Ejidatarios chihuahuenses expulsan a minera canadiense de sus tierras.


No más. El ultimátum es tajante: 48 horas tiene la empresa minera canadiense Mag Silver y Majors y su filial mexicana Cascabel, para retirar la maquinaria, equipo y personal que se encuentre dentro del territorio del Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura en Chihuahua, México.

Olga Alicia Aragón Castillo

 Por unanimidad y en honor de los defensores de derechos humanos ambientales y líderes campesinos del Barzón,  Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solis Contreras, asesinados el pasado 22 de octubre, 240 ejidatarios y ejidatarias, con un quórum legal del 57 por ciento, dijeron “¡No a la mina!”

El acta de asamblea del 17 de noviembre de 2012, inscrita en el Registro Agrario Nacional que finalizó a las 14:00 horas, quedará en los anales de la historia de esta comunidad y del pueblo mexicano, debido a que con una votación del 100 % de los presentes, se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Restringir a la empresa el Cascabel o Mag Silver y cualquiera otra empresa minera por un periodo de 100 años para realizar exploración y explotación minera.

2.- En caso de que en el futuro se presente una nueva solicitud al ejido de Benito Juarez para realizar exploración y/o explotación minera, se deberá contar con los estudios, permisos y autorizaciones correspondientes y aprobarse por unanimidad de votos de la asamblea.

3.- Se establece un plazo de 48 horas, a partir de la  presente asamblea, para que la empresa minera El Cascabel, Mag Silver y Majors retiren del Ejido Benito Juárez toda la  maquinaria, equipo y materiales, así como todo el personal que tenga dentro de las tierras ejidales, o de lo contrario se procederá a un desalojo por la vía legal.

4.- No se permitirá más a la empresa el uso de la servidumbre de paso en las tierras ejidales.

5.-No autorizar a la empresa El Cascabel, Mag Silver o Majors y/o sus filiales la exploración y explotación minera.

“Esta valiente y firme decisión de la comunidad”, enfatizó El Barzón-Chihuahua en comunicado de prensa «es la base para enfrentar cualquier intento de la minera por presionar legal, para-legal o ilegalmente para extraer la riqueza minera del ejido Benito Juárez, Municipio de Buenaventura. Al mismo tiempo, constituye un llamado de esperanza a las comunidades que a lo largo de todo México y América Latina se enfrentan a la voracidad del extractivismo de las compañías trasnacionales, ávidas de materias primas y recursos naturales”.

Organizaciones sociales como El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), pequeños propietarios de Villa Ahumada y autoridades ejidales de varias comunidades aledañas acudieron como testigos de calidad a La Asamblea Ejidal de Benito Juárez.

Ejidatarios chihuahuenses expulsan a minera canadiense de sus tierras. Desde el exterior del recinto en que fue celebrada la asamblea, se ubicaron las y los testigos para hacer un cerco de solidaridad; escucharon el pase de lista cuyo quórum legal daría legitimidad a la asamblea, y al nombrar a Ismael Solorio Urrutia, con los ojos arrasados por las lágrimas hombres y mujeres corearon ¡Presente!

 Por primera vez se pudo realizar la asamblea en su convocatoria inicial, contando con la participación de numerosas mujeres ejidatarias. Al comenzar la reunión se guardó un minuto de silencio en honor de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, asesinados el pasado 22 de octubre por su lucha en defensa del territorio, el medio ambiente y el agua a que la comunidad tiene derecho.

En un ambiente que al inicio estuvo marcado por la tensión, después por la firmeza y la dignidad de la postura comunitaria, se hizo patente el rechazo unánime a la mina, situación que pudieron atestiguar el visitador especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien se trasladó especialmente para presenciar esta asamblea; el Director de Gobernación del Gobierno del Estado, Wilfrido Campbell Saavedra; el ingeniero Carmelo Rodríguez Mendoza, jefe de Residencia en Chihuahua de la Procuraduría Agraria; el ingeniero Mario Alberto Arzaga Estrada, jefe del Departamento Operativo de la Procuraduría Agraria, así como las y los defensores de derechos humanos que acudieron a brindar solidaridad al pueblo.

Previamente a la asamblea ejidal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) les hizo saber a los ejidatarios, por medio del oficio UCPAST/Eu/12/1307, que la minera El Cascabel no tiene permiso alguno de trabajar en el ejido Benito Juárez.

Con esta decisión irrevocable se da fin a un conflicto que inició en agosto pasado entre ejidatarios y comuneros en esos predios.

Al concluir la asamblea, los ejidatarios reiteraron su exigencia de que no queden impunes los asesinatos de sus líderes Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís Contreras. Señalaron que una de las líneas de investigación de este doble crimen tiene sustento precisamente en el conflicto contra la empresa minera, porque ilegalmente inició operaciones en los terrenos del ejido a pesar de que la oposición de los campesinos debido a que la explotación minera realizada mediante lixiviación significa la sobreexplotación de los mantos acuíferos y alta contaminación de la tierra