Convocan a la ciudadanía a defender los derechos ciudadanos y a vigilar la gestión de los gobiernos en México

Alianza Cívica

Alianza Cívica convoca a continuar vigilando la gestión de gobierno, de los partidos políticos, la transparencia y legalidad de los procesos electorales e impulsar la reforma política necesaria para lograr la gobernanza democrática en nuestro país.

Como estrategia central impulsará procesos de educación cívica basados en los derechos humanos,  para lograr una participación informada, activa, crítica y propositiva.

Expone los déficits que deberá atender el nuevo gobierno.

Esta a favor de las manifestaciones pacíficas ciudadanas por lo que rechazamos que se criminalice la participación ciudadana y,

Hace un llamado a los partidos políticos para que  respeten la voz de la ciudadanía que dicen representar;  ningún pacto será legitimo sin la inclusión de la participación ciudadana.

I. Antecedentes.

En 1994, año de graves acontecimientos en México, más de 400 organizaciones civiles con decenas  de miles de ciudadanos y ciudadanas se aglutinaron en la Alianza Cívica Nacional, con el fin de contribuir a la reducción de la inequidad y de las trampas electorales que habían permitido, durante 65 años, la hegemonía de un partido de rasgos autoritarios que imponía a sus candidatos a puestos de elección popular, que se perpetuaba en el poder y propiciaba un presidencialismo avasallante por medio de un complejo dispositivo de imposición y continuo fraude electoral.

En la plaza pública y en escuelas, calles, mercados, fábricas, oficinas, parques y campos agrícolas, Alianza Cívica comenzó a convocar a la ciudadanía a transparentar la caja negra de los procesos electorales mexicanos. Una caja negra que permitía la compra y coacción del voto y el manejo de los medios de comunicación a favor de  los candidatos oficiales y en contra de cualquier otra propuesta ciudadana. El llamado de Alianza Cívica convocó a cientos de miles de ciudadanos/as que soñábamos otro México, un país donde el voto contara, se contara y fuera libre, donde hubiera instituciones electorales autónomas garantes de los derechos constitucionales, como cimientos para construir una patria incluyente, soberana, generadora de empleo digno. Después de observaciones electorales en 12 estados y en el proceso comicial de 1994 en todo el país, con una amplísima participación de la ciudadanía, apoyamos una reforma política que impulsara la equidad y el sufragio genuinamente libre y secreto.

Con el impulso de organizaciones plurales, dentro y fuera de Alianza Cívica, se acordó la Reforma Política de 1996, que generó un Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadanizado y autónomo, así como un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concebido desde entonces como el garante constitucional de elecciones libres, auténticas y periódicas, en los términos que señala la Constitución.

II. Las elecciones de 2012.

En los comicios federales de 2012, esas dos instituciones electorales que tanto costó construir, el IFE y el TEPJF, se vieron ineficaces y protectoras de la inequidad y la impunidad, igual que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Esas instituciones vieron casi impasibles cómo la equidad era dinamitada por el gasto excesivo del PRI y por una enorme operación de compra de sufragios. Con una sentencia vergonzosa, el TEPJF convalidó una victoria ilegal e inconstitucional, a pesar de que el proceso electoral no cumplía con principios constitucionales que son imprescindibles para considerar libre y auténtica una elección. El tribunal incumplió de ese modo su deber de “garantizar que los comicios se ajusten no solamente a los principios de legalidad sino también a los de constitucionalidad”, como lo señala el propio Tribunal en su sentencia (SUP-JIN-359/2012, página 57).

La compra y coacción del voto, una ilegalidad que Alianza Cívica ha denunciado reiteradamente, rebasó los límites de comicios anteriores y se erigió en uno de los principales factores del triunfo del candidato priista, también postulado por el PVEM. Como lo informó en julio de 2012, Alianza Cívica documentó ese hecho mediante un estudio que involucró a 500 observadores-encuestadores en 21 estados del país, donde fueron entrevistados 3,158 ciudadanos. Destacan tres resultados en ese ejercicio democrático:

1. En 26.44% de las casillas observadas, no se respetó la secrecía del voto. La presión fue a favor del PRI-PVEM en 71%, 17% a favor del PAN, 9% a favor del PRD, y 3% a favor del Panal.
2. Hubo acarreo de votantes en el 12.14% de las casillas observadas.
3. El 28.3% de los ciudadanos estuvieron y/o conocieron a alguien que estuvo expuesto a por lo menos una práctica de compra y coacción del voto.

Ese rebase, la compra y coacción del voto y la insatisfactoria actuación del IFE y el TEPJF ensombrecieron la victoria de Enrique Peña Nieto, cuya presidencia  adolece de   un  grave déficit de legitimidad.

III. Once deberes del nuevo gobierno.

Como Alianza Cívica no puede sustraerse del estado de derecho, se sitúa frente a esa realidad y declara que el nuevo gobierno tiene ante sí al menos diez déficits apremiantes a atender/solucionar, que se anotan a continuación:

1. Enrique Peña Nieto, debe cumplir escrupulosamente, siempre y sin excusa lo que juró al tomar posesión: “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”.

2. Debe revisar la política de seguridad de su antecesor y no empeñarse en una guerra contra el narcotráfico que ha fracasado y que ha costado sangre que según analistas serios y defensores de derechos humanos son mas de 100 mil muertos, 25 mil  desaparecidos, y la  inseguridad y violencia en que padecemos la mayoría de la sociedad mexicana. Se requiere reencauzar la lucha y focalizarla contra el poder económico de la delincuencia organizada y, lo más importante, considerar con seriedad la regulación de la producción, comercio y consumo de las drogas, comenzando por la mariguana.

3. Debe emprender un combate serio y valeroso contra la corrupción y replantear  su iniciativa –presentada por conducto del grupo parlamentario del PRI- sobre la instauración de una Comisión Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Alianza Cívica opina que lo conveniente es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de autonomía constitucional y de mayores atribuciones, así como fortalecer los organismos autónomos.

4. El nuevo gobierno debe diseñar mecanismos para terminar con los monopolios. Los medios electrónicos deben sujetarse a una regulación que privilegie los intereses sociales y no los particulares. Los monopolios económicos deben pagar los impuestos que les corresponden para lo cual se necesita una reforma fiscal  en serio y y evitar que en los ámbitos administrativos y legislativos los regulados capturen las instancias que deben regularlos.

5. Debe diseñar y aplicar con rigor controles que eviten el endeudamiento excesivo de estados y municipios. Esto no sería interferir autonomías sino vigilar el uso adecuado de los recursos que aporta el pueblo de México. Experiencias como la de Coahuila, que han asombrado y herido a la nación, no deben repetirse más.

6. Debe evitarse lesionar aún más la economía popular -mediante la fácil vía de aumentar impuestos- y no centrar la mirada sólo en la macroeconomía cuya estabilidad no es completa si no se refleja en la reducción de la pobreza y en un aumento real del empleo y del bienestar de la población. la reciente reforma laboral  en detrimento de los derechos de los trabajadores debe anularse y respetar y garantizar sus derechos  constitucionales.

7. Los bienes de la nación, como el petróleo, deben permanecer con ese carácter. Es necesario desarrollar políticas que preserven las riquezas naturales,  la deforestación incesante y la contaminación de las aguas fluviales, marinas, lacustres y freáticas, deben cesar.

8. Es menester renunciar a pretensiones autoritarias y privilegiar el diálogo como requisito indispensable para la solución de conflictos y controversias. Se precisa, asimismo, dar garantías a los defensores de derechos humanos y ambientalistas para el desarrollo de su actividad.

9. La mujer, los niños, niñas, jóvenes y los ancianos deben tener atención prioritaria en el sexenio que se inicia, pero no con la errónea caracterización de “grupos vulnerables”, sino como núcleos con los mismos derechos que otros grupos poblacionales. Los ninis deben desaparecer porque nadie debe carecer de empleo o universidad.

10. El nuevo gobierno debe impulsar reformas constitucionales y legales en materia electoral que eviten vicios y excesos como los observados en la elección de 2012. Los presupuestos del IFE y de los partidos políticos deben ser devueltos a un cauce de racionalidad, que hoy está desbordado.

11. El nuevo gobierno debe promover e impulsar, además de la Reforma Política, la promoción de la participación ciudadana mediante la inclusión en la Constitución y su correspondiente regulación de los instrumentos que le garanticen la participación vinculante (plebiscito, referendo, iniciativa popular, etc.)  para que en el país se logre un estado de Gobernanza democrática.

IV. Llamado a la ciudadanía

Alianza Cívica Nacional, animada por su historia de lucha por condiciones equitativas para ejercer la ciudadanía y siguiendo el ejemplo de  millones de ciudadanos y ciudadanas para exigir que se respete la legalidad;   de cientos de miles de jóvenes que con valor, inteligencia e imaginación creadora, luchan por el derecho a la información, a la justicia, a que se escuche la voz de las víctimas y en contra de la impunidad; volvemos a convocar a la ciudadanía a defender con renovada energía los derechos ciudadanos, a analizar colectivamente el comportamiento reciente de las instituciones públicas y a elaborar una estrategia nacional basada en la educación cívica y en los derechos humanos, , para construir nuevamente un movimiento que junto con muchas otras organizaciones, pueda contar con las  alternativas y la fuerza ética y social necesaria para no permitir que en los procesos electorales sea el dinero quien imponga representantes a puestos públicos, y se siga excluyendo del bienestar a grandes mayorías. Como ciudadanas y ciudadanos no debemos permitir que se criminalice la participación ciudadana ni que la violencia y la represión se instalen como una expresión de control gubernamental.

Hacemos un llamado a los partidos políticos para que  respeten la voz de la ciudadanía que dicen representar;  ningún pacto será legitimo sin la inclusión de la participación ciudadana.

La Alianza Cívica Nacional llama a toda la ciudadanía y se articulará con otras iniciativas ciudadanas, para  promover un movimiento que democratice los medios de comunicación, termine con los privilegios ,exija rendición de cuentas a los gobernantes y a los partidos políticos, y elabore y construya simultáneamente la fuerza necesaria para llevar adelante una profunda reforma política, económica y social de nuestro país.

Video Conferencia de Prensa: “Posicionamiento de Alianza Cívica ante el nuevo gobierno”