Los Derechos Humanos en Baja California: Un recuento desde la sociedad civil

Promover y defender los derechos humanos en Baja California desde la sociedad civil, es algo parecido a lo que hacían aquellos predicadores bíblicos a quienes nadie les hacía caso, pero que aún así seguían en su empeño.

Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos

Por ello, recibir un reconocimiento por una organización civil de derechos humanos, por su trayectoria y trabajo desarrollado a lo largo de los años, sin duda es motivo de orgullo. Pero también es un llamado de atención a los gobernantes, porque ello nos habla de que hay violaciones a los derechos humanos que la sociedad civil atiende de manera emergente, además, en condiciones adversas.

El Reconocimiento Tata Vasco otorgado hoy a la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste por el Sistema Universitario Jesuita, más que una celebración, es una invitación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Baja California para que orienten su atención en garantizar y respetar los derechos de la población, tal y como lo dictan los principios plasmados en la Carta Magna y en los tratados internacionales.

A pesar de los grandes avances legislativos, particularmente en el año 2011, tal parece que hoy vivimos en el país una democracia de papel en donde las leyes son letra muerta y las instituciones encargadas de hacer valer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales no cumplen con las funciones para las cuales fueron creadas, que es hacer valer el Estado Social y Democrático de Derecho.

Hay dos visiones de la realidad nacional: la visión oficial y la de una sociedad civil consciente, crítica y activa que acusa la dura realidad social; igualmente, hay dos lenguajes: el lenguaje oficial y el de la violencia, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos, la simulación, la corrupción y la impunidad. A pesar del advenimiento de un nuevo gobierno, nada apunta hoy a la esperanza de un cambio estructural en la voluntad política de los gobernantes y en el futuro del país.

En los temas de Seguridad Pública y Justicia, todo se inclina hacia un lado: autoridades empeñadas en presentar estadísticas y cuentas alegres, amparadas en una opinión pública sumida en el miedo a la violencia y al cambio, confundida y desinformada, que en Baja

California aún cae en la trampa del discurso falaz de que “derechos humanos defiende delincuentes”, visión que las autoridades no se comprometen a trascender.

¿Cómo es posible que se hable de democracia y Estado de Derecho cuando existen actos sistemáticos y generalizados de detenciones arbitrarias, allanamientos, cateos, tortura, incomunicación, desapariciones, violaciones a la presunción de inocencia; pobreza, subempleo y otros actos y omisiones cometidos y toleradas por las autoridades?

Es lamentable que Baja California entre en la estadística negra de las principales entidades del país donde se cometen sistemáticos actos de TORTURA, sin que exista autoridad administrativa y jurisdiccional que la prevenga y la sancione; práctica que en lo que va de la actual administración federal ha crecido más del 500 por ciento en todo el país, según la CNDH, primordialmente por actos cometidos por las fuerzas armadas y por policías federales y estatales. Ello, a pesar de los argumentos del gobierno mexicano rendidos recientemente ante el Comité contra la Tortura de la ONU, intentando explicar “los avances” en la materia, justificando las supuestas “medidas adoptadas contra la tortura”.

Habría que recordar que la Seguridad y la Justicia son también derechos humanos. Por ello, las corrientes mundiales incorporan a la práctica policial el modelo de Seguridad Ciudadana, que coloca en el centro de atención a la persona, su dignidad y sus derechos, como preámbulo de la Seguridad Humana. Es por ello que para democratizar la Seguridad y la Justicia, es primordial su desmilitarización.

Baja California se encuentra muy lejos de una Reforma Policial Democrática. Por el contrario, lo que hay son estrategias punitivas pragmáticas y reactivas que responden más a motivaciones políticas que a la prevención del delito y la manutención del orden público y la paz social. La discriminación oficial afectan los derechos de personas pertenecientes a los grupos vulnerables, en particular de adictos, migrantes, jóvenes, trabajadores pauperizados, trabajadoras sexuales y personas de la diversidad sexual.

Llegamos al punto en que no sabemos si las personas detenidas y presentadas ante los medios son culpables o son “chivos expiatorios”, cuyos derechos son violados para salvar el prestigio de las autoridades, algunos de ellos víctimas del inconstitucional arraigo que en desafortunado momento aprobó el Congreso con el aval de las legislaturas locales.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal lejos está aún de ser asimilado como un compromiso de Estado, no de gobierno, en el que no se sigan reproduciendo los viejos vicios y se repartan las plazas como “cuotas de poder”. Esto seguirá así mientras la justicia no se democratice mediante un sistema transparente de rendición de cuentas como antídoto contra la impunidad, teniendo como protagonista principal a la sociedad civil.

En tanto, si con el mismo énfasis que se combate al crimen y la delincuencia se persiguiera a las autoridades violadoras de los derechos humanos, otro país seríamos. Son contadas las sentencias de servidores públicos responsables de violaciones graves a los derechos humanos, tanto del fuero civil como del fuero militar.

No existe discurso, ley, promesa ni acción oficial que acalle el sufrimiento extremo, el dolor y la esperanza de familiares y víctimas de la violencia criminal y de la violencia institucional, traducida ésta en desaparición forzada de personas, secuestro, tortura y ejecuciones perpetradas por las fuerzas del Estado, por acción, omisión o aquiescencia.

Por otro lado, es increíble que siendo Baja California una entidad forjada por inmigrantes provenientes de todo el país, no existan en la región políticas públicas que resuelvan integralmente la crisis humanitaria que sufren hoy las y los migrantes, sean personas provenientes del sur o expulsadas de los EUA.

Hoy, el perfil de la migración ha cambiado drásticamente; ya no son sólo factores económicos por atender, sino también a migrantes víctimas de la delincuencia organizada, de las políticas xenofóbicas de los EUA y del abuso policial, que coloca a este sector en situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, en lugar de protegerlos de abusos y delitos, son vistos por autoridades y empresarios como un “problema”, criminalizándolos como responsables de la inseguridad, por lo tanto, sujetos de discriminación y represión oficial.

En tanto, las comunidades indígenas autóctonas de la entidad tal parece que están condenadas a la extinción, sus lenguas, sus tradiciones y sus costumbres, sin que las autoridades desplieguen políticas públicas integrales de protección y preservación de sus culturas. Como si fueran extranjeros en su tierra a la que llegaron miles de años antes que nosotros, las comunidades indígenas nativas son abandonadas a su suerte ante el despojo y la explotación de que son víctimas por particulares.

A pesar de ello, resalta la ejemplar lucha del Pueblo Indígena Cucapá que se niega a morir, confrontado contra toda la fuerza de las autoridades federales ambientales y de pesca que le niegan sus más elementales derechos, a pesar del derecho constitucional e internacional que los ampara.

No es menor la explotación que sufren a manos de los rancheros modernos los jornaleros agrícolas provenientes del sur, sus mujeres e hijos menores, que laboran en las tierras productivas de Baja California. Para ellos no hay esperanza, no hay futuro, no hay desarrollo; son sólo mano de obra barata desechable y útil para generar riqueza.

Congruente con los estándares internacionales, los derechos de las mujeres en la región han tenido un avance significativo en los últimos años, con el advenimiento de leyes y políticas oficiales más protectoras y equitativa. Pero como todo, en los hechos la realidad es bien diferente. El dominio de las ideas conservadoras impide a las mujeres sacudirse la violencia y la discriminación de que son víctimas en los ámbitos familiar, social y oficial. Aún no pueden decidir sobre su propio cuerpo so pena de ser criminalizadas, aún son excluidas de los puestos de primer nivel y aún son sobre-explotadas por la industria maquiladora y por los tratantes y traficantes, por mencionar sólo algunos atavismos.

Otros sectores vulnerables de la población, como son las personas de la diversidad sexual, sufren de graves actos de violencia institucional y social, violando el principio constitucional que prohíbe la discriminación en México. Este sector vulnerable de la sociedad bajacaliforniana, al igual que el de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas enfermas de VIH-Sida y otros, no gozan plenamente de todos los derechos que ampara nuestra Carta Magna, relegándolos a ser ciudadanos de segunda.

En tanto, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son rehenes de las prácticas corporativas y clientelares de los gobernantes y de las fuerzas políticas. La pobreza se administra en aras de comprar la voluntad de los electores mientras crecen los niveles de marginación y pobreza, ignorando las autoridades los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos.

En los terrenos educativo y laboral domina la tendencia a la privatización, que impone el concepto de “competitividad” para elevar la “productividad” de las empresas, en lugar de ofrecer educación integral y de calidad, plena ocupación laboral con salarios dignos y la satisfacción del derecho a la seguridad social y al bienestar de las y los trabajadores y sus familiares.

Con universidades públicas cuyas autoridades reprimen la crítica y la universalidad de las ideas, que se desentienden de la falta de acceso a la educación superior, del bajo nivel de aprovechamiento académico, del subempleo y el desempleo, y que “administran” la oferta educativa a las necesidades del mercado y no de las personas para seguir subsidiando al capital, es obvio que México no podrá avanzar en su desarrollo.

Por todo lo anterior y más, hacemos un fraternal llamado:

AL EJERCITO MEXICANO: A cumplir su juramento, a honrar su palabra rendida ante la Constitución y los Símbolos Patrios, no a consignas políticas de gobernantes. Queremos preservar la imagen de un ejército patriótico y digno que defienda a la población de

amenazas externas naturales, que no se vuelva contra el pueblo en aras de medidas de dudosa efectividad, y que refrende su vocación y origen popular y revolucionario.

Nuestras fuerzas armadas y sus mandos deben recuperar la autoridad moral y el respeto que la población ha tenido de ellas a lo largo de la historia, que en los últimos años se ha deteriorado. Queremos ver a soldados y marinos amigos y no enemigos, a soldados protectores, no torturadores; a soldados en los cuarteles y en labores de ayuda humanitaria y social, no a violadores de los derechos humanos; a un ejército que se ajuste estrictamente a los términos del fuero militar que acotan la Carta Magna y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009 sobre el caso Rosendo Rodilla.

Las fuerzas armadas tienen ante si el reto de aliarse al pueblo del cual provienen, so pena de ser juzgados en el plano nacional e internacional en un futuro no muy lejano, por los graves excesos en que han incurrido en los últimos años.

A LAS Y LOS LEGISLADORES Y GOBERNANTES PRESENTES Y FUTUROS: A abandonar los “usos y costumbres” de la partidocracia mexicana, que ha dado al traste con las aspiraciones de democracia y de justicia de la sociedad mexicana, desde hace varios años. Los procesos electorales han perdido su esencia y razón de ser.

No podemos seguir con la toma de decisiones oficiales basadas en las “cuotas de poder” y en la simulación de los procesos democráticos, sea para la aprobación de leyes, para la elección o para el nombramiento de funcionarios. Tal parece que para ser funcionario no es necesario tener capacidades, sino ser miembro del partido en el poder, práctica que se vuelve ominosa tratándose de integrantes del Poder Judicial, del órgano electoral o del ombudsman, por la delicada naturaleza de sus funciones; los partidos políticos se convierten más en agencia de colocación que en expresiones de la diversidad ideológica.

Los legisladores, más que representantes populares, salvo honrosas excepciones, terminan por someterse al gobernante en turno, a los caciques políticos y a los poderes fácticos, no a sus representados, prácticas que frenan el desarrollo económico, político y social de la nación.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Decía Ryszard Kapuscinsky (1932-2007) que “cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”; y que “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos”.

La prensa puede contribuir eficazmente al debate sobre el papel de los derechos humanos en una sociedad democrática. Pero para cumplir con este principio, las y los periodistas

deben asumir una actitud ética, por un lado, para proteger sus derechos laborales y sociales y, por otro, para defender la libertad de expresión y el derecho a la información.

Es lamentable observar que aún existe la desafortunada práctica del “sobre” para comprar la voluntad y la conciencia de periodistas. Más aún, es imprescindible regular la práctica de condicionar los contenidos editoriales a los intereses políticos de funcionarios que utilizan criterios inequitativos y discrecionales en la distribución de los presupuestos de comunicación social. Las y los periodistas, que se convierten más bien en “comisionistas” reproductores de la ideología dominante, no deben ser cómplices de tal simulación.

Los derechos humanos no son sólo la CNDH y PDH ni los casos dignos de ser publicados en la sección policíaca. Los derechos humanos son temas que hoy están en el primer plano de la agenda nacional e internacional, pudiendo ser tratado como tema de investigación periodística, no sólo para obtener “la nota”, reproducir los boletines oficiales o para realizar entrevistas a personalidades. Crear la “fuente de derechos humanos” sin duda contribuirá a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

Invitamos fraternalmente a los medios de comunicación, prensa, radio y televisión a abrir, en la pluralidad de las ideas, espacios editoriales al campo de los derechos humanos, y a no prestarse a la recurrente y sistemática violación del derecho a la presunción de inocencia de las personas detenidas y presentadas a la opinión pública por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya que con ello se sentencia de facto a los detenidos aún sin haberse iniciado el proceso penal. Los medios pueden ser eficaces interlocutores entre el gobierno, la sociedad y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como un mecanismo de equilibrio y balance democrático entre las desproporcionadas fuerzas políticas, económicas y sociales.

AL SECTOR EMPRESARIAL: En innegable que el modelo globalizado actual de economía de mercado da prioridad al capital por sobre la persona humana; por ende, el sector empresarial, como ningún otro, ha tomado en serio su papel protagónico en la defensa de sus intereses.

Ello hace que los dirigentes empresariales sean hoy los interlocutores privilegiados de los medios de comunicación, principalmente en temas económicos, políticos, de seguridad y de justicia, posicionándose en los principales programas y espacios noticiosos, editoriales y de opinión en prensa, radio y televisión, orientando la opinión pública a su visión y necesidades particulares como ideología dominante.

Habría que recordar a la cúpula empresarial que la Empresa Socialmente Responsable, se refiere a aquellas empresas privadas que cumplen con un conjunto de normas y principios

éticos vinculados con la realidad social, económica y ambiental, basados en valores que les ayudan a ser más productivas y a la vez comprometidas con sus trabajadores y con las comunidades, mediante su contribución activa y voluntaria al mejoramiento social.

Más allá del lucro e incluso de las valiosas contribuciones filantrópicas que hacen, una Empresa Socialmente Responsable establece como principales estándares en su cultura organizacional la ética, la moral y todo lo que se refiere a los principios como son, precisamente, los derechos humanos.

Es preocupante cuando los dirigentes empresariales resaltan y premian las medidas de fuerza adoptadas por las autoridades civiles y militares para combatir la inseguridad y el crimen, sin importar que se cometan graves violaciones a los derechos civiles, se rompa el orden constitucional y sin abordar el origen estructural de la inseguridad, en el cual ellos tienen buena parte de responsabilidad.

EN CONCLUSIÓN  las cosas no pueden seguir como hasta hoy, a riesgo de que el país y el Estado se sumerjan en la ingobernabilidad, o peor aún, en el autoritarismo. Urge entonces a la nación un Nuevo Pacto Social. México necesita hoy más que nunca voltear la mirada hacia el humanismo y transitar de la Cultura de la Violencia a la Cultura de la Paz, so pena de perder la esperanza en un futuro mejor.

* Presidente y Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. Discurso pronunciado en la recepción del Reconocimiento Tata Vasco 2012, UIA Campus Tijuana.