Crimen impune; el doble homicidio de los líderes barzonistas

A un mes del doble homicidio de los líderes de El Barzón de Chihuahua, Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, activistas sociales que luchaban en contra del uso ilegal del agua en la cuenca del Río del Carmen y en contra de la empresa minera canadiense MAG Silver que violentaba las leyes agrarias y ambientales, el crimen continúa impune. 

El Barzón / A los cuatro vientos

El Barzón, denunció que a la fecha no se encuentra ninguna persona detenida, ni como autor material o intelectual de estos hechos considerados por los campesinos chihuahuenses como un crimen de estado.

A continuación, el comunicado de prensa de El Barzón:

Desde el pasado 22 de octubre, cuando manos criminales perpetraron el asesinato de los líderes barzonistas, la principal demanda de nuestro movimiento ha sido el castigo a los responsables.

En relación a las demandas hechas por el Movimiento encabezado por el Barzón desde el mes de junio del 2012, por la Defensa del desierto Chihuahuense y en contra de la minería tóxica, que demanda la clausura de aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del rio del Carmen, queremos informar a la opinión publica y a los medios de comunicación que apenas el 15 de noviembre se iniciaron los trabajos para abrir el cauce del Río el Carmen con la inhabilitación de obras que se utilizaban para el aprovechamiento ilegal de aguas superficiales en los municipios de Riva Palacio y Namiquipa, por parte de  la Comisión Nacional del Agua en coordinación con el gobierno del estado, a la fecha a pesar de que ya estamos en la época de cosecha no se ha reiniciado el operativo de clausura de pozos ilegales.

En el tema de la empresa minera MAG Silver, que realizaba trabajos de exploración en el ejido Benito Juárez, violentando las leyes agrarias y ambientales: compra ilegal de derechos de uso común, falsificación de actas de asamblea, falta de permiso de la asamblea general de ejidatarios, violaciones a la ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, incumplimiento de la norma oficial mexicana 120 SEMARNAT 2011.

El sábado 17 de noviembre, se celebró por tercera ocasión,  una asamblea en primera convocatoria en el ejido Benito Juárez,  el único punto de discusión  fue el permiso que solicita la empresa minera para continuar con sus trabajos de exploración en la tierra propiedad de los ejidatarios de Benito Juárez. A esta asamblea asistieron 240 ejidatarios de los 403 que lo conforman; en la misma, por decisión unánime, los ejidatarios decidieron establecer una moratoria a la actividad minera en el ejido por 100 años y por lo tanto, no dar el permiso a la compañía minera Cascabel, subsidiaria de MAG Silver, para continuar con sus trabajos de exploración, permiso que por ley necesita.

Del mismo modo se le dieron 48 horas para que sacara la maquinaria, equipos y materiales de los terrenos ejidales. Esta asamblea fue presidida por representantes de la Procuraduría Agraria en el Estado, el director de Gobernación estatal y por un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes dieron fe de los acuerdos que se tomaron.

En este último mes hemos vuelto a constatar la omisión en la aplicación de las leyes agrarias y ambientales por parte de las autoridades federales (SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, RAN, Procuraduría Agraria, CFE) lo que ha permitido por un lado la proliferación de pozos ilegales y aprovechamientos irregulares de agua superficial, la apertura de tierras agrícolas sin el cambio de uso de suelo correspondiente que han desmontado miles de hectáreas del desierto chihuahuense poniendo en riesgo la sustentabilidad de la vida en el Estado, así como empresas mineras extranjeras que violentan las leyes mexicanas.

Protesta realizada por los barzonistas en Palacio de Gobierno de Chihuahua, por el asesinato de sus líderes Isamel Solorio y Manuelita Solis

Después del homicidio de nuestros compañeros, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, exigieron de forma unánime, el castigo a los responsables materiales e intelectuales, el deslinde de la responsabilidad de funcionarios de  dependencias federales involucradas en la problemática ambiental y agraria, y  la atención inmediata para aplicar las leyes y resolver las irregularidades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio entrada a las quejas por el uso ilegal del agua en la cuenca del Río del Carmen y por la violación a las leyes mexicanas por parte de la empresa canadiense MAG Silver.

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los dirigentes y activistas del Barzón para exigir al gobierno la protección a su integridad y la solución del problema que originó el conflicto.

Por lo anterior exigimos:

1.      Al Congreso de la Unión y en especial a los Senadores por el estado de Chihuahua, el seguimiento para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el poder legislativo.

2.      A la CNDH,  la resolución a las quejas interpuestas y solicitamos a los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales en el país que le den seguimiento.

3.      A los organismos del estado mexicano,  el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

4.      A la Fiscalía General del Estado,  la investigación que de con la detención y castigo de los responsables materiales e intelectuales de los homicidios.

5.      A las dependencias federales responsables la aplicación expedita de las leyes ambientales y agrarias para solucionar los conflictos del agua y de la minería.

6.      A los gobiernos federal y estatal para que coadyuven en la aplicación irrestricta de los acuerdos tomados por la asamblea general de ejidatarios.

7.      Al gobierno federal y estatal,  no permitan que las empresas extranjeras violen las disposiciones legales en materia ambiental y agraria impidiendo que provoquen conflictos al interior de las comunidades para lograr sus fines de extracción de los recursos naturales, patrimonio de los mexicanos.

Noviembre 22 del 2012