por acá por Juárez, el año pasado, un grupo de manifestantes pintó unas cruces en un banco con pintura vegetal para rendir homenaje a unos ciudadanos que habían sido asesinados en ese crucero, y les cayó la “tormenta del desierto” de apellido Leyzaola. Detuvieron a 30, los esposaron, los llevaron a un terreno baldío, los ancaron en el suelo por más de dos horas, los golpearon cuando estaban esposados, se ensañaron con algunos de ellos y luego acusaron a un joven de traer un costal de mariguana, pero advirtieron que en los videos lo arrestan sin costal y entonces cambiaron la versión para consignarle un paquete que cupiera en una bolsa del pantalón.

Sólo se consignaron a los detenidos ciudadanos y a los policías que cometieron semejantes abusos ni siquiera se ha molestado con llamarlos a declarar.

Debe haber más de 250 denuncias contra la Policía Municipal, y nadie es llamado a rendir su versión de los hechos. No queda otra alternativa que acudir a la Corte Internacional a enjuiciar al Teniente Coronel por delitos de lesa humanidad.

Parece que nuestros gobernantes no tienen memoria, la sentencia del campo algodonero es una vergüenza que cae sobre nuestras autoridades y el máximo responsable, Patricio Martínez, es senador por el estado, y también durante su administración se consolidó el cártel del estado de Chihuahua, mal llamado de Juárez. Así es como nuestros gobernantes manchan el buen nombre  de nuestra ciudad (no puede haber mejor nombre en México que el de Juárez). Por eso estamos atentos al desarrollo de los hechos en esa capital.

Artículo publicado originalmente en http://www.sinembargo.mx/opinion/11-12-2012/11197.
*Gustavo De la Rosa Hickerson. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez