Error pedir que el Ejército realice funciones de seguridad pública en Ensenada

A dos años de la gestión de Enrique Pelayo Torres al frente del Vigésimo Ayuntamiento de Ensenada, es preocupante que éste reconozca que su cuerpo policiaco de carácter preventivo se ha visto rebasado por la delincuencia común, sentenció el Sub Procurador de los Derechos Humanos, biólogo Arturo Ruiz Contreras.

Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California

Agregó que sería muy positivo que el edil estableciera acuerdos con la Policía Estatal Preventiva y que ambas corporaciones policiales establecieran acciones de carácter preventivo en áreas en donde la delincuencia común se ha incrementado.

“Pero pedir que el Ejército sea quien se encargue de la seguridad pública en Ensenada, implica el reconocimiento pleno por parte del alcalde, de que el municipio no puede con esa función que la constitución le confiere”, agregó.

Ruiz Contreras agregó: “Seguiré manifestando que el Ejército Mexicano tiene otras funciones de gran relevancia y que no debe ser usado en actividades de carácter policiaco, menos de carácter preventivo”.

Y dijo: “Recordemos además que en este sexenio la violencia en las calles se disparo de forma alarmante y esto fue a consecuencia de que (Felipe) Calderón, como Jefe del Ejecutivo Federal, asumió el combate a la delincuencia como razón de Estado, haciendo uso del Ejercito para combatir al crimen organizado, lo que tuvo como una de sus consecuencias la diversificación de la violencia.”

El subprocurador de los derechos humanos consideró que “se tiene que reconocer que existe una crisis de seguridad pública y que esta se sustenta en factores de carácter social tales como la marginación, la pobreza, el desempleo y el aumento en el consumo de drogas. Estos factores han influido de forma determinante en la desintegración del tejido social y en el incremento de delitos comunes, sobre todo de carácter patrimonial”.

Ruiz Contreras dijo que se debe reconocer además que el uso del Ejercito implicó el involucramiento de militares en el crimen organizado y que no ha tenido los resultados esperados.

“Ahí está la gran cantidad de reportes de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de militares en contra de ciudadanos, y ahí están las 95 mil víctimas que arrojó esta estrategia militarizada de combate al crimen y a la delincuencia”.

Agregó: “Seguiré insistiendo en que para combatir la criminalidad y la delincuencia común es fundamental atacar los problemas y desesperanza que genera la pobreza, ya que de acuerdo a cifras de la CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en el país hay 40.3 millones de personas pobres y 11.7 millones viven en la pobreza extrema.

“Además, el deterioro acumulado del poder adquisitivo del salario es de 76%; 21 millones de trabajadores viven en la marginalidad laboral; cuatro millones de empleados no reciben prestaciones sociales; siete millones reciben cuando mucho un salario mínimo; mientras que 11 millones perciben apenas dos salarios mínimos.

“En este escenario debe reconocerse que la pobreza es un caldo de cultivo para actos delictivos”.

Por último, el humanista declaró: “Creo que el Presidente Pelayo debería de ponerse al frente de los ensenadenses para exigir más recursos a la federación y al estado, orientado ese dinero a promover el desarrollo social. También focalizar a la policía municipal en zonas conflictivas, establecer acciones coordinadas con otros cuerpos policiacos y no pedir que el ejército patrulle las calle”.