“Levanta” la CIDH medidas cautelares para desplazados triquis y mixtecos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó el “levantamiento” de las medidas cautelares que emitió para los 77 desplazados triquis de Valle del Río San Pedro y de alrededor de mil habitantes mixtecos de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Agencia Apro

Así lo dio a conocer la comisionada de derechos humanos del gobierno del estado de Oaxaca, Eréndira Cruz Villegas, después de asistir a la reunión de trabajo en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unido.

Agregó que, debido a su alto grado de complejidad, el caso que sigue pendiente es el de los 135 triquis desplazados de San Juan Copala.

La comisionada dijo que debido al avance registrado sobre estos casos, la CIDH manifestó su reconocimiento al gobierno del estado, a tal grado que es posible que para el próximo año visite la entidad el secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza para que conozca el contexto y las complejidades.

Cruz Villegas afirmó que en el caso de Valle del Río, los peticionarios asesorados por el coordinador Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, solicitaron formalmente levantar las medidas cautelares al acordar que se les dotará de un espacio dónde podrán vivir y garantizar su seguridad.

En cuanto al caso relativo a Zimatlán de Lázaro Cárdenas, las autoridades de San Sebastián Nopalera ya anunciaron públicamente su voluntad para firmar un acuerdo de paz, lo que permite también levantar la medida cautelar, explicó Cruz Villegas.

El caso que sigue pendiente por su complejidad es el de San Juan Copala porque los beneficiarios se encuentran en Sonora, Estados Unidos, Oaxaca y el Distrito Federal; además, hay partes encontradas, existe una parte con un beneficio directo de atención concreta con el gobierno del estado y otros se niegan a ser atendidos.

La reunión de trabajo se realizó el pasado 3 de noviembre durante el 146 periodo de sesiones la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los casos a tratar fue el seguimiento a las medidas cautelares otorgada por la CIDH entre los representantes de los desplazados internos Triquis (MC-60-12) y de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla de Guerrero, Oaxaca (MC-102-2010), así como al peticionario (Cedhapi) con el gobierno federal y estatal.